Horas de incertidumbre se están viviendo en Guatemala, donde, a pedido de la Corte de Constitucionalidad, el Tribunal Supremo Electoral (TSE) no validó oficialmente los resultados de las elecciones celebradas el 25 de junio, sino que desde este martes se está realizando un recuento de una parte de los votos, dando así lugar a un recurso de amparo presentado por nueve partidos, la mayor parte de ellos de centro y de derecha.
Ante esto, la Misión de Observación Electoral de la Organización de Estados Americanos (OEA) decidió enviar nuevamente al país centroamericano a sus integrantes para que sigan en el lugar de los hechos la revisión, que de acuerdo a los plazos legales tiene que estar concluida en un plazo de cinco días a partir de su inicio.
En las elecciones del domingo 25 de junio, en las que la opción que obtuvo más adhesiones fue el voto anulado, dejando en claro el rechazo que existe en la sociedad guatemalteca hacia el sistema político, la candidata Sandra Torres, del partido centrista Unidad Nacional de la Esperanza (UNE), se impuso con el 15,04% de los sufragios. En segundo lugar, se ubicó el diplomático Bernardo Arévalo, líder del centroizquierdista Movimiento Semilla, quien obtuvo el 12,25% de los votos. Con esos resultados, está previsto que Torres y Arévalo disputen la presidencia en la segunda vuelta el 20 de agosto, pero ahora surgieron dudas al respecto.
La candidata Sandra Torres, en declaraciones recogidas este martes por el diario local Prensa Libre, indicó que su partido, que fue uno de los que presentaron el recurso ante las autoridades electorales, pidió únicamente que se efectué el cotejo de actas, pero agregó que espera que se respete el plazo establecido por la Corte de Constitucionalidad y que la segunda vuelta electoral se lleve a cabo en la fecha estipulada.
Más inquieto se manifestó Arévalo, líder del Movimiento Semilla.
“En estos momentos están nuestros fiscales defendiendo nuestros votos en la audiencia de revisión de escrutinios que se está llevando a cabo en el Parque de la Industria. Estaremos muy atentos al proceso para defender la democracia”, escribió Arévalo en su cuenta de Twitter.
En la noche del lunes, en una entrevista con la periodista Carmen Aristegui de la CNN, Arévalo había manifestado: “Nuestro temor es que esto está siendo hecho con el ánimo de empantanar el proceso (...) con el propósito de postergar indefinidamente la segunda ronda”.
Este martes, en el Parque de la Industria de Ciudad de Guatemala, lugar que está siendo utilizado como centro de operación de los funcionarios del TSE, el fiscal del Movimiento Semilla, Juan Gerardo Guerrero, denunció a su homólogo Héctor Aldana del partido derechista Vamos, sector al que pertenece el actual presidente, Alejandro Giammattei.
Guerrero declaró que Aldana intentó amedrentar a los miembros de las Juntas Electorales Departamentales, obligarlos a que abrieran las cajas selladas que contienen las papeletas marcadas y el resto del material de los comicios.
“La apertura de dichas cajas es ilegal, y no se encuentra contemplada en la legislación electoral. Constituye una violación inaceptable a la integridad de los resultados”, expresó el representante legal del Movimiento Semilla, quien además instó a los observadores, ciudadanas y ciudadanos y población en general a estar pendientes de cualquier intento de alterar los sufragios.
La situación que se está viviendo en el país también está siendo seguida de cerca por las autoridades indígenas nucleadas en la Junta Directiva de los 48 cantones de Totonicapán, una organización social que nuclea a líderes de los pueblos ancestrales que habitan el territorio guatemalteco, particularmente de los quichés.
En una conferencia de prensa y a través de un comunicado, la entidad puntualizó que rechaza la resolución tomada por la Corte de Constitucionalidad por considerarla “ilegal” por no haber agotado las instancias ante la Corte Suprema de Justicia.
“Esa resolución está poniendo en riesgo la segunda vuelta electoral, violando el Estado de derecho y desquebrajando la institucionalidad del país usurpando funciones del TSE y resolviendo sin agotar las instancias de ley, provocando el descontento popular y la ingobernabilidad”, argumentó la organización indígena.
Además, la entidad remarcó que en caso de que no se respete la voluntad popular, habrá movilizaciones. “Advertimos que, de no revocarse las resoluciones emitidas por la Corte de Constitucionalidad y el TSE y restablecerse el orden constitucional, tomaremos acciones legales y realizaremos movilizaciones masivas en acto de resistencia social”, expresaron en un comunicado.