Guatemala

El presidente guatemalteco, Jimmy Morales, recibió el respaldo del Parlamento, que rechazó un antejuicio en su contra por presunta financiación ilícita en la campaña electoral de 2015. La decisión de los legisladores de archivar el expediente –que había sido promovido por la Fiscalía y la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (CICIG)– fue repudiada en las calles por distintas organizaciones campesinas.

“No fue el fuego, fue el Estado”. El canto sonó ayer frente a la Embajada de Guatemala en Montevideo, donde 50 personas se concentraron en repudio al incendio en el Hogar Seguro Virgen de la Asunción, en Guatemala. Se trata de un hogar de amparo del Estado en el que vivían 748 niñas, niños y adolescentes; la capacidad era para 400. Había en su contra, además, acusaciones por malos tratos, torturas y violaciones. Todo eso fue lo que buscaron denunciar las chiquilinas el 8 de marzo, cuando quemaron un colchón como forma de protesta, pero nadie les abrió la puerta. Murieron 40 y otras 12 padecen graves quemaduras.

Los guatemaltecos siguen movilizados por las 40 niñas y adolescentes que hace una semana murieron en un incendio mientras protestaban por los abusos que sufrían en un centro estatal que, en teoría, estaba destinado a proteger a menores de 18 años abandonados, víctimas de violencia, con adicciones o en conflicto con la ley. Más de diez niñas sobrevivieron al fuego pero con heridas graves.

La guerra civil en Guatemala terminó hace dos décadas y las familias de las víctimas consideran que todavía no se hizo justicia. La anulación del juicio contra el ex presidente Efraín Ríos Montt, acusado de genocidio, es una de las pruebas más contundentes. Sin embargo, hubo un avance en los últimos años gracias al trabajo de nuevas fiscales y a la lucha de las mujeres -esposas, madres, hijas de las víctimas- que llevaron adelante las denuncias, según relató a la diaria la activista indígena guatemalteca Otilia Lux, que la semana pasada visitó Montevideo. Un ejemplo es el caso Sepur Zarco, que en febrero de este año llevó a la cárcel a dos ex militares por los delitos de violencia sexual y esclavitud sexual y doméstica.

Jimmy Morales asumió la presidencia de Guatemala el 14 de enero, después de ganar las elecciones con un discurso contra la corrupción, con una imagen de candidato “antipolítica” que traía el cambio al país, e impulsado por un contexto de escepticismo en los votantes. Sin embargo, nueve meses después, Morales es blanco de críticas por no tener un plan de gobierno y continuar el proyecto de quienes gobernaron antes. Eso incluye los escándalos de corrupción.

La asunción de Jimmy Morales como presidente de Guatemala tuvo como previa la detención de casi una veintena de ex militares acusados de cometer violaciones a los derechos humanos en la década del 80. Dos de ellos están vinculados políticamente con el ex actor y líder del partido conservador Frente de Convergencia Nacional (FCN), que desde ayer gobierna el país.

En el departamento de Alta Verapaz, en el norte de Guatemala, funcionó la Zona Militar 21 durante durante el conflicto interno del país, en la década de 1980. Tomó décadas que la Fiscalía investigara lo que pasó allí y concluyera que fue un centro de tortura y detención clandestino en el que desaparecieron cientos de personas. Para comprobarlo fue necesario el trabajo de la Fundación de Antropología Forense de Guatemala, que en 2012 exhumó 558 cuerpos en terrenos de esa repartición militar. Después de tres años de investigación 14 militares fueron detenidos por esos hechos.

Sandra Torres fue allanando el terreno desde su posición como primera dama de Guatemala cuando su ex esposo, Álvaro Colom, fue presidente. Su rival por la presidencia guatemalteca, Jimmy Morales, tiene una larga trayectoria en actuación de comedia, un profesorado de Teología y una licenciatura de Economía en su haber. Morales, que surge de un mundo totalmente ajeno a la política, triunfó en la primera vuelta electoral y se posicionó como el candidato “antipolítica” en un país que atraviesa una movilización cívica que llevó a la cárcel al presidente anterior.

Sandra Torres, la candidata de Unidad Nacional de la Esperanza (UNE) y ex esposa del ex presidente guatemalteco Álvaro Colom, logró dejar afuera del balotaje al candidato que lideró las encuestas durante toda la campaña, el derechista Manuel Baldizón, y se metió en el balotaje, en el que enfrentará al actor evangelista Jimmy Morales.

Los guatemaltecos debían elegir ayer un nuevo presidente, después de que el último que fue electo, Otto Pérez Molina, renunció y fue detenido la semana pasada, acusado de corrupción. Si bien las autoridades electorales consideraron que la elección se desarrolló sin mayores problemas, el Instituto Centroamericano de Estudios para la Democracia denunció ayer “deficiencias” en el control electoral de las elecciones por parte del Tribunal Supremo Electoral, y se refirió a actos de propaganda y compra de votos.

El hasta ayer presidente guatemalteco, Otto Pérez Molina, tenía dos opciones: o esperaba a que la Justicia de su país emitiera una orden de detención en su contra, lo cual lo obligaría a dejar el cargo, o renunciaba. Optó por este segundo camino y presentó su dimisión, horas antes de que la fiscalía le imputara los delitos de asociación ilícita, defraudación tributaria y cohecho pasivo, y quedara en prisión.

Otto Pérez Molina, hasta ayer presidente de Guatemala, se puso a disposición de la Justicia luego de que el Parlamento le sacara los fueros, el martes. Así lo informó su abogado, César Calderón, y dijo que lo hizo para evitar “el espectáculo” que implicaría que se emita una orden de captura contra el gobernante.