El gobernante Partido Socialista Obrero Español (PSOE) se alineó con los derechistas del Partido Popular, Vox y Ciudadanos, y rechazó este martes en el Congreso la propuesta de ley de Unidas Podemos –socio del PSOE en el Ejecutivo– para impulsar un nuevo impuesto sobre grandes fortunas, que afectaría a quienes superen los diez millones de euros de patrimonio, alrededor de 27.000 personas.
La propuesta, dirigida a crear un nuevo tributo y asegurar su aplicación en todas las comunidades, contó con el respaldo de Más País, los catalanes de Esquerra Republicana y la Candidatura de Unidad Popular (CUP), los vascos de EH-Bildu, el Bloque Nacionalista Galego y los valencianos de Compromís, según informó RTVE.
La propuesta tenía como objetivo la creación de un impuesto para las grandes fortunas, de más de 10 millones de euros, con ocho tramos y tipos marginales de entre 3,6% y 5%, con el que la formación republicana pretendía complementar el impuesto de patrimonio. De haber prosperado, el nuevo impuesto habría tenido recaudación estatal para evitar que las comunidades autónomas pudieran bonificarlo, como actualmente ocurre con el impuesto de patrimonio, que grava las fortunas de más de un millón de euros.
En su defensa de la propuesta, el portavoz fiscal de Unidas Podemos, Txema Guijarro, rechazó que la crisis actual pueda paralizar o retrasar la esperada reforma fiscal. “Si acaso, acelerarla”, afirmó el legislador, quien tildó de “obsceno” que, durante el primer año de la pandemia de coronavirus, un millón de personas cayeran por debajo del umbral de carencia material severa –de 4,7% se pasó a 7% de la población, según datos oficiales– y que en ese mismo período de tiempo los 23 grandes milmillonarios españoles aumentaran sus patrimonios 29%.
En este sentido, los portavoces de otros sectores de izquierda apoyaron las razones esgrimidas por Unidas Podemos para exigir una “fiscalidad progresiva”, una cuestión “no sólo de recursos, sino de principios”, como expresó el diputado de la CUP, Albert Botran. “Las grandes fortunas son tóxicas para las democracias”, agregó el diputado catalán, de acuerdo a lo que consignó el portal Público.
“Si se quiere mantener el Estado de bienestar, la pregunta que cabe hacerse es quién lo va a pagar. Es fácil autodenominarse de izquierdas y progresistas, pero hacer políticas para las élites”, dijo el portavoz de EH Bildu, Oskar Matute, en tono de reproche al partido del presidente Pedro Sánchez.
En un intento de apartarse de las críticas que le llegaban desde los sectores de izquierda, la diputada socialista Patricia Blanquer remarcó que todas las cuestiones relativas a la reforma fiscal deben ser coordinadas por el Ministerio de Hacienda, que encabeza María Jesús Montero.
Pero la representante del partido de gobierno también calificó de “centralizador” el impuesto a las grandes fortunas y aseguró que chocaría con el impuesto del patrimonio que ya se aplica en todas las comunidades autónomas. “Estamos ante una propuesta no consensuada, con riesgo de solapamiento y de dudosa eficiencia recaudatoria”, señaló la parlamentaria del PSOE para justificar el rechazo de su grupo a una propuesta que, a su pesar, puso al sector de gobierno del lado de sus más acérrimos rivales políticos.