La Corte Penal Internacional (CPI) emitió el viernes una orden de detención contra el presidente de Rusia, Vladimir Putin, por sospechas de que pudo haber cometido un crimen de guerra consistente en deportar de manera forzada a niños desde zonas ocupadas durante la guerra de Ucrania a territorio ruso. Según el gobierno de Volodímir Zelenski, unos 16.000 niños ucranianos fueron desplazados a Rusia contra su voluntad, pero Moscú lo niega.
El tribunal también emitió una orden de detención contra la comisaria presidencial para los Derechos de la Infancia de la Federación de Rusia, Maria Alekseievna Lvova-Belova, según informó en un comunicado. En ese texto, citado por Europa Press, la CPI manifestó que tiene “motivos razonables” para creer que Putin “tiene responsabilidad penal individual”, ya sea por la comisión “directa” de estos delitos o por no haber ejercido “un control adecuado sobre los subordinados civiles y militares que cometieron los actos”.
La vocera del Ministerio de Relaciones Exteriores de Rusia, María Zajárova, se refirió a la decisión de la CPI y dijo que “Rusia no es partícipe del Estatuto de Roma de la CPI” y por lo tanto “no tiene obligaciones”. Según citó Efe, Zajárova agregó: “Las posibles ‘prescripciones’ de arresto que salgan del tribunal internacional serán para nosotros jurídicamente nulas”.
También el portavoz del Kremlin, Dmitri Peskov, dijo que su país, “como otros, no reconoce la jurisdicción de ese tribunal, por lo que cualquier decisión de ese tipo es para Rusia insignificante desde el punto de vista del derecho”. Por otra parte, calificó la orden de detención de “indignante” e “inadmisible”.
Lvova-Belova dijo que Rusia trabaja para que los niños no permanezcan en zonas de guerra y para crear para ellos “buenas condiciones de vida”. La funcionaria agregó: “Hubo sanciones de todos los países, incluso de Japón, contra mí. Ahora, una orden de arresto. Interesante qué vendrá después. Seguimos trabajando”. De acuerdo con Efe, en octubre Lvova-Belova reconoció que 350 niños ucranianos habían sido acogidos por familias rusas.
Por su parte, el fiscal general de Ucrania, Andriy Kostin, agradeció en Twitter al fiscal de la CPI, Karim Khan, y calificó la decisión de “histórica”. Dijo que la Justicia de Ucrania investiga la deportación a Rusia de unos 16.000 niños, pero agregó: “Tememos que los números reales sean mucho más altos”.