Entre la noche del jueves y la madrugada del viernes el Congreso de Perú aprobó la destitución de la presidenta Dina Boluarte, la primera mujer en ocupar el cargo. A su vez, Boluarte había reemplazado desde diciembre de 2022 a Pedro Castillo, también cesado por un recurso legislativo idéntico tras ensayar un autogolpe fallido.
Las mociones de vacancia, cuatro en total, fueron presentadas por las bancadas parlamentarias Renovación Popular, Fuerza Popular, Alianza para el Progreso y la coalición Juntos por el Perú, Voces del Pueblo y Bloque Magisterial. Según información que compartió el Congreso, las mociones se sustentaron en “presuntos actos de corrupción, abandono de cargo, uso irregular de viajes oficiales, incapacidad para enfrentar la inseguridad ciudadana y supuestas intervenciones estéticas realizadas durante el ejercicio de sus funciones” que la llevaron a ausentarse sin aviso.
Así, propusieron que el Congreso de la República declarara la “permanente incapacidad moral de la presidenta” y declarara vacante el cargo. Según la BBC, el legislativo citó a Boluarte para que ejerciera su defensa antes de la votación, pero ella rechazó la invitación “por considerar el procedimiento como inconstitucional”. “No debe quedarse ni un minuto más en el gobierno. Que no haya venido a defenderse demuestra su incapacidad de enfrentar sus propios actos”, expresó el congresista Guillermo Bermejo y recogió la prensa oficial del organismo.
El trámite se aprobó por unanimidad con 118 votos. A diferencia de intentos previos para conseguir su destitución, en esta oportunidad todos los partidos con representación en el Congreso respaldaron el recurso, incluidos sectores de la derecha y el fujimorismo, quienes hasta ahora la apoyaban. Perú tuvo seis presidentes desde 2018 por destituciones o renuncias, con tres exmandatarios en prisión.
La destitución se vinculó con la oleada de violencia que atraviesa el país. Recientemente hubo un tiroteo en un concierto de la banda Agua Marina en un complejo militar de Lima y extorsiones a transportistas que motivaron fuertes protestas del sector, además del desembarco, en los últimos años, del grupo criminal venezolano conocido como el Tren de Aragua.
De esta manera, tras aplicarse el artículo 115 de la Carta Magna peruana que regula la sucesión, el presidente del Congreso, José Jerí Oré, de 38 años, tomó posesión el cargo que ocupaba Boluarte ante el Pleno del Congreso. Asumió como presidente interino y gobernará hasta las próximas elecciones, previstas para abril. “Perú atraviesa una crisis política constante que pareciera no tener fin, con gobiernos que no terminan su mandato, instituciones debilitadas y una ciudadanía cansada”, advirtió a los legisladores.
“Hay que saber pedir perdón por los errores que hemos cometido”, dijo, al tiempo que también asentó una promesa: “Comenzar a construir y sentar las bases de un país que permita generar una reconciliación entre todos los peruanos”. “Debemos sembrar esas bases el día de hoy y para ello tenemos que tomar acciones inmediatas, ya que el mal que nos aqueja en este momento es la inseguridad ciudadana”, dijo Jerí en su nuevo rol.
Afirmó que “el principal enemigo está en las calles: las bandas y organizaciones criminales son nuestros enemigos”, y anunció una “declaración de guerra a la delincuencia”. Con el apoyo de la Policía, las Fuerzas Armadas y las instituciones del Estado, Jerí dijo que la suya “no solamente es una declaración”, sino que está decidido a “ganar esa guerra de una vez por todas”. Por último, se refirió a sí mismo y dijo que “se le pueden criticar muchas cosas”, pero “no la voluntad de declararle la guerra a la delincuencia y garantizar un proceso electoral transparente, limpio y ordenado”.
Según la agencia de noticias Efe, Jerí está afiliado al partido derechista Somos Perú y en su trayectoria enfrentó diversas acusaciones, como “sospechas de corrupción cuando pertenecía a la Comisión de Presupuesto del Parlamento” y una “denuncia en su contra por violación sexual abierta en enero de 2025 y archivada en agosto”. “Hoy estamos en la mira de todo el mundo, no solamente por la sucesión constitucional que acabamos de evidenciar, sino porque nuestro país tiene la oportunidad de ser el país que siempre debió ser”, finalizó.
Boluarte también se pronunció tras la vacancia en un mensaje audiovisual que la mostró de pie junto a su gabinete. “No he pensado en mí, sino en los más de 34 millones de peruanos y peruanas que merecen un crecimiento con estabilidad democrática y un gobierno que trabaje sin corrupción como lo hemos venido haciendo durante mi gobierno”, acotó.
En la carta, la exmandataria advirtió las implicancias de la vacancia “para la estabilidad de la democracia” en Perú y repasó las cifras que dejó su gestión en medidas sociales, educación y salud. Afirmó que “con valentía y amor por la patria” asumió el mandato, y “recibió con honor la banda presidencial tras un golpe de Estado”. Sin embargo, su popularidad no reflejaba esto. Algunos sondeos recientes daban a la ahora expresidenta una aceptación popular de apenas 3%.
La fiscalía pide que se impida a Boluarte dejar el país
Luego de su destitución, la Fiscalía pidió a la Justicia que prohíba a Boluarte dejar el país por los próximos 36 meses. La solicitud del fiscal general Tomás Gálvez deberá ser estudiada por el Segundo Juzgado de Investigación Preparatoria Nacional el miércoles.
El pedido se fundamenta en 11 investigaciones judiciales que involucran a la ahora expresidenta. La más antigua apunta a su posible responsabilidad por la muerte de 49 personas durante la represión a las protestas de fines de 2022 y comienzos de 2023. Esas movilizaciones fueron motivadas por la detención del anterior presidente, Pedro Castillo, y fueron reprimidas de forma brutal, en particular en zonas de población campesina e indígena.
También se investiga si Boluarte cometió delitos de lavado de dinero y abusos vinculados con el cargo que ocupaba. Uno de los casos más sonados fue el de supuestos regalos lujosos que habría recibido, en particular, relojes Rolex. También se la acusa de falsificación de su firma durante su supuesta ausencia por intervenciones quirúrgicas de las que no informó.
De acuerdo con Efe, los líderes de los partidos que promovieron su rápido apartamiento del cargo y que la habían apoyado en el pasado ahora tienen aspiraciones de postularse a la presidencia. Es el caso de Rafael López Aliaga, el ultraderechista alcalde de Lima, y de Keiko Fujimori, la heredera política de su padre, el expresidente y dictador Alberto Fujimori.