Organizaciones políticas y sociales brasileñas están pidiendo la apertura de una investigación, luego de que una operación policial ocurrida durante el fin de semana en el litoral del estado de San Pablo dejara al menos ocho personas muertas, en un aparente acto de represalia por parte de las fuerzas de seguridad.
Cerca de 600 policías se desplegaron en varios barrios de la ciudad costera de Guarujá, en respuesta al asesinato de un oficial, Patrick Bastos Reis, a manos de un francotirador que integra una organización de narcotraficantes.
Desde entonces, los residentes de las zonas en las que irrumpió la Policía denunciaron numerosos casos de amenazas y torturas. En este contexto, en la noche del domingo el defensor del pueblo del estado de San Pablo dijo que al menos diez personas habían muerto, aunque esta cifra fue desmentida este lunes en una conferencia de prensa por el gobernador del estado, Tarcísio de Freitas.
“Hubo ocho muertes en el transcurso de este fin de semana. La Policía quiere evitar la confrontación a toda costa. Nadie quiere la confrontación, pero tampoco vamos a tolerar las agresiones”, dijo en una conferencia el derechista Freitas, que llegó a la gobernación del estado más poblado de Brasil impulsado por el expresidente Jair Bolsonaro.
De Freitas, de acuerdo con lo que informó la revista Fórum, manifestó también que diez personas fueron detenidas, entre ellas, el autor de los disparos contra el policía asesinado, y agregó que en las operaciones policiales efectuadas “no hubo excesos”, sino que los policías desplegados en el lugar “respondieron a amenazas”.
La denominada Operación Escudo comenzó el viernes con centenares de agentes que rodearon las comunidades de Vila Júlia y Vila Zilda, que están conectadas por un túnel. El inicio de esta acción policial fue anunciado por el secretario de Seguridad Pública del estado de San Pablo, Guilherme Derrite, en sus redes sociales, con la finalidad de capturar a los autores de la muerte de Reis.
“Iniciamos la Operación Escudo anoche [jueves] para capturar a los delincuentes que dispararon contra dos policías en Guarujá. Lamentablemente, uno de ellos murió. No descansaremos hasta encontrar a los responsables de este crimen”, dijo.
Pero residentes de los dos barrios donde se lleva a cabo la Operación Escudo afirman que están bajo asedio y que los policías militares están sembrando el terror en el lugar.
En declaraciones al portal Brasil de Fato, un habitante de una de las comunidades de Guarujá, donde se desarrolla la Operación Escudo, denunció que un niño fue torturado y asesinado.
“Ellos [los policías] andan por los callejones encapuchados, primero disparan y después preguntan. Es lo que hicieron con un niño que iba al mercado. El niño gritó ‘por el amor de Dios’, y ellos atacaron al niño y acá lo escucharon todos. Mataron al niño y le quitaron el celular”, reveló el residente.
En su comparecencia ante los medios, De Freitas dijo que los relatos acerca de torturas “no son más que una narrativa” que pretenden instalar los abogados de las personas que fueron detenidas durante la operación.
En contraste con estas declaraciones, el defensor del pueblo, Claudio Aparecido da Silva, dijo en una entrevista con la cadena Globo que el número de muertos podría aumentar y que, según informes recabados de vecinos de ambas comunidades, los policías militares amenazaron de muerte a, por lo menos, 60 personas.
De Freitas, quien es mencionado como un potencial candidato de la derecha para las elecciones presidenciales de 2026, se desempeñó como ministro de Infraestructura durante el gobierno de Bolsonaro y es un firme partidario de la mano dura policial. Durante la campaña electoral que lo llevó al gobierno de San Pablo, fue un gran defensor de la eliminación de las cámaras corporales policiales, una política introducida por su predecesor João Doria, que se asoció con una drástica disminución de los asesinatos perpetrados por policías.
Las fuerzas policiales, tanto militares como civiles, del estado de San Pablo mataron a 419 personas el año pasado, frente a las 814 que se registraron en 2020, el último año antes de que se introdujeran cámaras corporales para la policía militar.