La Coordinadora de Víctimas de Trauma Ocular, una de las organizaciones que agrupa a algunos de los más de 400 heridos oculares por disparos de balines o bombas lacrimógenas por parte de los Carabineros durante el estallido social que hubo en Chile en 2019, continúan denunciando el “abandono estatal” en el que aseguran estar sumidos.
En aquel momento las imágenes de jóvenes con los ojos sangrando tras recibir disparos de perdigones y bombas lacrimógenas en la cara dieron la vuelta al mundo y provocaron críticas de organismos internacionales como las Naciones Unidas o Human Rights Watch (HRW), que acusaron a las fuerzas de seguridad de graves violaciones a los derechos humanos.
Según el independiente Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH), en total 460 personas resultaron con lesiones oculares, de las que dos se quedaron ciegas y 35 sufrieron pérdida total de uno de los ojos, detalló la agencia Efe en un informe publicado por el portal chileno El Mostrador.
Pese a que en un principio el gobierno chileno que en aquel momento lideraba el presidente Sebastián Piñera habló de “accidentes aislados”, poco después y ante la recurrencia de casos similares, lanzó un plan de ayuda, que los heridos oculares y sus familias califican de “insuficiente”.
Marta Valdés, vocera de la Coordinadora de Víctimas y Familiares de Trauma Ocular, otra asociación que reúne a víctimas, explicó que el plan impulsado por Piñera era “precario” y “solamente se creó para blanquear a ese gobierno”.
Poco después de asumir la presidencia en agosto del año pasado, el presidente Gabriel Boric lanzó el Plan de Acompañamiento y Cuidado para Sobrevivientes de Trauma Ocular (Pacto), que incluye ayudas económicas a las víctimas, como así también atención en salud mental.
Las víctimas, sin embargo, siguen denunciando que es insuficiente. “No hay que olvidar que esta mutilación es de por vida, y así tienen que estar asegurados nuestros compañeros”, expresó Valdés, que puntualizó que además de los gastos ocasionados por el tratamiento de las lesiones, también se suma el hecho de que, por haber perdido la vista de manera total o parcial, a los heridos, en su mayoría jóvenes, se les hace muy difícil poder conseguir trabajo.
Natalia Avera, otra de las personas que sufrió una herida ocular, manifestó a Efe que uno de los fallos del programa de ayudas implementado por el gobierno es que está demasiado centralizado en Santiago, lo que obliga a víctimas de regiones a trasladarse constantemente a la capital.
Las protestas, que comenzaron tras la subida del precio del boleto de metro y derivaron en un reclamo popular masivo por mejoras de servicios básicos, dejaron una treintena de muertos y miles de heridos, además de episodios de violencia extrema y señalamientos contra las fuerzas de seguridad por violaciones a los derechos humanos.
De las casi 11.000 causas abiertas hasta diciembre del año pasado, “sólo un 0,15 % cuenta con sentencias condenatorias”, lo que muestra “un panorama de mucha impunidad”, según Amnistía Internacional. La entidad explicó que uno de los problemas principales en las investigaciones es que “agentes de Carabineros, en numerosos casos, han sido reticentes a entregar toda la información”.