En su discurso de apertura de sesiones del Congreso, el presidente argentino, Alberto Fernández, defendió los términos del convenio que su gobierno alcanzó con el Fondo Monetario Internacional (FMI) como “el mejor acuerdo que se podía lograr”. El presidente habló flanqueado por la vicepresidenta, Cristina Fernández, y el titular de la Cámara de Diputados, Sergio Massa, dando una más que aparente imagen de unidad del gobernante Frente de Todos.
El mandatario dijo que lo convenido con el FMI no implicará ajustes de tarifas, pérdida de soberanía, ni reformas laborales o jubilatorias. “El mayor problema que tenemos, la inflación, es multicausal. Y es nuestra responsabilidad atender todas sus causas. Seguiremos la senda de ordenar las cuentas públicas sin condicionar nuestras políticas de justicia social”, manifestó.
Fernández aclaró que “no habrá una reforma previsional. La edad jubilatoria no será alterada. Jubilarse es un derecho y se debe respetar a rajatabla”. En cuanto a las tarifas, informó que el gobierno planea “segmentar los subsidios para lograr niveles de tarifas razonables, con justicia y equidad distributiva para los servicios públicos de gas y electricidad” y agregó: “Por eso, en principio, apuntamos a que el 10% de mayor capacidad económica deje de ser beneficiario de subsidios”.
Advirtió que el acuerdo con el FMI no “relevará al Poder Judicial de avanzar en la investigación” para “establecer la verdad y las responsabilidades sobre este endeudamiento”. Ante ese pasaje del discurso, un grupo de diputados de la alianza opositora Juntos por el Cambio se retiró de sala. Fernández continuó: “En el año 2018 el entonces presidente Mauricio Macri, decidió endeudar a la Argentina con el FMI por un monto total de 57.000 millones de dólares. El Congreso Nacional no autorizó ese endeudamiento ni fue consultado respecto de las obligaciones que el Estado Nacional asumía al tiempo de tomar la deuda”.
El presidente explicó que ese préstamo fue “enteramente utilizado para pagar deuda externa insostenible y financiar la fuga de capitales”, y dijo que “los compromisos asumidos en 2018 eran definitivamente incumplibles teniendo en consideración el desmadre que la economía mostraba”.
Luego Fernández detalló que el acuerdo al que llegó su gobierno “es una refinanciación de aquel préstamo que nos permite no usar en estos años recursos nacionales para pagar los compromisos. Se usará dinero del propio FMI que empezará a pagarse dentro de cuatro años y medio”. Afirmó que de esta manera será posible “utilizar ese tiempo para que semejante carga de deuda no detenga el crecimiento”, y señaló que, si bien “el acuerdo no resuelve el problema de la deuda externa”, da “un paso importante en esa dirección”.
Fernández también se refirió a la oposición al hablar de los escándalos de espionaje ilegal llevado adelante durante el gobierno de Macri. Dijo que el actual gobierno “puso fin a las escuchas o seguimientos ilegales a dirigentes opositores, a sus familiares o a sus representantes jurídicos”. Recalcó que “en la Argentina de hoy no hay espionaje político” y “no se intervienen teléfonos sin causa judicial”. El presidente anunció que presentará al Congreso un proyecto “que permita consolidar el trabajo hecho en estos años en materia de inteligencia”.
Además de este proyecto, Fernández anunció varios otros que su Ejecutivo enviará al Congreso. Entre estos mencionó uno que modificará la Ley de Bosques Nativos para “proveer un piso de protección ambiental”, otro que apuntará al desarrollo del cannabis para uso medicinal y cáñamo industrial, y otro que aumentará los “días por maternidad, paternidad y adopción” e incluirá “a trabajadores monotributistas y autónomos sin generar mayores erogaciones a los empleadores”.