La Confederación General del Trabajo (CGT) y las dos vertientes de la Central de Trabajadores de la Argentina (CTA), que son las tres grandes centrales sindicales del país, organizan una marcha para este jueves en rechazo a la reforma laboral que impulsa el gobierno de Javier Milei y que el Senado comenzará a debatir esta semana. Si bien no aprobaron un paro general para esa jornada, sí llaman a movilizarse en la Plaza de Mayo.
A la protesta se sumaron los jubilados, que marchan todos los miércoles contra las pérdidas de ingresos que sufrieron desde que asumió el nuevo gobierno. Convocan también la Unión de Trabajadores de la Economía Popular, así como organizaciones militantes por los derechos humanos, como HIJOS, y sectores políticos.
El Partido Justicialista estará representado, entre otros sectores, por el Movimiento Derecho al Futuro, que lidera el gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, y también por La Cámpora, que tiene como referente a Máximo Kirchner.
A ellos se suman grupos locales, vinculados a intendencias o municipios. También el Frente de Izquierda participará en esta protesta, y convocó a sus militantes a reunirse en Avenida de Mayo y 9 de Julio.
En su convocatoria, La Cámpora emitió un comunicado en el que, además de llamar a la movilización, repudia el atentado que sufrió el lunes la sede del Sindicato de Empleados del Vidrio. Ese día, un grupo de personas entró al local por la fuerza y destrozó muebles, documentos y parte de las instalaciones.
Para la CGT, se eligió a ese sindicato como blanco del ataque porque su líder, Cristian Jerónimo, integra la dirigencia de la central. En un comunicado, manifestó que lo ocurrido recuerda “viejas prácticas” que buscan disciplinar a la protesta social. La central advirtió que no se va a dejar “amedrentar” por estos “mensajes de odio y antidemocráticos”.
La reforma laboral que impulsa el oficialismo modifica horarios, licencias y despidos, al tiempo que limita la acción sindical, por ejemplo, el derecho de huelga. En el caso de los despidos, si la iniciativa se aprueba, se excluirán del cálculo de las indemnizaciones el aguinaldo, las diversas compensaciones que pudiera tener un trabajador, así como las vacaciones y todo lo que no integre el salario propiamente dicho y la antigüedad. Además, podrá ser pagado en cuotas.
Por otra parte, se crea un Fondo de Asistencia Laboral para pagar indemnizaciones, que si bien contará con un aporte obligatorio de los empleadores, no se sumará a las arcas de la Anses, el organismo de la seguridad social. A su vez, para los juicios laborales que se extienden en el tiempo se limitan los intereses que podría llegar a pagar el empleador.
Mediante acuerdos entre las partes se flexibiliza la jornada laboral (que puede variar en cantidad de horas de un día a otro) y las licencias (que se podrán fragmentar manteniendo un mínimo de una semana de corrido al año). Los trabajadores argumentan que en esas negociaciones son la parte débil para defender sus intereses.
La lista de cambios en el proyecto es larga. Prevé contratos a tiempo parcial; aumenta a seis meses el período de prueba de los trabajadores domésticos; considera esenciales una gama más amplia de actividades, que en caso de huelga deberán mantener una guardia gremial de entre 50% y 75% del personal; y privilegia los convenios entre una empresa y su plantilla frente a los convenios colectivos del sector.
Si bien ofrece una especie de amnistía para que los empleadores regularicen a los empleados que están “en negro”, considera que los trabajadores de aplicaciones son “repartidores independientes”.
El gobierno anunció que el jueves aplicará el llamado “protocolo antipiquetes” ante la movilización. La nueva ministra de Seguridad, Alejandra Monteoliva, muy cercana a la anterior, Patricia Bullrich, dijo al canal TN: “Queremos devolver el orden, ser un país normal”, y agregó: “Se aplica el protocolo, como siempre. Es el mismo equipo”.
Desde el Parlamento, donde ocupa una banca de senadora, Bullrich acordó con la vicepresidenta argentina, Victoria Villarruel, que este miércoles se conforme la comisión de Trabajo y Previsión, para discutir el proyecto del gobierno y acelerar el tratamiento de la reforma laboral, informó elDiarioAr.
La propia Bullrich será la encargada de presidir esa comisión y tratará de llevarla al plenario el lunes o el viernes 26, con la expectativa de que en ese ámbito se la apruebe sin demasiado debate.