Maldonado cuenta con 65 establecimientos de larga estadía para personas mayores (Elepem), comúnmente llamados “residenciales” u “hogares de ancianos”. Unas 1.300 personas están institucionalizadas en todo el departamento y la demanda es creciente: cada semana se recibe una solicitud para la apertura de un nuevo establecimiento, aseguró a la diaria el director departamental de Salud, José González.
Algunos establecimientos tienen un nivel de hotelería y condiciones de altísima calidad, pero “son los menos”. Hay otros con personas sin familia y pocos ingresos económicos, cuyos derechos como residentes son vulnerados. Cerca de 400 personas están alojadas en Elepem del departamento que no cumplen los requisitos mínimos para funcionar, de acuerdo con datos recabados por la dirección desde marzo pasado, dijo el director.
Recordó que si el Elepem cumple con las normativas y requisitos del Ministerio de Salud Pública (MSP), se le concede la categoría “verde”; si hay elementos observados y corregibles, se les adjudica un nivel “amarillo”. Los que están “en rojo” tienen observaciones que no han podido resolver, y de esos hay unos 18 en todo el departamento. González enfatizó que en estos centros se encuentra la población más vulnerable, porque muchas veces no hay un elemento protector familiar que esté observando y denuncie la problemática, y porque los titulares no suelen tener la “escolarización” que requiere el servicio.
“Eso nos deja muy preocupados. Si nos dedicamos se puede avanzar, pero estamos un poco por detrás de la línea de trabajo” necesaria, admitió.
Dificultades para la fiscalización
Un factor que añade preocupación es que el equipo del MSP encargado de fiscalizar los Elepem está compuesto por apenas tres funcionarios que, además, deben controlar desde farmacias y ópticas hasta whiskerías. “Semanalmente, tenemos dos días destinados a las inspecciones, y es una dotación muy escasa para la cantidad de servicios existentes”, reconoció González.
Además, cada control “lleva su tiempo”. El área de fiscalización tiene una grilla para evaluar si el Elepem cumple con los requisitos, y eso implica hacer entrevistas, análisis de historias clínicas, medicación, alimentación, distribución de las habitaciones y cantidad de camas en función de cada espacio, entre otros puntos. Luego, plantear las observaciones, otorgar plazos para que los establecimientos se ajusten a los requisitos, y volver a visitarlos para determinar si los cumplieron o no.
“El servicio de Elepem es de los puntos que más trabajamos pero más tiempo requieren. Maldonado es un departamento que creció muchísimo y sigue proyectándose muchísimo, y eso obliga a replantearse el proceso de trabajo cada poco tiempo. Aspiramos a lograr, junto con el Ministerio de Desarrollo Social (Mides) y la Intendencia de Maldonado, un equipo que permita desarrollar un plan de trabajo acorde a la demanda de servicios que tenemos”, expresó González, con la esperanza de sumar otro funcionario para la fiscalización a partir de octubre o noviembre próximos.
Nueva administración, nuevo esquema de trabajo
Desde que asumió su cargo, en marzo pasado, el director instrumenta un plan de trabajo que apunta a mejorar la calidad de estos servicios y a mitigar, en cierta forma, la falta de capacidad para fiscalizar. Una de las decisiones es que sólo se autorizan nuevos Elepem que cuenten con la habilitación de Bomberos. La intención es que termine el mecanismo por el que muchos establecimientos iniciaban el proceso de ingresar personas, el trámite para obtener la habilitación de Bomberos se iba enlenteciendo y el Elepem terminaba con residentes sin que la habilitación de Bomberos fuera factible.
Otro de los cometidos es que todos los directores técnicos de los Elepem –que son médicos contratados por los dueños– hagan sus visitas y completen la información que requiere la dirección departamental. “Si hay un Elepem que esté en situación crítica, no puede deberse a que el director técnico no desempeña adecuadamente su función”, advirtió González. En ese sentido, comentó que inicialmente fueron citados los dueños de los establecimientos en grupos de diez con la estrategia de que el MSP sea “un socio en la búsqueda de soluciones para la problemática”, y se les actualizó la normativa con una óptica más constructiva que punitiva.
Ahora se les pide un censo semanal, “aunque no todos han sido disciplinados en enviar la información”. Para facilitar el trámite y tener un “mapa actualizado” sobre la situación departamental, la dirección prevé enviar “una planilla más amigable” que debe estar firmada por el director técnico del establecimiento. Por otro lado, se solicita un componente de vigilancia epidemiológica sobre cuadros respiratorios, que es “un enorme problema cuando varias personas comparten una misma habitación”.
“Todavía no hemos alcanzado un nivel de funcionamiento adecuado en esto, lo planteamos como un programa progresivo para que los directores técnicos vayan avanzando”, aclaró el jerarca. Lo mismo pasa en cuanto al personal, que “es heterogéneo y rotativo”, debido a los bajos salarios, y presenta “serios problemas” de capacitación.
Prestadores de salud en sinergia con el MSP
Paralelamente, se creó una línea de trabajo con el prestador público de salud (ASSE) y con los prestadores privados (La Asistencial y Mautone) del departamento, para que cada uno designe un referente que actúe junto con el MSP con la población usuaria que está en los Elepem. “En las evaluaciones previas vimos que el nivel de controles de esa población era muy bajo; la calidad de asistencia con el director técnico del Elepem y los prestadores no era la que se debe dar”, observó el director.
El nuevo mecanismo implica que la dirección departamental de Salud reporte a los prestadores qué usuarios residen en Elepem y, en contrapartida, el prestador investigue qué controles ha tenido la persona e informe a la dirección sobre las situaciones que no son adecuadas. Esto se le comunicará al director técnico del Elepem que está en falta y tendrá que agendar a la persona para un control, de modo de reconstruir su historia clínica.
La idea es que el sistema “empiece a comprometerse a que las personas necesitan calidad de asistencia; no puede haber una persona en un Elepem que pase cuatro años sin un control de salud”. Es necesario ir creando una red que incorpore más niveles de responsabilidad y participación. Si todo funciona como espera, aunque los mecanismos están en permanente evaluación, “en dos o tres meses no debería haber ningún Elepem a observar por esta causa”, concluyó el director.
Sin lugar para los vulnerables
Si bien hay planes del Mides para ingresar personas vulnerables a un Elepem, este debe estar habilitado y no siempre hay cupos disponibles. “En el Hospital de Pan de Azúcar hay personas internadas por razones sociales desde hace meses, porque no hay destino en alguno de los servicios. La mayoría de los que están habilitados ya tienen los cupos llenos, y es un círculo que complejiza mucho la situación”, lamentó el director departamental de Salud.
Otro tanto ocurre cuando se determina el cierre de un Elepem: no hay a dónde derivar a los residentes. Este año se cerró uno en Piriápolis y, según el director, “fue muy complejo” reubicar a las personas ingresadas, porque “no hay Elepem para incorporarlos y porque las estructuras asistenciales se empiezan a llenar”.
Un problema similar se habría generado esta semana si los 33 residentes del Elepem afectado por un incendio en San Carlos debían ser realojados por daños estructurales. “No habría capacidad de ubicarlos en ASSE ni en el prestador privado, lo que nos genera una dificultad enorme en la operativa”, advirtió González.
Para evitar “hallazgos que determinen un cierre de un día para otro”, es que el MSP departamental intenta aumentar los controles, aplicar observaciones de manera paulatina y apuntar “a lo constructivo más que a lo punitivo”, dijo.