Un grupo de vecinos y la Liga de Fomento de José Ignacio (en calidad de “tercero coadyuvante”) plantearon una acción de nulidad contra una resolución de la Intendencia de Maldonado (IDM) que concedió excepciones a la normativa para la construcción de un hotel de campo promovido por el empresario argentino Diego Filkenstein en La Juanita.
La demanda presentada ante el Tribunal de lo Contencioso Administrativo (TCA) va en contra de la resolución 611/2024, dictada por Enrique Antía el 23 de enero de este año. Previamente, los ediles oficialistas votaron en la Junta Departamental de Maldonado la viabilidad del proyecto, con lo cual el promotor de la iniciativa quedó habilitado a gestionarla ante el Ministerio de Ambiente. Esa resolución del legislativo departamental también fue impugnada por los vecinos.
En el escrito de casi 60 páginas, al que accedió la diaria, el Grupo de Vecinos Autoconvocados de La Juanita –integrado por propietarios de inmuebles en la zona– sostiene que “la normativa nacional se ve violentada” por el mencionado acto administrativo de la IDM, que “pretende conferir por vía de excepción un uso residencial” al padrón costero 20.638.
Explican y fundamentan que, de acuerdo con el Plan Local Entre Lagunas y las directrices nacionales y departamentales de ordenamiento territorial, el terreno está categorizado “como rural, lo cual lo excluye de todo proceso de urbanización, de fraccionamiento con propósito residencial”.
También advierten que, en segundo término, el padrón está categorizado como “rural natural, lo que implica mantener el medio natural, la biodiversidad, proteger el paisaje u otros valores patrimoniales, ambientales o espaciales”.
Asimismo, indican que el predio está “sometido a una servidumbre administrativa que no puede ser derogada por un acto administrativo que sólo procura el beneficio exclusivo de una empresa particular”.
Una resolución “viciada” y “atentatoria contra el medioambiente”
Por lo expuesto, entienden que la resolución impugnada se encuentra “viciada” porque fue dictada “en clara violación a las reglas de derecho y/o con desviación, abuso y/o exceso de poder”. Esa “ilicitud”, acotan, “lesiona el interés directo, personal y legítimo” de los vecinos inmediatos y viola el derecho al cumplimiento de los mandatos legales que protegen los bienes comunes”.
Los impugnantes también consideran que la autorización de la construcción es “atentatoria contra el medioambiente, su conservación y la disponibilidad, uso y acceso al mismo” y “justifica plenamente” la existencia de un amplio conjunto de personas que verán afectados sus derechos ambientales y sus intereses calificados con relación al goce del mismo.
Isidoro Felcman, vocero del grupo vecinal que desde el verano pasado se moviliza en contra del proyecto, dijo a la diaria que la acción de nulidad es “un hito fundamental” en la lucha desarrollada en defensa de las dunas del balneario, aunque entiende que el proceso puede demorar varios años.
Asimismo, destacó el convenio de asistencia técnica que la organización vecinal firmó meses atrás con expertos del Centro Universitario Regional Este para evaluar las acciones que impidan la consolidación del proyecto.
Durante el proceso de aprobación del gobierno departamental, el intendente Antía sostuvo que la Liga de Fomento avalaba el proyecto, lo cual fue desmentido por la institución.
Paralelamente, la Red Unión de la Costa se expidió en contra de las excepciones y los operadores inmobiliarios de José Ignacio firmaron una “carta compromiso” con el ambiente y rechazaron las excepciones a la normativa promovidas por la IDM en esa zona.