Una Comisión Presidencial para la Paz y el Entendimiento comenzó a trabajar el miércoles en el sur de Chile. Su objetivo es abrir el camino para resolver el conflicto que existe entre el pueblo mapuche, el Estado y las empresas forestales que desde fines del siglo XIX explotan tierras consideradas ancestrales por las comunidades indígenas.
Al instalar la comisión, el presidente chileno, Gabriel Boric, manifestó su “convicción de que a través del diálogo social amplio y de los acuerdos se sienten las bases para una solución duradera y sostenible del conflicto que desde hace mucho tiempo existe interculturalmente entre el Estado chileno y el pueblo mapuche”.
Una de las tareas de la comisión es estudiar la restitución de tierras y proponer mecanismos “concretos y diversos de reparación” para los habitantes de las regiones de La Araucanía, Biobío, Los Ríos y Los Lagos. Durante el acto de lanzamiento, Boric recibió por parte de 11 rectores de distintas universidades del país el “Informe de sistematización de las recomendaciones al Estado de Chile en materia de tierras y derechos del pueblo mapuche”, que servirá de insumo al organismo.
El presidente les agradeció a todos los integrantes de la comisión “por haber aceptado este tremendo desafío y esta gran tarea”, y les prometió “todo el apoyo del Estado”. Señaló que “la comisión tiene que liderar un proceso de diálogo con los distintos actores involucrados, con los gobiernos regionales, con las comunidades mapuches, con los gremios empresariales, con las víctimas y con la ciudadanía en general”.
Boric reconoció que, “a pesar de los esfuerzos que se han sostenido en las últimas décadas, las medidas” que se han “tomado han sido insuficientes y hay muchas de las promesas que están incumplidas”. Consideró que “esto no es normal ni tiene por qué ser así, no es un destino inexorable. Si miramos la experiencia internacional vamos a ver que en otros países donde, hasta hoy, subsisten pueblos originarios su relación con el Estado y la sociedad puede ser armónica porque han alcanzado los acuerdos para ello. Han dialogado, se han encontrado”.
El mandatario señaló que la tarea que asume la comisión trasciende al actual gobierno, y por eso celebró la presencia de representantes de todos los partidos en el acto de instalación. También la propia comisión refleja esa diversidad política. La integran legisladores del Partido Demócrata Cristiano, el Partido Socialista y el ultraderechista Partido Republicano, así como un exministro del gobierno de Sebastián Piñera. También tendrá entre sus integrantes al presidente de la Asociación de Agricultores de Victoria Malleco AG, Sebastián Naveillan, el dirigente social mapuche Adolfo Millabur, la encargada de la Unidad de Pueblos Originarios del Gobierno Regional de la región de Biobío, Gloria Callupe, y el exdirector ejecutivo de la Multigremial de La Araucanía Juan Pablo Lepín. A su vez, Víctor Ramos fue designado expresamente por Boric como secretario ejecutivo para acompañar desde el gobierno el trabajo de la comisión.
Está previsto que este organismo establezca los plazos para las distintas etapas de su trabajo, pero se espera que pueda finalizarlo para el segundo semestre de 2024. Uno de sus objetivos es “sistematizar la situación actual e histórica de las tierras mapuches” y revisar las experiencias internacionales en busca de aportes a la situación chilena.
También deberá “promover iniciativas de justicia hacia el pueblo mapuche, una propuesta de reparación integral a todas las víctimas, así como también la incorporación de elementos que mejoren la vida y el desarrollo de todos los habitantes de las zonas involucradas”. Con ese objetivo propondrá medidas específicas y adecuaciones legales.
Otra de sus tareas es determinar cuál es la demanda de tierras por parte de las comunidades mapuches y buscar un diálogo que permita conciliar “las expectativas que existen en cuanto a la reparación”, con las “posibilidades reales que el Estado de Chile puede ofrecer”.
“Debemos avanzar hacia una convivencia respetuosa”, dijo Boric, y agregó que “para ello es importante contar con políticas de Estado, no de gobierno, y eso requiere un esfuerzo gigante de la sociedad en su conjunto para vencer legítimas desconfianzas tanto de los mapuches como de los no mapuches, empresarios, comerciantes y habitantes de la zona, pero también del Estado”.