De acuerdo con lo que las ONG Human Rights Watch y Cristosal consignaron en un informe de 90 páginas, titulado “Llegaron al infierno: tortura y otros abusos contra venezolanos en el Centro de Confinamiento del Terrorismo de El Salvador”, los 252 ciudadanos venezolanos que el gobierno de Estados Unidos envió al Centro de Confinamiento del Terrorismo (Cecot) en El Salvador en marzo y abril de 2025 como presuntos miembros de la organización delictiva Tren de Aragua fueron “torturados y sometidos a otros abusos, incluyendo casos de violencia sexual”.
En el grupo había “decenas de solicitantes de asilo tras huir de la persecución en Venezuela”, advirtieron las entidades en el informe. Las personas fueron “objeto de detención arbitraria, desaparición forzada, tortura, condiciones de detención inhumanas, en algunos casos violencia sexual y devolución”, debido a que las enviaron a un lugar donde corrían serio riesgo de ser atacadas.
Según Juanita Goebertus, directora de la División de las Américas de Human Rights Watch, “la administración Trump pagó a El Salvador millones de dólares para detener arbitrariamente a venezolanos que luego fueron sometidos casi a diario a golpizas brutales” y “fue cómplice de tortura, desaparición forzada y otras graves violaciones de derechos humanos”, por lo que debería “dejar de enviar personas a El Salvador y a cualquier otro país donde corran el riesgo de ser torturadas”.
En esa línea, aseguraron que a partir de información presentada en casos judiciales se pudo establecer que “el gobierno estadounidense proporcionó recientemente al menos 4,7 millones de dólares a El Salvador para, entre otros fines, cubrir los gastos de detención”.
Las ONG adjuntaron un documento que afirma que el gobierno de Estados Unidos, a través de la Oficina de Asuntos Internacionales de Estupefacientes y Aplicación de la Ley (INL), destina una suma de 4.760.000 dólares, a través del banco JP Morgan Chase, directamente hacia el Banco Central de Reserva del país centroamericano presidido por Nayib Bukele.
Respecto de la violencia ejercida sobre los detenidos, el informe constató que hubo “abusos físicos, verbales y psicológicos graves de forma sistemática por parte de los guardias y policías antimotines salvadoreños”. “Todos los días llegaban a hacernos requisa. Nos sacaban de la celda a todos, nos colocaban en posición de requisa, arrodillados, esposados de manos a la espalda y con brazos en la cabeza, y nos golpeaban con los bastones, patadas y puños… y luego nos dejaban arrodillados por 30 o 40 minutos”, dijo uno de los venezolanos detenidos para la elaboración del informe.
Según Julián, uno de los detenidos que ofreció su testimonio para la elaboración del informe, cuando llegaron a la prisión, el director del Cecot les dijo: “Bienvenidos a mi penal… Están acá en condición de condenados… La única manera de salir de acá es en una bolsa negra”.
Entre las verificaciones también se incluyeron exdetenidos que dijeron que fueron golpeados después de que los entrevistaran miembros del Comité Internacional de la Cruz Roja en mayo. También hubo golpizas tras la visita de la secretaria de Seguridad Nacional de Estados Unidos, Kristi Noem, en marzo. Además, tres detenidos dijeron que fueron víctimas de violencia sexual, incluyendo un recluso que declaró que fue abusado por cuatro guardias.
Paralelamente, en el informe se detallan condiciones inhumanas de reclusión, en general, representadas por “comida escasa e inadecuada, malas condiciones de higiene y saneamiento, acceso limitado a atención médica y medicamentos, y falta de actividades recreativas o educativas”.
De acuerdo con el informe, los investigadores de ambas ONG entrevistaron a 40 de los 252 venezolanos detenidos en el Cecot y a otras 150 personas entre familiares, abogados y allegados. Al mismo tiempo, revisaron “fotografías de lesiones, bases de datos de antecedentes penales, documentos relacionados con la situación migratoria en Estados Unidos y datos publicados por el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos sobre sus deportaciones”, así como “corroboraron las denuncias de los detenidos mediante análisis forenses proporcionados por el Grupo Independiente de Expertos Forenses y una investigación de fuentes abiertas realizada por el Laboratorio de Investigación del Centro de Derechos Humanos de la Universidad de California, Berkeley”.
Entre las conclusiones, las instituciones revelaron que “aproximadamente la mitad de los venezolanos enviados al Cecot no tenían condenas penales y sólo el 3% había sido condenado en Estados Unidos por un delito violento o potencialmente violento”.
Al mismo tiempo, Human Rights Watch y Cristosal, una organización de derechos humanos que trabaja en El Salvador, Guatemala y Honduras, revelaron que muchos de los deportados no habían sido condenados por delitos en Venezuela ni en otros países latinoamericanos, y sus familiares o representantes legales consignaron que “al menos 62 fueron expulsados mientras sus procesos de asilo en Estados Unidos estaban en trámite”.
Si bien Cristosal asistió a los familiares de los detenidos para presentar 76 peticiones de hábeas corpus ante la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de El Salvador, los gobiernos de Estados Unidos al igual que el salvadoreño no aportaron datos sobre estas detenciones, a pesar de recibir numerosas solicitudes de información.
A mediados de julio, el gobierno de El Salvador envió a las 252 personas a Venezuela como parte de un intercambio por diez ciudadanos estadounidenses detenidos por el gobierno de Nicolás Maduro. Human Rights Watch y Cristosal llegaron a la conclusión de que los casos de tortura y maltrato a venezolanos en el Cecot no fueron incidentes aislados, sino “violaciones sistemáticas de los derechos humanos”, enmarcadas en una práctica “diseñada para someter, humillar y disciplinar a los detenidos”.
“El gobierno de Estados Unidos no ha estado vinculado a actos de tortura sistemática a esta escala desde Abu Ghraib y la red de prisiones clandestinas durante la guerra contra el terrorismo”, opinó Noah Bullock, director ejecutivo de Cristosal, con relación a los hechos que se registraron en Bagdad, durante la campaña militar estadounidense en Irak.