“No reconocemos que haya elecciones el domingo en Nicaragua. A lo sumo votación, porque allí ya está decidido lo que va a pasar”, dice a la diaria Ana Quirós, exguerrillera, integrante del Movimiento Autónomo de Mujeres y de la Articulación Feminista Nicaragüense, así como de la Unidad Nacional Azul y Blanco de Nicaragua, una alianza que reúne a movimientos y partidos opositores al gobierno de Daniel Ortega. En las elecciones de mañana, llaman a abstenerse.
También la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y la Oficina Regional del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos para América Central y República Dominicana (Oacnudh) afirmaron el jueves, en un comunicado, que la “falta de garantías y de libertades” marcan las elecciones del domingo. Mencionan “la cancelación de la personería jurídica de tres partidos políticos” y “la detención arbitraria de siete personas precandidatas a la presidencia” y sostienen que eliminaron “el pluralismo político que el gobierno estaba obligado a garantizar en el próximo proceso electoral”.
La Corte Interamericana de Derechos Humanos ordenó el jueves a Nicaragua que libere a 14 opositores detenidos en los últimos meses, entre ellos la aspirante a la presidencia Cristiana Chamorro, que parecía la candidata más fuerte para competir con Ortega. Ya había dispuesto la liberación de otros candidatos, que sigue pendiente.
A su vez, la CIDH y la Oacnudh manifestaron que se observó una “intensificación de la represión y las afectaciones a los derechos humanos y libertades fundamentales en el marco del proceso electoral” en Nicaragua, y transmitieron su “preocupación por la negativa a permitir la entrada en Nicaragua de varios periodistas extranjeros en las últimas semanas”.
Si bien hay cinco candidatos además de Ortega en estas elecciones, en Nicaragua son calificados como “zancudos”, figuras que en realidad le hacen el juego al gobierno para legitimar la votación, y no compiten verdaderamente. Son desconocidos, que completan sus listas con familiares y personas ajenas a la política.
Ortega permanece en el gobierno desde 2006, y antes había gobernado de 1985 a 1990. Al finalizar ese segundo mandato, en 2012, el líder del Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN) optó por la reelección y volvió a hacerlo en 2017, esta vez gracias a un fallo judicial que le permitió eludir la prohibición de postularse a una tercera candidatura consecutiva. El domingo compite por un quinto mandato, el cuarto consecutivo y el segundo con Rosario Murillo, su esposa, como vicepresidenta. Para Ortega, Murillo es una “copresidenta”, aunque no exista el cargo.
Sandinismo y después
Sobre sus tiempos en la guerrilla del FSLN, Quirós afirma que “ser parte de la lucha fue difícil”, pero “cuando se logró sacar al tirano [Anastasio Somoza] fue extremadamente emocionante”.
Para algunos todavía la figura de Ortega sigue representando a la revolución, y la oposición es identificada con una reacción de la derecha. Consultada al respecto, Quirós responde que en Nicaragua eso no tiene sentido, y que Ortega puede tener un discurso de izquierda, pero aplica las “peores medidas neoliberales” y “su aliado fue el gran capital”, al menos hasta 2018, cuando las protestas y la represión estatal rompieron alianzas y rivalidades. “Las decisiones eran tomadas para beneficiar al gran capital”, pero entre los trabajadores el empleo informal es frecuente, y son muchos los que deben vivir buscando un “rumbito”, una changa, y sin protección social, afirma.
Otro gran aliado de Ortega fue hasta hace unos años la iglesia católica. En esa alianza, dice Quirós, “los cuerpos de las mujeres han sido moneda de cambio”, ya que el FSLN se comprometió a prohibir la interrupción voluntaria del embarazo, incluso en el caso del aborto terapéutico.
La dirigente recuerda que en 2007 se inició una investigación de más de un año contra nueve feministas por apología del delito por defender el aborto, y aunque no terminó en una condena, fue un modo de presionarlas.
La sintonía entre la iglesia y el gobierno se rompió en 2018, cuando también las grandes organizaciones empresariales dejaron de apoyar al gobierno de Ortega. Por entonces se hacía fuerte la Unidad Nacional Azul y Blanco.
Colores resistidos
El nombre de esa alianza opositora alude a los colores de la bandera nicaragüense, convertida en un símbolo que contraponía a la fuerte presencia de las banderas rojas y negras del FSLN, y los colores con los que el gobierno decoró el espacio público. Un ejemplo de esa ornamentación fueron los “arbolatas”, unos gigantescos “árboles de la vida” que el gobierno instaló por toda Managua –más de 150–, algunos con luces de colores y otros pintados, a instancias de Murillo, y que los manifestantes derribaban en 2018.
Incluso las tumbas son pintadas de colores en Nicaragua, dice Quirós. Las familias que perdieron a sus integrantes a causa de la represión en aquellas manifestaciones pintaron las suyas de azul y blanco, pero el gobierno dio la orden de que se las repintara de cualquier color menos esos. En los últimos años, “la bandera nicaragüense se empieza a convertir en un símbolo de la resistencia, algo clandestino”, y “cantar el himno nacional se convierte en un delito”.
Quirós reconoce que como alianza política, la Unidad Nacional Azul y Blanco “es como un tutti frutti, de todos los colores y sabores”, pero afirma que los une un reclamo de “justicia, libertad y democracia”. También dice que las jerarquías católicas y el movimiento feminista debieron tomar la decisión de dejar para más adelante los temas más difíciles que los distancian. “Coincidimos en que para discutirlos necesitamos antes que haya democracia”.
En 2018, acusada de promover protestas, Quirós fue deportada a Costa Rica, su país natal, aunque llevaba más de 40 años viviendo en Nicaragua. Por entonces, los nicaragüenses en Costa Rica eran un millón y medio, y después de ese año crítico el número aumentó en 150.000, señala.
Tres días después de su expulsión del país, le quitaron la personería jurídica a la organización social feminista en la que militaba, el Movimiento Autónomo de Mujeres, y le incautaron sus bienes. “Siguió el acoso en los medios, el hostigamiento”, dice, y afirma que la persecución se ensañó con las mujeres.
“Actualmente hay diez presas políticas”, algunas en la cárcel de El Chipote y otras en prisión domiciliaria. “En El Chipote, las únicas que están aisladas son las mujeres”, afirma. Algunas apenas tienen ventilación en sus celdas, son sometidas a una luz artificial constante o a una total oscuridad, denuncia. Agrega que en esa cárcel hay 47 presos políticos en total, todos mayores de 60 años, que en los últimos 120 días han perdido entre diez y 20 kilos de peso por la mala y escasa alimentación que reciben.
Quirós considera que la presión internacional es la única manera de que exista un cambio político en Nicaragua. Las organizaciones sociales que integran se movilizan mañana en 25 ciudades de distintos países contra las elecciones, y llaman a los gobiernos a no reconocerlas.