La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) publicó este miércoles su informe sobre las manifestaciones que siguieron al fallido golpe de Estado de Pedro Castillo, el 7 de diciembre, y a la asunción de Dina Boluarte como presidenta.
En su escrito, la entidad dependiente de la Organización de Estados Americanos señaló que hubo muertes de manifestantes en la ciudad andina de Ayacucho que “al ser perpetradas por agentes del Estado” podrían “constituir ejecuciones extrajudiciales”. Agregó que, por tratarse de varias muertes, “dadas las circunstancias de modo, tiempo y lugar”, lo ocurrido podría ser considerado “una masacre”.
En Ayacucho, el 15 y el 16 de diciembre, en el marco de una huelga, manifestantes trataron de tomar el aeropuerto de la ciudad y fueron reprimidos por militares. Para la CIDH, la violencia registrada allí debe ser investigada “con un enfoque étnico-racial”.
El 15 de diciembre, horas después de que comenzara el intento de tomar el aeropuerto, y cuando ya había dos muertos, la Defensoría del Pueblo peruana exigió “el cese inmediato del uso de armas de fuego y de bombas lacrimógenas lanzadas desde helicópteros”. Sin embargo, esas prácticas continuaron ese día y el siguiente.
Según la CIDH, el Ministerio de Defensa informó que “los militares no estaban dotados de elementos antidisturbios y que realizaron un uso progresivo de la fuerza”. Primero usaron gases lacrimógenos, luego hicieron disparos al aire y finalmente usaron sus armas contra los manifestantes. Como resultado, murieron diez personas. Todas las autopsias muestran que la causa de la muerte fueron disparos dirigidos al tórax, el abdomen y la cabeza. Además, fueron heridas 72 personas.
“Se destaca que, durante las reuniones sostenidas con familiares de las víctimas fatales, varias personas manifestaron que sus parientes fueron estigmatizados y tratados como terroristas por algunos medios de comunicación y autoridades”, señala el informe.
La CIDH también analizó lo ocurrido en la ciudad de Juliaca, situada en el departamento de Puno, muy cerca del lago Titicaca, donde entre el 6 y el 10 de enero murieron 18 manifestantes en enfrentamientos con la Policía. “En esa ciudad se habrían presentado situaciones de uso excesivo e indiscriminado de la fuerza por parte de agentes del Estado, que habrían resultado en graves violaciones de derechos humanos en contra, tanto de participantes en las protestas, como de terceras personas”, manifestó el organismo.
En Juliaca, 226 personas sufrieron heridas en el marco de las manifestaciones, en “hechos que deben ser investigados por fiscalías especializadas en derechos humanos”, subrayó la CIDH. Los 18 manifestantes que murieron, según el Ministerio Público, lo hicieron por “disparos de balas, perdigones y objetos contundentes que impactaron en la cabeza, cara, ojos, tórax o abdomen”.
La CIDH concluyó que si bien en Perú hubo por parte de los manifestantes actos violentos que no están protegidos por el derecho a la protesta, la respuesta estatal incluyó “graves episodios de uso excesivo de la fuerza”. Prueba de esto es el número de personas fallecidas y heridas por impacto de armas de fuego, entre ellas, personas que “ni siquiera estaban participando en las protestas”.
Por otra parte, la CIDH observó que las manifestaciones que comenzaron el 7 de diciembre “tienen demandas políticas explícitas y coyunturales”, pero además “en su base existen exigencias de comunidades campesinas y pueblos indígenas que deben ser atendidas por el Estado”. Entre ellas menciona el “acceso a derechos en condición de igualdad y sin discriminación, mayor representación política, consulta previa sobre proyectos extractivos y la distribución equitativa de la riqueza que éstos generen”. El organismo manifestó que encontró en Perú “un deterioro generalizado del debate público con una fuerte estigmatización por factores étnicos-raciales y regionales, al igual que una fuerte tensión entre Lima y otras regiones donde predomina la población indígena y campesina”.