Cuatro nuevos fraccionamientos, tres con su Programa de Actuación Integrada (PAI) en proceso de aprobación, se aglutinan en Piriápolis a unas cuadras de la ruta 37, entre los barrios Pueblo Obrero y La Cascada, según los planos disponibles en la web de la Intendencia de Maldonado (IDM). Las urbanizaciones denominadas Zeballos, Piria, Pueblo Obrero y Entre Cerros (el único con PAI aprobado) tienen una característica en común: se proyectan sobre predios arenosos, salpicados por vegetación –mayormente exótica, aunque también nativa– y surcados por una cañada que es parte de la cuenca del arroyo La Cascada.
Algunos proyectos comparten, además, la consultora encargada de los estudios técnicos de cada PAI, una herramienta que exige la Ley de Ordenamiento Territorial para categorizar un suelo rural como urbano o suburbano y así construir viviendas en régimen de propiedad horizontal o de fraccionamiento para centros poblados. Todos juntos, suman presión a un área en la que no existe un plan de ordenamiento territorial, y eso tiene en vilo a las organizaciones sociales de la zona, como se leerá.
El viernes 8 tendrá lugar en el Argentino Hotel de Piriápolis la audiencia pública sobre el PAI Zeballos, el más pequeño de todos, con una superficie de 4,2 hectáreas ubicadas a unas cuatro cuadras de la ruta 37. El desarrollo inmobiliario prevé construcciones tanto en régimen de propiedad horizontal como en régimen de fraccionamiento para centros poblados. Implica el desarrollo de un sector con 48 lotes de 500 y 700 metros cuadrados, más dos lotes de 4.223 metros cuadrados cada uno; uno de estos se destinará a viviendas de interés social y el otro quedará como espacio libre cedido a la Intendencia de Maldonado (IDM), de acuerdo con lo establecido en el artículo 38 de la Ley 18.308, señala el expediente.
Déborah Díaz, integrante de Naturalmente Piriápolis y de la Red Ambiental Piriápolis y Alrededores (APA), ha destinado largas horas a leer los seis informes del proyecto que figuran en la web de la IDM. Su intención –dijo a la diaria– es preparar un resumen para presentar a la Red APA y definir si lo llevan a la audiencia pública. También pretende que ese resumen sea “lo más claro posible” para que numerosos vecinos, que no tienen tiempo o no saben analizar los alcances del proyecto, lleguen medianamente informados a esa instancia.
Según la ley, cada persona interesada en participar debe inscribirse en la media hora previa a la audiencia; en tal caso, contarán con cinco minutos, prorrogables por tres más, para hacer una presentación oral. Por otra parte, las instituciones u organizaciones contarán con un tiempo límite de 20 minutos y deben coordinar sus presentaciones con la Dirección General de Urbanismo de la IDM. Díaz señaló que las organizaciones de la zona están “superadas” por la cantidad de proyectos urbanísticos para analizar; si bien cuentan con la asesoría de abogados ambientalistas y personas idóneas para interpretar la información, la amplia mayoría de los integrantes tiene dificultades para comprender cómo pueden impactar esas urbanizaciones en la zona que habitan.
“Es complejo chequear mapas y portales oficiales para determinar si la información que presentan los desarrollistas es real, como en el PAI Zeballos, cuyo informe ambiental no marca la existencia de una cascada que atraviesa la urbanización”, dijo a modo de ejemplo. Este punto es importante, porque allí hay un área de “fragilidad ecosistémica” que quedaría como espacio libre, pero, al mismo tiempo, se proyecta una avenida y un parque lineal de manera difusa. “No parece estar claro cómo será y faltan datos específicos”, advirtió, tan preocupada como confiada en seguir despejando dudas con sus compañeros de la Red APA antes de la audiencia.
A su juicio, “lo importante es que la gente vaya, aunque no haya leído los informes”, porque en esa instancia “se van a enterar de cuál es el futuro de su entorno”. “No hay que tener miedo a participar. Es ir, escuchar, preguntar y también reclamar”, también con el conocimiento que tienen como vecinos del lugar.
Más que un proyecto, preocupa el conjunto
Díaz entiende que los proyectistas presentan fraccionamientos separados –aunque sean linderos– para “minimizar el impacto” que tendría un gran fraccionamiento único. “Si se suman los que ya están en proceso, son un montón de hectáreas afectadas que no tienen planificación territorial sostenible. Piriápolis no tiene un plan de ordenamiento territorial, está estancado en la IDM, aunque hace años que lo reclamamos desde las organizaciones. Entonces, es como hacer una raviolera sobre lo que haya”, graficó. El efecto acumulativo de varias urbanizaciones es lo que debería llamar la atención al momento de aprobarlos, reafirmó.
“Entre todos, suman caminería, retiran vegetación, construyen sobre el suelo arenoso y terminan volviéndolo impermeable”, enumeró Díaz para describir algo muy similar a lo que ocurre con la explosiva urbanización de la cuenca de la laguna del Diario. “No hay absorción del agua y todo, también la contaminación, va a dar a cañadas conectadas con la cuenca del arroyo La Cascada, o del arroyo Zanja Onda en el caso del PAI Piria”, cuestionó la activista.
Los proyectos de urbanización se acumulan “sin tener en consideración parches de corredores biológicos, alguna medida de sostenibilidad sobre el tipo de impermeabilización o sobre el tipo de construcción”, agrega. Por otra parte, los desarrollistas proponen medidas de mitigación, pero ninguna es parte de “un plan profundo, ni se contemplan aspectos patrimoniales y naturales. Para planificar el crecimiento urbano urge un plan de ordenamiento territorial; mientras esto no se logre, seguiremos con proyecciones urbanísticas improvisadas”, vaticinó Díaz.
Estos temas fueron motivo de conversación en dos reuniones que la Red APA logró, recientemente, con la Dirección de Medio Ambiente de la IDM. Un aspecto a tener en cuenta, en este contexto, es que el intendente electo, Miguel Abella, ha marcado el ordenamiento territorial como uno de los ejes de su gobierno y que anunció la creación de una comisión interpartidaria para trabajar en esa línea. Sin embargo, las zonas que requieren ordenamiento territorial en todo el departamento son muchas, y mientras no se aprueben esas herramientas, las urbanizaciones siguen y seguirán creciendo.
En torno a la ruta 37 los vecinos observan entradas abiertas hacia los fraccionamientos, calles y conexiones pluviales ya delineadas, antes de que las urbanizaciones sean autorizadas. “Nada está aprobado, pero los proyectistas ya están encaminados”, lamentó Díaz.