El 28 de marzo el Ejército de Colombia llevó a cabo una operación militar en la localidad de Puerto Leguízamo, en el departamento de Putumayo, en el sur del país, que terminó con 11 muertos. Según la versión oficial, se trató de una acción contra disidentes de la desmovilizada guerrilla de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), en particular contra Carlos Loaiza, alias Bruno, y otro comandante guerrillero conocido como Managua. Sin embargo, periodistas de varios medios –el diario bogotano El Espectador, el portal Vorágine y la revista Cambio– investigaron lo ocurrido allí y mostraron una realidad que recuerda a la de los falsos positivos, civiles que los militares hacían pasar por combatientes abatidos.
Según informó El Espectador, los 11 muertos que dejó el operativo eran civiles, entre ellos el líder indígena Pablo Panduro Coquinche, el presidente de la Junta de Acción Comunal del poblado de Alto Remanso, Divier Hernández, su esposa, Ana María Sarrias, un adolescente de 16 años, Brayan Pama, y uno de los firmantes de los acuerdos de paz, Jhon Jairo Silva.
El informe periodístico, publicado el domingo, recoge testimonios de personas de la zona según los cuales los militares no se presentaron como tales, sino como guerrilleros. Los habitantes del lugar señalaron también que los cuerpos de las víctimas fueron movidos por los militares, que los manipularon para hacerlos pasar por guerrilleros y que los mantuvieron bajo su custodia por varias horas.
La Fundación Liderazgo y Paz del Putumayo, a la que pertenece David Melo Cruz, abogado representante de víctimas de este operativo, comunicó que intentará probar ante la Justicia que lo ocurrido fue una “masacre”. Según el abogado, citado por El Espectador, el Ejército habría confundido a las personas que buscaba con otros habitantes de la zona.
De acuerdo con el diario El Tiempo, el caso fue tratado incluso en la sesión del martes del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, en la que varios participantes manifestaron preocupación por la violencia en Colombia y abogaron por una “profunda investigación” sobre ese episodio.
También la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) llamó al Estado colombiano a investigar a fondo el operativo. “Se insta a las autoridades correspondientes a continuar desarrollando investigaciones bajo protocolos que eviten la estigmatización de las víctimas y a tomar las medidas necesarias para reparar este daño incorporando un enfoque intercultural que considere los impactos a las víctimas, sus familias y sus comunidades”, manifestó la CIDH.
Por su parte, más de 30 diputados colombianos firmaron un pedido de moción de censura contra el ministro de Defensa, Diego Molano, por estos hechos. Una legisladora que firmó el pedido, Katherine Miranda, calificó lo ocurrido en Putumayo como “inaceptable” y consideró que se está “frente a un caso de 'falsos positivos'”.
En un primer momento, Molano y el presidente de Colombia, Iván Duque, presentaron la acción como un operativo militar exitoso. “En operaciones de nuestra Fuerza Pública, se logró la neutralización de 11 integrantes de disidencias de las FARC y la captura de cuatro criminales más en Puerto Leguízamo (Putumayo)”, tuiteó el 28 de marzo el presidente. Sin embargo, las inconsistencias sobre lo ocurrido abarcan incluso las detenciones, que según informó luego la Fiscalía, no tuvieron lugar.
Después de participar en el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, Duque defendió el operativo. “Era una operación que tenía planificación, tenía información de inteligencia, tenía información precisa sobre la presencia de cabecillas y miembros de células terroristas y narcotraficantes en ese lugar del territorio. Entonces se procedió con una información clara”, dijo.