Luchadora por los derechos humanos de Colombia: “Para el Estado colombiano, una solución ha sido matar”

Editar

La Fundación Mario Benedetti entregó su premio a la Lucha por los Derechos Humanos y la Solidaridad 2021 al Movimiento de Víctimas de Crímenes del Estado (Movice) de Colombia. Para recibirlo, en nombre del movimiento, Martha Giraldo visitó Montevideo en diciembre.

La dirigente es hija de un campesino, José Orlando Giraldo, a quien el Ejército de Colombia asesinó y presentó como un guerrillero muerto en combate, una práctica que se conoce en ese país como “falsos positivos”. A cambio, los militares que presentaban esos resultados recibían licencias y otros beneficios.

A partir de la muerte de su padre, Giraldo comenzó su lucha por los derechos humanos y se sumó al Movice, que está integrado por unas 250 organizaciones de distintas zonas del país que representan a víctimas de desaparición forzada y asesinatos.

¿Cómo surgió el Movice?

Más o menos en 2000 o 2002 logramos organizarnos como Movice, y nos consolidamos formalmente en 2005. Pero si fue posible en ese momento tener un nombre, reunirnos, decidir a qué causas íbamos a dedicarnos, fue porque desde 1990 comenzamos nuestro trabajo como movimiento de víctimas, que hoy reúne a unas 250 organizaciones.

Decidimos hacer una investigación sobre la criminalidad estatal. Principalmente, comprobar que la criminalidad del Estado existe, que hay unas políticas, unas normas que se desarrollan desde el Estado para eliminar el pensamiento distinto, aquel que exige derechos, un país con justicia social.

Esto no tiene que ver con la extrema izquierda. Tiene que ver con derechos de ciudadanía, derechos a la verdad, a la justicia, derechos de las víctimas pero también los derechos sociales, a la educación, a la salud, que en Colombia no son derechos, son negocios. En ambos casos son empresas que prestan servicios para el que puede acceder.

Nosotros, como movimiento, nacemos con ese principio fundamental de poder decirle a Colombia que efectivamente eso que nosotros decíamos ocurre. Y logramos documentar más de 40.000 casos, 41.000.

¿Qué situaciones incluyen esos casos?

Incluyen desplazamiento forzado, la situación de los campesinos, indígenas, afrodescendientes que son sacados de sus tierras, que son obligados bajo el terror y la fuerza a irse a otros lugares. Ese es un crimen que comete el Estado a través de sus fuerzas regulares, como es el Ejército, pero también de su brazo irregular, que son las estructuras paramilitares, las Autodefensas Unidas [de Colombia]. También incluye el despojo de tierras. Sacar a la gente de su tierra ya es un crimen. Obligarla a ir a una ciudad a engrosar los cinturones de pobreza, salir a deambular por las calles pidiendo qué comer es un crimen. Pero de manera adicional, las tierras que pertenecían a estas personas son tomadas por multinacionales para desarrollar megaproyectos. Tienen un interés geoestratégico allí. El despojo de tierras está ligado al desplazamiento. Por eso decimos que hay una intencionalidad, hay una política allí de despojo.

Pero eso había que escribirlo. También documentamos casos del genocidio político de la Unión Patriótica [un partido político de izquierda cuyos dirigente y militantes sufrieron la persecución y el asesinato por parte de paramilitares en la década de 1980] y pudimos demostrar que en Colombia hay un genocidio para la eliminación de lo distinto, o sea, aquello que no cumple con esos mandatos predeterminados de una oligarquía que está enquistada en el poder históricamente, que es heredada, y que se turna en la presidencia de la República cada cuatro años.

Está también la tortura, que es parte de esos crímenes. Está la documentación de desaparición forzada de personas, y este es un crimen que ha mutado muchísimo, que ha cambiado de modus operandi, de formas. En los años 70 lo hacía el Estado, que es el que introduce esta práctica a Colombia, y hoy en día es una práctica que desarrollan todos los actores: bandas criminales, grupos de narcotráfico, grupos [herederos] de las Autodefensas Unidas de Colombia. Entonces se trata de cómo documentar la desaparición de personas, cómo el Estado es responsable de esto y qué hacían esas personas desaparecidas, si es que trabajaban, a qué se dedicaban, qué es lo que le molestaba al Estado colombiano para que cometiera esos crímenes, los asesinatos a civiles que comete el Estado colombiano a través de la fuerza pública. Está, entonces, este delito que le llaman “los falsos positivos”.

Que es el delito que se cometió contra su padre.

Yo soy hija de José Orlando Giraldo. Mi papá es un campesino que fue ejecutado extrajudicialmente por el Ejército Nacional y fue presentado como un guerrillero dado de baja en combate. Mi papá era un campesino, estaba en su finca. No sé si ustedes tienen el concepto de “campesino” tal como en Colombia. El campesino es aquel que toda la vida tiene una parcela, una tierra que no es muy grande pero le permite sembrar para comer y le permite también cultivar o tener animales para generar ingresos y mantener la finca. Hay frutos, granos, animales, ventas de leche, de queso, todo lo que se pueda generar a partir de una economía propia.

Y allá llegan unos militares, miembros de la Tercera Brigada del Batallón de Cali. Dicen que él era un guerrillero, lo asesinan y salen todos los medios a decir que habían asesinado a un peligrosísimo guerrillero de la columna Libardo García de las FARC.

Después de 13 años, en 2019, nosotros logramos un fallo de la Justicia acerca de la inocencia de mi papá, demostrar que no se trataba de un guerrillero, se trataba de un campesino, y logramos la sentencia condenatoria a 32 años de prisión para siete militares, incluyendo a un mayor del Ejército Nacional.

Pero también es una lucha muy larga, porque allá en Colombia recae mucho la prueba sobre las víctimas. Nosotros hicimos parte en el proceso, y para avanzar en eso hubo muchísimo trabajo. No todas las víctimas de este crimen o de otro tienen las mismas posibilidades. Mi papá tenía tres hijas y nosotras habíamos ido a una universidad, y eso es una diferencia muy grande; no lo menciono en términos elitistas, sino porque eso es un privilegio en mi país. No todos tenemos la misma posibilidad. En nuestro caso hubo un esfuerzo muy grande de mis padres por mandar a sus hijas a la universidad, y mi época eso no era tan común en el campesinado, sino que era más común seguir trabajando la tierra. Mi papá y mi mamá no querían eso para nosotros, y eso marcó la diferencia, porque cuando asesinaron a mi papá nosotras estábamos en la universidad; unas habíamos terminado de estudiar, otra seguía, y eso permite que se haga una lucha muy fuerte en términos de la verdad y la justicia. Y también porque había posibilidades económicas, porque trabajábamos y eso nos permitía seguir, porque es muy costoso.

¿Qué costos implicaba?

Vivíamos en una región y teníamos que viajar hasta la capital del país para acceder a las instituciones estatales para reclamar, para llevar documentos, para llevar pruebas. Filmamos, grabamos la escena del crimen. Decíamos que ese no era el lugar donde lo habían asesinado y efectivamente la Justicia logró comprobarlo, pero nosotros lo denunciamos desde el primer día, y para ello llevábamos lo que habíamos conseguido.

Cuando yo estaba en la finca [después de que ocurrió el crimen], llamé y dije: antes de que realicen el levantamiento tráiganme una cámara de video y una cámara fotográfica. Tener una cámara fotográfica en una finca no es tan normal. En ese tiempo el celular no tenía una cámara, como ahora.

A veces la gente dice: si en el caso de ella hubo justicia, seguramente en los otros también. Pero hay una serie de elementos en este caso que no son comunes para todos. Hay que reconocer que en este caso había unos privilegios, no eran derechos. Son cosas que tenemos algunos, no todos, en Colombia.

En Colombia hay unos 6.400 casos de falsos positivos, según la Jurisdicción Especial para la Paz. Nosotros, con todo el subregistro que existe, con todo lo extensa que es la zona de la selva amazónica, decimos que tienen que ser muchos más, porque con toda la gente que está tan alejada, no hay suficiente institucionalidad. Hay una gran debilidad institucional. También investigar estos crímenes es difícil porque matan a funcionarios, desaparecen a funcionarios, y eso ha contribuido a un debilitamiento de todo el aparato judicial que es muy grande.

También hay que decir que las ejecuciones extrajudiciales las muestran como que fueran hechos nuevos, como que al Ejército le dio por matar gente y presentarla como guerrillera desde el 2000. No. Eso ha sido siempre así. Ha sido un hecho histórico, de maneras distintas, con razones diferentes, pero digamos que para el Estado, una solución ha sido matar.

Incluso antes de que comenzara el conflicto armado, en los años 60, el Estado asesinaba. También después del conflicto armado, de firmado el acuerdo con la guerrilla de las FARC. Por ejemplo, en el estallido social de hace unos meses también vimos una fuerza pública, que no es el Ejército sino la Policía Nacional, la que está en las áreas metropolitanas, y esta policía es la que asesina a los manifestantes. Lo hace con la misma práctica: los muestra como enemigos de la nación, los presenta como que son los vándalos que están dañando los semáforos, que están impidiendo el tránsito. Porque acá se volvió una cosa grave bloquear la calle para que no pasen los carros. Eso es un delito. Pero matar a quienes lo hacen no es delito, y así se le vende a la sociedad. Entonces hay una sociedad muy parcializada, porque se alimenta de los medios de comunicación. Y el hecho de que no haya una posibilidad de educación amplia, para todos, alimenta esa polarización.

Entonces nos dedicamos a eso, a documentar esos crímenes y poder ver cómo se hace, cómo es que las brigadas del Ejército desarrollan eso, si es que tienen plata para matar gente, cómo hacen eso de presentar personas asesinadas como guerrilleros en combate sin que lo sean.

¿Qué lugar se da en Colombia a las víctimas?

En su momento, las Autodefensas Unidas de Colombia intentaron que se les acusara del delito de sedición política porque ese es un delito político, pero es un grupo armado irregular, unos vándalos que el Estado armó para que maten. Entonces se creó la Ley de Justicia y Paz, la ley 975 [de 2005], que es una ley de justicia transicional. Siempre nos dicen que la ley del mundo ha avanzado, que la ley ya no es punitiva, sino que las víctimas deben ceder en eso de que la pena sea tan alta, que eso ya no es así, que ahora se trata de la memoria y la verdad. Nos dicen: a los asesinos no los vamos a encarcelar, pero les van a decir unas cosas que a ustedes los van a satisfacer, vengan. Y con eso nos tienen a las víctimas. Nos dicen: ustedes tienen que perdonar, dejar eso del odio y el rencor. Entonces han desarrollado unos discursos en torno al perdón. Por ejemplo, nos dicen: ustedes no son víctimas, son sobrevivientes. Imagínate en un país como Colombia, con nueve millones de víctimas que reconoce el Estado, que reconoce el Congreso, diciendo “no, no somos víctimas, somos sobrevivientes”. Quieren eliminar de tajo, a través de un discurso de negación, todo lo que somos. Incomoda mucho que se digan estas cosas allá en Colombia. Es muy difícil.

Esa ley 975, decíamos ya por entonces en el Movice que iba a ser el acabose, que eso no iba a ser “de justicia y paz” con los paramilitares que hicieron hornos crematorios, que cometieron más de 1.100 masacres. En Colombia se considera una masacre cuando son asesinadas más de tres personas. Ellos asesinaron a mucha gente, la tiraban al río, la desaparecían, y nosotros cuestionamos que personas que hicieron eso fueran a tener un máximo de ocho años de cárcel si decían la verdad. Entonces, ni cárcel ni verdad. No sabemos la dimensión real de lo que han hecho.

Claro, algunos paramilitares han hablado, los bajos mandos. Algunos han dicho algunas cosas sobre el vínculo con el Ejército, sobre cómo algunos militares, como el general Mario Montoya, apoyaban a las estructuras paramilitares, pero también sobre cómo era su modus operandi, cómo llegaban a lugares y empezaban a matar gente porque creían que ese territorio era gobernado por la insurgencia, por la guerrilla.

Ellos tienen un término en Colombia, que es doctrinal del Ejército, que es “quitarle el agua al pez”. Entonces consideran que asesinar al campesino, al afro, al indígena que está en el territorio es quitarle a la guerrilla su forma de mantenerse. Pero eso no es cierto: las comunidades no somos agenciadoras de las insurgencias, porque nosotros no hemos vivido idílicamente, románticamente, como en otros países, el tema de la insurgencia. Nosotros hemos vivido el golpe, el asesinato, la violación de nuestros derechos por parte también de las insurgencias. No han sido un actor armado para el pueblo. No es así. Han sido un actor armado en el marco de un conflicto que también ha generado hechos victimizantes para la población, y que han sido también intencionales. Pero desde el Estado, cuando la insurgencia está en la zona lo que hacen es acusar a la población de ayudarla.

Al mismo tiempo que surge esta ley 975, en 2005, se consolida el Movice.

En 2005 ya nace el movimiento. Decíamos: esto no es justicia, no es verdad. Entonces ahí empieza a forjarse. En 2004 y 2005 se hace un trabajo muy fuerte en regiones, y en 2005 existe ya la asamblea con 1.200 delegados, y en esa asamblea se dice: somos Movimiento Nacional de Víctimas de Crímenes de Estado. Se formaliza el nacimiento del Movice para trabajar por la verdad, por la justicia, por la no repetición y la reparación, porque en Colombia la reparación a las víctimas es sólo de tipo administrativa, no es para todos y es muy precaria. No es como un derecho sino como una limosna.

A partir de allí se generan estrategias de lucha. Hacemos movilizaciones, marchas, concentraciones, llevamos fotos, documentamos casos, hacemos audiencias ciudadanas y denunciamos hechos de violaciones a los derechos humanos que hayan sucedido. Tenemos una estrategia jurídica que busca perseguir a los responsables de esos crímenes, como los altos mandos del Ejército, como [el expresidente] Álvaro Uribe. Es un trabajo de hormiga, porque ustedes habrán podido ver que a Álvaro Uribe no es que lo hayamos podido tocar.

Yo llego al Movice en 2006, porque a mi papá lo asesinan en marzo de 2006, y la asamblea se hace a mitad de año, en julio, y yo fui invitada a esa asamblea. Y desde entonces estoy en el movimiento.

¿El movimiento también contempla los asesinatos de exguerrilleros y de líderes sociales que están ocurriendo ahora?

Sí, claro. Líderes sociales han asesinado todo el tiempo. Nosotros no tenemos hitos como acá, en Uruguay, que se puede decir decir que alguien fue asesinado después del golpe de Estado o en democracia. En Colombia no tenemos eso. Ha sido todo el tiempo de asesinatos, de crímenes de persecución, porque todo el tiempo hay determinados territorios en puja por el derecho a extraer de allí lo que existe. Un ejemplo de esto es que cuando las FARC firman el acuerdo y entregan las armas, toda una zona de la Amazonia nunca había sido explotada ni mineralmente. No entraban allá. Lo máximo que llegaba era Ecopetrol, que en un momento era una empresa estatal y después fue privada porque el Estado la vendió. Y de hecho había reservas. Una vez que las FARC firman el acuerdo, esa explotación arranca.

Además, desde entonces aumentaron los asesinatos, la persecución a los líderes. El 1º de diciembre de 2016 se firma el acuerdo entre las FARC y el gobierno de Colombia, y hasta hoy iban 1.284 líderes asesinados, hombres y mujeres, que en muchos casos son presidentes de juntas de acción comunal, son elegidos por el barrio como líderes locales, la persona que si se necesita pavimentar va a plantearle al Estado esa necesidad, o que pide que el Estado mande un profesor o una profesora, o el médico o la médica a las veredas –veredas es algo así como un caserío pequeño en zona rural–. El asesinato de los defensores de derechos humanos, de los líderes locales, es asesinar a la democracia, porque ¿quién más va a defender esos derechos?

¿Ustedes tienen algún tipo de protección?

Sí, pero eso no es tan chévere. Por ejemplo, yo tengo dos escoltas armados desde 2009. El Estado colombiano hace un análisis de riesgo a través de una entidad que en ese momento se llamaba Departamento Administrativo de Seguridad y ahora se llama Unidad Nacional de Protección, que está suscrita al Ministerio del Interior. Ellos hacen un análisis de riesgo y dicen: sí, usted tiene riesgo, el Ejército nacional, las fuerzas la pueden asesinar. Pero eso es el Estado. Entonces cada año lo analizan y me asignan dos escoltas armados, lo cual no me gusta, porque vivimos en una democracia y yo tengo derecho a ejercer mi labor de defensora de derechos humanos, y el Estado lo que debe hacer es garantizarlos, transformar el andamiaje institucional para que se pueda dar eso, y no colocarme dos hombres, que además también a ellos los pueden matar. Es una lógica muy perversa. No es una lógica de reivindicación de derechos.

Además, me ha tocado luchar para que no me manden exmilitares ni familiares de militares. Por ejemplo, el otro día me iban a mandar a una chica, que yo fui a verla y me cayó muy bien y hablamos. En la charla ella me dijo: mi esposo es teniente del Ejército en la Tercera Brigada. Yo le dije: caramba, tu esposo y sus compañeros fueron quienes mataron a mi papá, no te puedo recibir para que me cuides, ni a mí ni a mi hija. Ellos dicen que yo exagero. Es una manera muy simple pero es una manera muy real de decirlo, porque yo no puedo personalizar. Para mí fueron ellos, la Tercera Brigada del Ejército.

.