El jueves trabajadores del sector textil bangladeshí protestaron por segundo día consecutivo, reclamando un aumento salarial sensiblemente superior al que determinó el gobierno.
En el comienzo de esta semana, el Ejecutivo que encabeza la primera ministra Sheikh Hasina Wazed, anunció que el salario mínimo aumentaría 56,25%, y pasaría a ser de 12.500 taka mensuales -aproximadamente 114 dólares- el primer aumento salarial en cinco años. Está planificado que la modificación salarial entre en vigor el 1° de diciembre, pero los trabajadores están reclamando un aumento de aproximadamente el doble de este monto.
Por ello, los obreros del rubro textil se declararon en huelga en varias fábricas, y salieron a las calles de Daca, la capital del país y también en otras ciudades, para protestar, encontrándose con una feroz represión. Algunos manifestantes lanzaron piedras a los policías y varias fábricas resultaron vandalizadas.
Las autoridades locales declararon que habían controlado la situación, desplegando más agentes de policía y tropas paramilitares y utilizando gases lacrimógenos, balas de goma y también fuego real. Fuentes oficiales informaron que tres personas murieron durante los incidentes que se produjeron desde finales de octubre.
Narza Akter, presidenta de Sommilito Sramik, un sindicato del rubro textil que tiene más de 100.000 miembros, explicó: “Pensamos que el anuncio del salario mínimo se ha burlado de los trabajadores de la industria textil. No es lógico en absoluto. Si el salario mínimo no se establece racionalmente, hay un riesgo de malestar laboral continuo, que no es deseable para los trabajadores, los empleadores o el Estado”.
Se estima que en Bangladesh hay al menos 3.500 fábricas textiles, varias de las cuales trabajan para marcas internacionales como Zara, Levi’s y H&M, entre otras.
Este rubro representa el 85% de las exportaciones anuales del país, pero las condiciones laborales para muchos trabajadores son extremadamente difíciles.
La organización benéfica The Borgen Project, que desarrolla tareas desde hace muchos años en Bangladesh, denunció que las condiciones laborales en las fábricas textiles son frecuentemente peligrosas y que las mujeres, que son aproximadamente el 85% de la mano de obra en esta área de actividad, son víctimas de acoso sexual y también son discriminadas cuando quedan embarazadas, en muchos casos perdiendo sus empleos por ello.
La represión a las manifestaciones en el país asiático, en el que viven 170 millones de habitantes, generó reacciones a nivel internacional.
El miércoles el gobierno estadounidense publicó una declaración condenando “la violencia reciente contra los trabajadores en Bangladesh que están protestando por el salario mínimo, así como la criminalización de las actividades legítimas de trabajadores y sindicatos”.
El portavoz del Departamento de Estado de la Casa Blanca, Matthew Miller, también expresó preocupación por la represión de los trabajadores y los sindicalistas, pidiéndole al gobierno local que proteja el derecho a la manifestación pacífica y la libertad de expresión.
La mandataria Sheikh Hasina Wazed, líder de la Liga Awami, un sector socialdemócrata que gobierna el país desde 2009, fue acusada, además de reprimir a los trabajadores textiles, de hacer lo propio contra los opositores políticos. Es por esta razón que el principal sector de la oposición, el Partido Nacionalista de Bangladesh, organizó protestas que reunieron a miles de manifestantes, pidiendo la renuncia de Hasina Wazed.