“Los niños no se tocan”, dice la hoja A4 que Clara intervino con marcadores de muchos colores y ahora expone en la concentración convocada por el Colectivo 8M Maldonado en reclamo de presupuesto y acciones estatales contra la violencia de género, tras el filicidio de Luna Echegoyen en la capital departamental.
Clara tiene diez años y está acompañada por su padre. “Siento mucha tristeza”, dice la niña a la diaria, y cuenta que no conocía Luna, pero era amiga de su primo. Quería estar ahí, pese al frío del atardecer, parada frente al edificio rosado de la Jefatura de Policía de Maldonado. “Porque los niños no están protegidos. Nadie hace nada”, reflexiona, con la mirada perdida en otros carteles que lleva un grupo de adolescentes y veinteañeras que dicen “los niños primero siempre”, “violencia de género emergencia nacional”, “hartas”.
No hay más de 60 personas en la plaza San Fernando. Tampoco hay llantos. Sí hay silencio y un frío y una indignación que calan los huesos. Por la tragedia de Luna, por la de otros niños y niñas que también fueron víctimas mortales, por la certeza de que la adolescente ugandesa no será la última asesinada a manos de un familiar mientras no haya medidas efectivas para dar respuestas a las denuncias de violencia doméstica y mientras “el sistema” siga perdido en discursos y leyes que no se aplican.
Eso dice Emilia Abate, vocera de la Coordinadora 8M Maldonado, en la rueda de prensa. “Nos convoca acá una ausencia de distintos organismos del Estado, desde el Poder Judicial hasta el INAU [Instituto del Niño y Adolescente del Uruguay]. Ya hubo repetidos casos en los cuales el Estado estuvo omiso y, en cierto punto, condenó a que pasen estas cosas habiendo políticas y medidas para que no sucedan”.
En Maldonado estas situaciones “se vienen dando muy repetidas veces, con chicas muy jóvenes, y es un deber del Estado proteger a las infancias y a las adolescencias”, remarca Emilia, antes de exigir que “se creen más políticas para proteger a las niñeces y que se ejerzan como corresponde en lugar de esperar a lo peor para tomar postura” y lamentarse.
“El Estado era responsable de la vida de Luna”
“Hoy es Luna, mañana puede ser otra niña”, comenta Beatriz Jaurena, exedila del Partido por la Victoria del Pueblo y activista por los Derechos Humanos. Ella y Silvana Ruggieri, otra militante del Frente Amplio y, además, integrante de la Coordinadora 8M, son las únicas mujeres políticas en la concentración. No hay ediles ni edilas, ni diputados o diputadas, ni jerarcas de organismo alguno.
“Es importante que el tema de la violencia se tome como una emergencia nacional, como ya lo hemos planteado. En Maldonado hubo varios casos, ahora le tocó a Luna, una niña, y el Estado estuvo ausente”, dice Jaurena como mujer política. “No tenemos presupuestos necesarios para llevar adelante las políticas públicas que garanticen la seguridad a las mujeres y a las niñas. En ese sentido, estamos reclamando que el Estado se haga cargo cuando, además, era responsable por la vida de Luna”, agrega.
Jaurena entiende que el camino para encontrar soluciones pasa por el Estado y también por la sociedad, que “debe involucrarse y denunciar cuando hay casos de abuso y de violencia”. Por un lado, considera que “a veces la burocracia nos termina matando. Se da muchas vueltas y no se actúa con la rapidez necesaria. Este hombre [el asesino de Luna, José María Echegoyen] no tenía tobillera, aunque ya había sido denunciado. Si no se atiende de forma integral cada caso, van pasando de un organismo a otro, y cuando llegas al final, pasa lo que pasó”.
Asimismo, considera que una de las formas en que la sociedad puede intervenir es manifestarse. Participar de las concentraciones, de las movilizaciones. “Afortunadamente, hay muchas mujeres jóvenes que están trabajando en esto y moviéndose junto a sus pares. La presión social implica salir a la calle. Exigirles a nuestros legisladoras y legisladores que se den los presupuestos necesarios es importantísimo”, expresa.
Tras las declaraciones a la prensa, los manifestantes toman las calles céntricas de Maldonado y aplauden mientras caminan hacia la sede de la dirección departamental del INAU. Aunque no hay inspectores para canalizar el tránsito y se generan pequeños embotellamientos, ningún conductor apura con bocinas o se impacienta. Esperan en silencio a que pase la columna, mayormente integrada por mujeres, en silencio total.
En la sede del INAU, ubicada frente a la Junta Departamental de Maldonado, desaparecen las pocas personas que minutos antes de la llegada de la marcha se veían a través de las ventanas. Casi todas las cortinas están bajas, pero eso no mengua las ganas de gritar por “justicia para Luna”. Y gritan. Y exigen acciones a las autoridades del INAU para que no haya más Lunas.
Hay cánticos feministas, hay un minuto de silencio. Hay disposición a posar para las cámaras frente a la institución. Luego, las jóvenes se disipan. Han dejado sus carteles en las escalinatas del INAU. Como una ofrenda para Luna, como un ayudamemoria sobre cartón para las autoridades que no quisieron verlas: “Un Estado que desprotege es un Estado cómplice”.