El presidente argentino, Alberto Fernández, recordó el viernes que se cumplió un año del intento de asesinato contra la vicepresidenta, Cristina Fernández de Kirchner, y calificó el ataque como “un hecho de enorme trascendencia, que generó una gran conmoción social y política y alteró la convivencia democrática”. En la red social X, agregó que desde entonces “la causa judicial avanzó con singular lentitud, dejando de lado pruebas determinantes para la investigación y dilatando toda indagación que permitiera conocer quiénes fueron los instigadores y autores intelectuales del hecho”.
El presidente afirmó que cuando se cumplen “40 años de democracia, la Argentina debe preservar su institucionalidad”, y parte “de esa mejor institucionalidad exige que la Justicia deje de servir a ciertos poderes políticos y fácticos y se limite a hacer lo que debe hacer: impartir justicia”.
En el caso está imputado Fernando Sabag Montiel, el hombre que gatilló un arma apuntando a la vicepresidenta. Pese a que el arma estaba cargada, la bala no se disparó. La Fiscalía lo acusa de ser autor de un delito de “homicidio doblemente calificado por alevosía y por el concurso premeditado de dos o más personas, agravado por el empleo de un arma de fuego, en grado de tentativa”. También están imputados la novia de Sabag Montiel, Brenda Uliarte, considerada coautora, y Nicolás Carrizo, acusado de ser partícipe secundario por haber coordinado desde su celular acciones vinculadas con el ataque.
La defensa de la vicepresidenta ha planteado que se investiguen también conexiones políticas de los imputados y sus posibles vínculos con instigadores y financistas del ataque. Sin embargo, en la Justicia no prosperaron las sospechas de vínculos de los imputados con la agrupación Revolución Federal, ni con el diputado Gerardo Milman, de la coalición opositora Juntos por el Cambio. El nombre de Milman surgió días después del intento de asesinato, cuando un asesor oficialista, Jorge Abello, declaró que escuchó al diputado decir en un bar que “cuando la mataran” él iba a estar en la costa.
Uno de los abogados de Cristina Fernández, Marcos Aldazábal, dijo el viernes que “desde el principio” le llamó la atención “la falta total de capacidades técnicas del juzgado para investigar un atentado de estas características”. Señaló que durante los primeros días se registraron la “pérdida” del celular de Sabag Montiel y un intento de fuga de Uliarte. “Ni bien se cometió el atentado se supo que Brenda Uliarte tuvo participación directa en el atentado, había estado en el lugar ese día y días anteriores. Lo que había que hacer era detenerla inmediatamente porque había peligro de fuga y, en lugar de detenerla, la jueza [María Eugenia] Capuchetti espera y dice que puso un patrullero policial en la casa de Uliarte”, dijo el abogado, según citó Página 12.
Acerca de los supuestos vínculos con Milman y Revolución Federal, Aldazábal afirmó: “Cuando empezaron a surgir esas líneas, ahí nos fuimos encontrando con impedimentos en la investigación”. Agregó que en otra causa judicial está probado el vínculo entre Brenda Uliarte y Revolución Federal, así como que esta agrupación, que hacía escraches a políticos, se creó dos meses antes del atentado, en coincidencia con un financiamiento “explícito e injustificado” del Grupo Caputo Hermanos a su líder, Jonathan Morel. Por eso pidió que las investigaciones se unifiquen.
Por el momento el fiscal a cargo de la investigación, Carlos Rívolo, descartó que existan otros autores intelectuales que los imputados. En su pedido de que la causa pase a juicio oral, citado por la agencia Télam, señala que “más allá de la indudable conmoción política que generó el intento de asesinato de una vicepresidenta de la nación, hecho de enorme gravedad institucional”, de “todos los teléfonos secuestrados y analizados no surgió vínculo alguno de los nombrados con ninguna agrupación o persona que a esta altura permitiera siquiera sospechar sobre la posibilidad de que se les hubiese brindado asistencia para el suceso”.
En su cuenta en la red X, Cristina Fernández republicó el viernes los enlaces a dos videos que tratan sobre el intento de asesinato, uno publicado por el dirigente Juan Grabois y otro lanzado por la organización kirchnerista La Cámpora, titulado “La bala que no salió y el fallo que sí saldrá”, que toma el nombre de un titular del diario Clarín.