Soyapango, una ciudad en la que viven alrededor de 260.000 personas ubicada dentro del área metropolitana de San Salvador, la capital salvadoreña, fue escenario este fin de semana de un enorme operativo militar y policial ordenado por el gobierno de Nayib Bukele, en el marco de la “guerra” contra las pandillas, un plan que el Ejecutivo puso en marcha a fines de marzo con el visto bueno del Parlamento, donde hay una enorme mayoría afín al mandatario.
El diario salvadoreño El Mundo informó que al menos 8.500 integrantes de las Fuerzas Armadas y 1.500 efectivos policiales cercaron desde la madrugada del sábado el municipio de Soyapango, en el marco de la quinta fase del gubernamental Plan Control Territorial.
Soyapango “está totalmente cercado”, anunció Bukele en un mensaje en su cuenta de Twitter. El presidente de 41 años agregó que los ciudadanos comunes no tienen nada que temer y pueden continuar haciendo su vida normalmente”, y aseguró que el despliegue corresponde a “una operación contra los criminales, no contra los ciudadanos honrados”. Pero de hecho la medida dispuesta por el gobierno trastornó por completo la vida en el lugar, ya que se restringió el tránsito y la gente no puede entrar o salir de la ciudad. Mientras tanto, las fuerzas represivas realizan controles a todo nivel, en domicilios particulares, vehículos y también a miles de personas. Los adolescentes y hombres jóvenes deben permitir que se registre su cuerpo con la finalidad de buscar tatuajes que eventualmente los identifiquen con alguna mara, grupos delictivos de enorme influencia en El Salvador.
El operativo fue encabezado por el ministro de Defensa salvadoreño, el contralmirante René Francis Merino, y se centró, según un informe emitido por la presidencia, sobre 40 barrios del municipio en los que se estima que se ocultan integrantes de las maras.
La medida dispuesta por Bukele generó críticas de parte de legisladores de la oposición. “Considero que este gobierno sigue manejando el tema de seguridad desde una perspectiva de estrategia publicitaria y de propaganda. Generando percepciones”, afirmó la diputada Anabel Belloso, integrante del Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN), en declaraciones al periódico local El Diario de Hoy. Belloso dijo también que en este gobierno se está “militarizando cada vez más la seguridad ciudadana, algo que se había regulado posterior a la firma de los Acuerdos de Paz.
“Si de verdad en algún momento cercan e impiden el libre tránsito, estarían violando otro derecho que, al menos con el régimen de excepción que ellos han aprobado, no está suspendido”, expresó la legisladora izquierdista, quien también dijo que la medida del gobierno estigmatiza al municipio.
Paralelamente un general retirado dijo a medios salvadoreños bajo condición de anonimato que el despliegue en Soyapango no es un cerco militar sino una militarización, y expresó también tener serias dudas de que las Fuerzas Armadas tengan la capacidad, en cuanto a recursos humanos, de emplear 8.500 elementos en un solo municipio.
“Es una pantalla la que están tirando en ese municipio”, afirmó el militar, quien estimó que como mucho los militares movilizados en esta operación son alrededor de 3.000.
Desde que empezó a regir el régimen de excepción, más de 57.000 personas fueron encarceladas bajo la acusación, muchas veces arbitraria, de integrar o colaborar con alguna mara. La medida dispuesta por el gobierno de Bukele viene siendo cuestionada por organismos de derechos humanos nacionales e internacionales por su inconstitucionalidad, pero el mandatario reafirmó que continuará adelante con ella hasta que lo considere necesario.