El 3 de febrero, 50 vagones que transportaban sustancias químicas tóxicas de un tren operado por la empresa ferroviaria estadounidense Norfolk Southern descarrilaron en East Palestine, Ohio. Si bien no hubo heridos, se generó un incendio y humareda densa que afectó al pueblo, de unos 4.700 habitantes. En un principio, las autoridades estadounidenses decidieron delimitar una zona de evacuación y, por esta razón, casi la mitad de la población locataria tuvo que abandonar sus hogares. Ante el peligro de que se produjera una gran explosión descontrolada, los gobernantes optaron por liberar y quemar intencionalmente las sustancias de los vagones. Videos de esta situación se viralizaron en redes sociales y ocasionaron el intercambio de visiones sobre la medida.
El incidente generó preocupación, tanto por los efectos nocivos a la salud de las personas como por la contaminación ambiental. Días más tarde, el 10 de febrero, la Agencia de Protección Ambiental de Estados Unidos (EPA, por su sigla en inglés) informó mediante un comunicado que 20 vagones transportaban materiales peligrosos. En ese momento, también afirmó que “se han liberado y se siguen liberando” al aire, suelo y aguas superficiales, sustancias químicas como acrilato de butilo, 2-etilhexilo, éter monobutílico de etilenglicol y cloruro de vinilo. Este último fue el que generó mayor temor, ya que su exposición está asociada con un mayor riesgo a ciertos tipos de cáncer.
Sin embargo, el 12 de febrero, la EPA controló la calidad del aire y emitió otro comunicado, en el que afirmó que no había detectado contaminantes a “niveles preocupantes” en el pueblo estadounidense. Los controles tuvieron lugar en viviendas y, según se destacó, no detectaron cloruro de vinilo.
Parte de los químicos tóxicos provenientes de los vagones descarrilados fueron a parar a recursos hídricos de la zona, situación que causó mortandad de peces. Pero, según funcionarios estatales, el agua que se utilizaba para potabilizar no se vio afectada, aunque empresas proveedoras del servicio decidieron frenar sus actividades por precaución. Según datos del Departamento de Recursos Naturales de Ohio, se estima que el derrame afectó más de 11 kilómetros de arroyos y mató unos 3.500 peces.
A su vez, The New York Times dio a conocer que la EPA le comunicó a Norfolk Southern, el 10 de febrero, que podría ser responsable de los costos asociados a la limpieza del lugar, pero no ofrecieron más detalles. James Lee, responsable de relaciones con los medios de comunicación de la EPA de Ohio, dijo al medio estadounidense que, “una vez finalizada la fase de emergencia de la operación, comenzarán los trabajos de remediación a largo plazo”. Por otra parte, los vecinos de la zona han manifestado tener dolores de cabeza y malestar desde el momento del descarrilamiento. Incluso, The Associated Press comunicó que dos residentes iniciaron una demanda federal con el objetivo de que la empresa ferroviaria tenga la obligación de establecer un sistema de vigilancia sanitaria en el lugar y pagar los cuidados correspondientes a quienes se encuentren en un radio de 50 kilómetros.