En las últimas semanas, en el marco de la crisis económica, la inflación y el cambio de gabinete en Argentina, uno de los temas que se puso en el tapete fue el de los planes sociales y la incidencia de los movimientos populares en el gobierno. Leonardo Grosso es diputado del Frente de Todos, pero también es integrante del Movimiento Evita. Sobre estos temas y otros de la actualidad política argentina conversó con la diaria.
¿Qué primera lectura hacés del cambio de gabinete y el nombramiento de Sergio Massa como superministro de Economía?
En la Argentina tenemos muchos problemas, entre ellos la crisis económica, cuyo principal desencadenante fueron los cuatro años de políticas económicas neoliberales, el altísimo endeudamiento externo al que nos sometió el gobierno de Mauricio Macri, y la imposibilidad de salir de esa crisis produciendo, por culpa de la pandemia, la guerra y un montón de cosas más. Es necesario resolver esa crisis desde la política, y en el Frente de Todos no pudimos resolver, en el marco de esta crisis, las cuestiones de toma de decisiones. Entonces le agregamos una crisis política que se discutió públicamente a través de los medios, lo que empeoró mucho la situación. Cambiar el gabinete y poner a Massa me parece una buena decisión: incorpora a un dirigente político con mucho peso al gabinete para ordenar políticamente la toma de decisiones. Después hay otro tema y es si esas decisiones van a lograr el efecto esperado. Porque necesitamos resolver la presión cambiaria, conseguir divisas, resolver los pagos en pesos, bajar la inflación y mejorar la capacidad de compra de los sectores populares y la clase trabajadora.
¿Qué opinión te merecen las medidas que propone Massa?
Muchas de las medidas que plantea son necesarias. Equilibrar las cuentas fiscales no es algo que mi pertenencia ideológica repita mucho, pero todos los sectores entendemos que es necesario para bajar la inflación. También hay que resolver las cuestiones externas, porque estamos muy entrampados con el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional que hizo el gobierno de Macri y con los vencimientos en pesos. Igual me queda un sabor agridulce de que quizás falte una medida distributiva más fuerte; es cierto que se están analizando, porque Massa también planteó un bono para los jubilados, el llamado del consejo del salario mínimo vital y móvil, la recomposición para los sectores del trabajo formal de entre 50.000 y 150.000 pesos, pero la escalada de la pérdida de poder adquisitivo de los sectores populares y la clase trabajadora fue brutal y necesitamos recomponer. Es cierto que si tu única política es recomponer los ingresos de estos sectores, sin equilibrar las cuentas, todo eso se va a la inflación, como nos pasó durante la pandemia.
Integrás el Parlamento y provenís de un movimiento social. ¿De qué forma es posible articular esos dos mundos que muchas veces se consideran ajenos entre sí?
La política muchas veces está en otra sintonía y no comprende el mundo de los movimientos populares o la realidad sindical. Nuestra estrategia es seguir sosteniendo nuestros planteos de tierra, techo y trabajo, pero también con una serie de leyes que les venimos planteando a los distintos gobiernos desde hace años. Porque entendemos que hay un sector muy importante de trabajadores de la economía popular, que trabajan todos los días para llegar a fin de mes pero no son reconocidos por el Estado y no tienen las instituciones tradicionales que tenía el trabajo para garantizar sus derechos –el sindicato, el convenio colectivo, las paritarias–, y ahí el Estado debe tener una acción decidida. Nosotros planteamos créditos bancarios sin tasas de interés, subsidiados por el Estado, para poder comprar maquinaria e insumos; la capacidad de registración con un proyecto de ley para incorporar una figura que se llama monotributo productivo, que podría ser un proceso de legalización de estos trabajadores al tener la capacidad de facturar para equilibrar las cuentas del sistema de jubilación. Planteamos también la discusión del salario básico universal, negada en términos fiscales por nuestro propio gobierno, que se puede ir aplicando por etapas, con un sector de la población o territorio particularmente afectado. No nos negamos a la negociación, pero nuestra experiencia concreta de construcción de fuentes de trabajo, desde las afueras del sistema capitalista tradicional, nos permite elaborar una serie de mecanismos que creemos que nos van a dar integración social y justicia distributiva. Por eso a veces decimos que la política debería escuchar un poco más y hablar un poco menos, prestar atención a nuestras propuestas, darles celeridad.
Pero los métodos piqueteros no siempre gozan de buena reputación en los ámbitos políticos.
A mí no me interesa qué piensan los políticos de los planes, o de cómo las organizaciones marchan o no, o si piensan que el piquete está mal; no me va a cambiar mi posición, voy a seguir protestando cada vez que crea que se cometa una injusticia. Me interesa saber qué opinan de las propuestas que les llevamos, del derecho al trabajo. En la Argentina hay más de ocho millones de trabajadores, casi 40% de la población activa, que están por fuera del sistema de derechos y legislaciones, y eso pasa en el mundo entero porque el capitalismo se extranjerizó a nivel global y se concentró. Hoy ser explotado por el capital es casi un privilegio, porque necesita menos gente para producir que antes. Esas características obligan al Estado a pensar alternativas nuevas de asignación de derechos y construcción de igualdad. Hemos avanzado; en el último año del gobierno de Cristina [Fernández] logramos la personería gremial de la UTEP [Unión de Trabajadores de la Economía Popular], en el gobierno de Macri, gracias a la fuerte movilización, ganamos la emergencia social, la emergencia alimentaria, el registro de los barrios populares para construir estrategias de urbanización como cloacas, agua potable, electricidad, que genera trabajo y dignidad en la calidad de vida de la gente. Y en este gobierno mejoramos la personería gremial: tenemos una silla en el consejo del salario mínimo vital y móvil, la reparación histórica para la agricultura familiar, la prórroga de los desalojos para poblaciones indígenas. Ahí hay una agenda que la política local no ve, pero en la región [el nuevo presidente de Colombia, Gustavo] Petro, por ejemplo, habla de la economía asociativa, el papa Francisco habla de la necesidad de incorporar a los movimientos populares. Pero, por lo general, no es parte de la agenda de la dirigencia política.
Hace unas semanas la propia Cristina Fernández hizo una especie de cuestionamiento a los planes sociales y el trabajo de los movimientos sociales. ¿Sentís que a veces la imposibilidad para articular está en la interna, en el desconocimiento o el prejuicio?
No discutimos con Cristina porque es parte de una dirigencia política que tiene otra formación y otra estrategia. Massa también dijo que iba a auditar los planes. En la Argentina hay 1.200.000 planes y la capacidad de absorción del sector privado, como pretende Massa, por lo menos con los convenios que tenemos, es de 50.000 personas por año. No hay chance. Hay un desconocimiento general de una dirigencia política que, con muy buenas intenciones, se ha formado en las ideas del desarrollismo, que no contempla estas formaciones del capitalismo y no incorpora la realidad de los movimientos sociales, y creen algunos que a través de la dirección del Estado, otros a través de la apertura de los mercados, se va a desarrollar el capital de tal manera que va a generar los puestos de empleo necesarios. Eso va a costar muchos años si es que alguna vez sucede. Insisto, el capital ya no necesita tanta gente para producir, pero esa gente no desaparece de la realidad, se inventa un laburo para poder llevar todos los días el pan a su casa, y ahí lo que falta son instituciones que garanticen los derechos de esos trabajadores y reconocer ese trabajo para que puedan crear sus propias instituciones y se construya un camino de igualdad. Y mucha dirigencia no puede verlo, y ahí tenemos una tarea pedagógica y mucha discusión que América Latina debe dar porque es uno de los continentes con una mayor parte de trabajadores en esta situación. Las ferias, los cuentapropistas, el cooperativismo, empresas recuperadas, agricultura familiar, las comunidades campesinas indígenas; hay que ir construyendo estos nuevos derechos.
Muchas de las ideas sobre las que se construyeron los partidos de izquierda tienen que ver con el trabajo. Si la propia idea de trabajo cambia, ¿cómo se actualiza el pensamiento político?
Yo soy peronista y soy piquetero, y es lo mismo. En Argentina el movimiento piquetero nace a partir de la privatización de grandes empresas nacionales durante el menemismo, el desguace de YPF, por ejemplo. Los primeros piquetes conocidos son en Cutralco, Tartagal, en la Argentina profunda que vivía de la explotación petrolera nacional y que cuando se cierran las plantas quedan los trabajadores en la calle. Se organizan y cortan la ruta porque esos trabajadores ya no tenían sindicato ni fábrica que parar. Los medios, en lugar de hablar del fenómeno del desguace de las empresas, hablaban del piquete, es como hablar del síntoma y no de su causa. Después se empieza a extender y una de las discusiones que nosotros tuvimos era que la identidad de trabajador no nos la podían robar, porque lo único que sabíamos hacer nosotros era trabajar. Ahí aparecieron los MTD, nosotros le pusimos esa T: el Movimiento de Desocupados comenzó a llamarse Movimiento de Trabajadores Desocupados. Esa T fue una discusión en asamblea en medio de un piquete; esa identidad que no queríamos perder es la continuidad del peronismo. El peronismo incorpora las contradicciones sociales de su época y les da un cauce en un proyecto de país. Es lo que hizo el Frente Amplio en Uruguay, o lo que hace [el presidente Gabriel] Boric en Chile. Por eso los movimientos populares fuimos parte fuerte del triunfo del Frente de Todos en la Argentina, porque contribuimos a la derrota del macrismo, con nuestra resistencia en las calles a la reforma jubilatoria o cualquier medida antipopular. El problema que tenemos a veces es que esas contradicciones no las resolvemos adentro para ver cómo formamos el modelo de país.
¿Cómo cambia la estrategia el avance de las ultraderechas?
La aparición de la extrema derecha es el resultado del fracaso de la derecha tradicional. Eso puede crecer también si fracasa nuestro proyecto, porque mucho desencantado nuestro puede terminar ahí. Y si la situación económica sigue tan mal en Argentina y la inflación sigue avanzando, no hay discusión que puedas ganar con nadie. Nosotros tenemos argumentos y la gente no es boba, la gente sabe que la pandemia, que la guerra, que el macrismo, y por eso este gobierno tiene todavía un sostén popular importante. Pero hay sectores que empiezan a escuchar los cantos de sirenas: te dijeron que ibas a comer asado y no comés, te dijeron que ibas a tener trabajo y no tenés. Y nosotros tenemos que actuar rápido. Cuando sos gobierno tenés que resolver los problemas de la gente. Nuestra unidad no debe ser para ganar y conseguir cargos, sino para transformar la realidad.
En ese sentido, ¿hay autocrítica del progresismo latinoamericano por perder los gobiernos?
El desafío de los sectores progresistas, populares, en América Latina es construir un gobierno que resuelva los problemas y que vaya a fondo, porque hicimos gobiernos en los que distribuimos un montón de puntos del PIB en la población y generamos niveles de consumo y de desarrollo muy altos, pero estructuralmente nuestras economías se concentraron y se extranjerizaron. Entonces todo lo que distribuíamos se terminaba yendo por la canaleta de la dependencia a los países centrales. Lo mismo con los recursos naturales, tuvimos problemas en el Amazonas, la megaminería, las papeleras, tenemos un modelo extractivista que nos generó divisas en un momento en que aumentaban las divisas en general de los recursos naturales, pero eso nos generó más dependencia, y te deja rehén de los mercados internacionales y los grupos económicos locales. Era el camino posible en ese momento, pero tenemos la obligación de aprender de nuestras experiencias y mejorar. Ahora hay que pensar modelos de desarrollo local, más arraigados, más nacionales, más soberanos, más integrados a América Latina. Nuestros bienes y recursos naturales tienen que salir para desarrollar a nuestros pueblos, no al primer mundo. Tenemos cómo defenderlo, discutamos con las potencias mundiales sobre cómo hacerlo, necesitamos tecnología, o que perdonen nuestras deudas externas, por ejemplo; negociemos. Tenemos bienes comunes que le hacen bien a toda la humanidad; si lo usan ellos, ¿por qué nosotros no?
Elaboraste un proyecto de ley de humedales y a la vez el Consejo Federal de Medio Ambiente elaboró otro. ¿Qué expectativas tenés y como ves los dos proyectos?
Venimos impulsando un proyecto de ley que es la síntesis de la pelea del movimiento socioambiental en la Argentina. Lo presentó [Fernando] Pino Solanas hace años y otros diputados en distintos momentos, y toma de los 11 proyectos que había cuando presidía la Comisión de Ambiente. Fue trabajado: más de diez audiencias públicas, más de 70 oradores en el Parlamento –científicos, economistas, sindicalistas, comunidades campesinas, pueblos originarios, productores–, discutimos y llegamos a este proyecto. Cuando perdió estado parlamentario, porque nuestro gobierno no lo incorporó a las sesiones extraordinarias y no logramos acuerdo en otras comisiones para seguir el tratamiento, decidimos volver a presentarlo. En paralelo a eso, el Cofema [Consejo Federal de Medio Ambiente] hizo otro proyecto que le quita muchas competencias al gobierno nacional, que no plantea plazos para el inventario, que es una declaración de principios de qué es un humedal pero no genera las herramientas para protegerlo. Esa discusión la quiero dar en el Congreso, no en los medios de comunicación, y mientras tanto vamos a militar nuestro proyecto. Muchas veces hay sectores malintencionados que construyen argumentos diciendo que no se va a poder desarrollar nada en Argentina cuando lo único que querés hacer es regular esa actividad para que no dañe un ecosistema fundamental. Cuidarlo no es no tocarlo, sino regularlo, porque hoy cualquiera, tranqueras adentro, puede hacer lo que quiera, tirar cianuro, taparlo, drenarlo, prenderlo fuego. Y nosotros decimos que es un bien común que garantiza la vida de todos y el equilibrio del planeta. Las grandes corporaciones, para seguir ganando más plata, lo único que hacen es estirarla para que no tengamos regulaciones, y la política muchas veces es cómplice.