En un nuevo episodio del enfrentamiento permanente que viene teniendo el presidente de Guatemala, Bernardo Arévalo, con la Fiscalía, aun antes de asumir su mandato, el Ministerio Público del país centroamericano solicitó formalmente el miércoles que el mandatario sea despojado de la inmunidad que le otorga su cargo por un supuesto caso de corrupción en el Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda.
Esta es la tercera solicitud de este tipo presentada contra Arévalo en lo que va del año luego de asumir la presidencia en enero, después de vencer en las elecciones celebradas el año pasado, en las que el político de centroizquierda, líder del Movimiento Semilla, priorizó en su discurso el combate contra la corrupción.
El fiscal que encabeza esta nueva acusación contra el mandatario es Rafael Curruchiche, un reconocido y controversial funcionario que está en la Lista Engel de Actores Corruptos y Antidemocráticos del Departamento de Estado de Estados Unidos.
En la presentación de su acusación, de acuerdo a lo que informó France24, Curruchiche dijo que Arévalo necesitaba responder a las acusaciones de que dio instrucciones presuntamente por fuera de la legalidad a Jazmín de la Vega, titular del Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda, sobre pagos a empresas constructoras contratadas durante el gobierno anterior, que encabezaba el derechista Alejandro Giammattei.
Como prueba, los fiscales presentaron una grabación filtrada de la supuesta conversación entre Arévalo y su ministra.
En la conversación, el mandatario le notifica a De la Vega su destitución por no haber cumplido una orden de pagar a empresas de acuerdo a un listado que había sido autorizado.
A comienzos de este mes, Arévalo confirmó que el audio que presentaron en su momento los representantes del Ministerio Púbico era veraz y señaló que los listados fueron realizados para ejecutar los pagos luego de que se verificara que las obras estuvieran en ejecución.
Pero Arévalo negó de plano las acusaciones de corrupción en un comunicado en el que expresó que “las tonterías del señor Curruchiche no tienen fundamento para ningún tipo de solicitud penal”.
Curruchiche y la fiscal general, Consuelo Porras Argueta, emprendieron el año pasado, luego de consumado el triunfo de Arévalo, una persecución judicial en contra del ahora gobernante, que denunció en setiembre un “golpe de Estado” que pretendía impedir que tomara posesión del cargo.
La bancada oficialista, el Movimiento Semilla, replicó en sus redes en contra del Ministerio Público.
“Curruchiche es un incompetente desesperado”, argumentó el diputado Samuel Pérez Álvarez, uno de los líderes del partido gobernante.
En el mismo sentido, la también diputada de Semilla Andrea Reyes Zeceña aseveró que la acusación está armada con “tuits y conjeturas ridículas” y es “una vergüenza para un pueblo que tiene hambre y sed de justicia”.