Uno de los primeros cambios que trajo el nuevo gobierno de Chile fue la manera de enfocar el estallido social que comenzó el 18 de octubre de 2019. El mismo día de su asunción, la administración de Gabriel Boric comenzó a trabajar para que el Estado dejara de ser querellante en 139 causas judiciales por hechos vinculados con aquellas protestas.
El 11 de diciembre las nuevas autoridades del Ministerio del Interior comenzaron a revisar los casos y en los siguientes días formalizaron su decisión de desistir de ser parte de esos juicios. Las causas judiciales de las que se retiró el Estado involucran en total a 753 personas, en su mayoría acusadas de saqueos, de acuerdo con el diario La Tercera.
La acción del gobierno contra los imputados, invocando la Ley de Seguridad del Estado, podía motivar un aumento de las penas en caso de que fueran declarados culpables, y afectaba también a la hora de dictar prisión preventiva. Así ocurrió en el caso del profesor Roberto Campos, acusado de daños agravados el mismo 18 de octubre de 2019. La acción del Estado en su contra fue un argumento para que la Justicia decretara que debía esperar el juicio privado de libertad.
En otra medida vinculada con el estallido social, el gobierno llamó al Parlamento a que discuta con “suma urgencia” un proyecto de amnistía a los manifestantes que fueron detenidos durante la ola de protestas de 2019. “Para nosotros es importante en materia de derechos humanos [...], y va en la línea de poder cerrar, revisar y ojalá sanar ciertas heridas que dejó el estallido social en nuestra sociedad”, dijo Giorgio Jackson, secretario general de la Presidencia. El proyecto cuenta con el apoyo de la izquierda y el rechazo de la derecha chilena.
También fue un quiebre con el gobierno anterior la decisión de poner fin al estado de excepción que rigió en el norte y el sur del país durante los últimos meses, y que en los hechos implica una militarización de esas zonas. En el caso del norte, ese régimen fue aplicado desde febrero por el Ejecutivo de Sebastián Piñera en respuesta a una ola migratoria, proveniente en su mayor parte de Venezuela.
El nuevo gobierno pidió al Parlamento que se prorrogara ese régimen por 15 días más, pero con la promesa de que no habrá otro pedido de ese tipo sino que se desplegaría un plan para la región. “El primer compromiso que quiero hacer ante ustedes por parte del gobierno es que esta es la última solicitud de prórroga del estado de excepción en la zona norte de Chile, dijo el subsecretario del Interior, Manuel Monsalve, ante los legisladores, el 23 de marzo.
Agregó que en la zona, “cualquier plan de transición debe ser dialogado, deben ser escuchadas las comunidades locales, deben ser escuchadas las autoridades que democráticamente han sido elegidas para representar a los ciudadanos de la zona norte, y el gobierno quiere llevar adelante ese diálogo”. Para eso, anunció, viajará a esa región para trabajar en las acciones a seguir, informó el diario El Mostrador.
A diferencia de lo que ocurre en el norte, en el sur terminó el sábado el estado de excepción decretado desde octubre por el gobierno de Piñera. Ese día comenzaron a retirarse cerca de un millar de militares que habían permanecido desplegados allí, en una zona donde la violencia ha marcado el conflicto que lleva ya décadas y que involucra al pueblo mapuche, las fuerzas de seguridad estatales y las grandes empresas que explotan tierras ancestrales.
La decisión de no prorrogar el estado de excepción, anunciada desde antes de asumir por el gobierno de Boric, “no implica que el gobierno no tenga una preocupación y no tenga la tarea de garantizar la seguridad de todos los ciudadanos”, dijo Monsalve el sábado, cuando visitó la región, según citó la agencia Efe. Allí el subsecretario encabezó un despliegue policial que reemplazaría al de militares en una zona que abarca las provincias de Bíobío, Arauco, Cautín y Mallejo, en las regiones del Bíobío y la Araucania.
La nueva ministra del Interior, Izkia Siches, viajó a esas regiones a días de asumir, el 15 de marzo. La visita fue alterada por disparos al aire y un vehículo incendiado en medio de la ruta por la que viajaba el auto oficial. “El gobierno no va a retroceder en el plan, buscando diálogo y encuentro en el territorio. Entendemos que lo que ocurre acá es violencia, pero también falta de Estado”, dijo Siches más tarde. A su vez, la vocera del gobierno, Camila Vallejo, señaló que ese incidente ocurrió con el estado de emergencia todavía en marcha, y por lo tanto no era un argumento para mantenerlo.
También en la primera semana en el gobierno, el nuevo presidente firmó el nuevo Código de Aguas, que regula el uso de ese recurso y que da prioridad al consumo humano, según anunció el nuevo gobierno. El ministro de Obras Públicas, Juan Carlos García, dijo que este nuevo código busca la “transición hídrica justa, que solucione los problemas de inequidad que padecen miles de personas en el acceso a este vital elemento”.
Otro texto firmado en estos días fue el del Acuerdo de Escazú, ratificado por 24 países de América Latina y el Caribe para garantizar el acceso a los derechos medioambientales y proteger la biodiversidad. El acuerdo no había sido firmado por Piñera, y también en esta política marcó un quiebre la nueva administración. Boric lo firmó acompañado por las ministras de Asuntos Exteriores, Antonia Urrejola, y Medioambiente, Maisa Rojas, quien dijo que “se trata de un acuerdo que reconoce la relación explícita y necesaria entre medioambiente y derechos humanos, generando un vínculo virtuoso en donde el acceso a la información, a la participación y la justicia medioambiental se entienden como interdependientes”.
Al firmarlo, Boric reconoció el trabajo de muchos activistas para llegar a este punto. “Tengo súper claro que esto ha sido un anhelo de hace mucho rato por el cual muchos de ustedes [los defensores del medioambiente] han trabajado”, dijo el presidente. “Este es el primer acuerdo vinculante del mundo respecto a la protección de las y los defensores de los derechos humanos en asuntos ambientales en una región en la que esta lucha ya ha costado demasiadas vidas y no podemos permitir que se nos vaya ni una más”, resaltó.
“Recuerdo que dijimos: la primera semana vamos a firmar el Acuerdo de Escazú, y hoy día estamos firmando y cumpliendo este compromiso”, dijo, y llamó a las dos cámaras del Parlamento a aprobarlo rápidamente. “Este es el primer proyecto que vamos a llevar al congreso y esto es relevante no sólo porque somos un gobierno que cumple con sus compromisos, sino porque da cuenta del sentido de urgencia con el que entendemos la crisis climática y la protección de los derechos humanos de aquellos y aquellas que defienden nuestro entorno, nuestro hogar, nuestros ríos, nuestras costas y nuestros bosques”.