El Poder Judicial concluyó que los aportes recibidos para las campañas presidenciales de 2006 y 2011, provenientes del gobierno venezolano de Hugo Chávez, la constructora OAS y del Partido de los Trabajadores a través de Odebrecht, eran ilícitos y que los acusados los legalizaron para usarlos en su proyecto político. Con este fallo, Humala Tasso se convierte en el tercer expresidente condenado por la Justicia peruana. Antes lo habían sido Alberto Fujimori y Alejandro Toledo.
El expresidente Ollanta Humala Tasso, que gobernó Perú entre 2011 y 2016, fue sentenciado el martes a 15 años de prisión efectiva por el delito de lavado de activos. Luego de siete años de investigación y tres de juicio oral, el tercer Juzgado Colegiado de la Corte Superior Nacional, en Lima, también condenó a la esposa y ex primera dama, Nadine Heredia Alarcón.
Ollanta Humala es el tercer expresidente peruano condenado por el Poder Judicial de este país en los últimos 16 años. En 2009, Alberto Fujimori –quien gobernó el país de la década de 1990 al 2000, luego de dar un golpe de Estado e instalar un régimen autoritario– fue hallado culpable de corrupción y como autor mediato de homicidio calificado, lesiones graves y secuestro agravado. Y en octubre del año pasado, el exmandatario Alejandro Toledo fue condenado a 20 años y seis meses de prisión por colusión y lavado de activos, por el caso Lava Jato, vinculado al pago de sobornos por parte de la constructora brasileña Odebrecht.
El tribunal, conformado por los jueces Nayko Coronado, Mercedes Caballero y Máx Vengoa, concluyó que los aportes recibidos para sus campañas electorales de 2006 y 2011, provenientes del expresidente venezolano Hugo Chávez, de la empresa brasileña OAS y del Partido de los Trabajadores (de Brasil) a través de la empresa Odebrecht, eran dinero ilícito que posteriormente fue blanqueado para utilizarse en las campañas electorales.
El juzgado también impuso 12 años de prisión a Ilan Heredia, hermano de Nadine. El Poder Judicial informó que la ejecución será inmediata, por lo que los tres deberán ser internados en un establecimiento penal que defina el Instituto Nacional Penitenciario.
La defensa informó que apelará la decisión del juzgado. Según la acusación del fiscal Germán Juárez, confirmada con la sentencia, para la campaña de 2006, Ollanta Humala recibió dinero que el fallecido expresidente venezolano Hugo Chávez obtuvo del erario de dicho país de manera ilegal. Los aportes llegaron a Perú a través de la empresa Kaysamack y también en valijas diplomáticas.
Según la Fiscalía, sólo en los reportes de publicidad se encontró un desbalance de 4,5 millones que no tenían justificación.
En el caso de la campaña de 2011, el tribunal aceptó las pruebas que confirman que la expareja presidencial recibió tres millones de dólares por parte del Partido de los Trabajadores, liderado por el actual presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, y que este monto fue entregado a través de la empresa Odebrecht. Los altos directivos de esta compañía brasileña, Marcelo Odebrecht y Jorge Barata, reconocieron haber enviado aportes para dicha campaña. A esto se suman los 505.000 dólares que entregó la constructora brasileña OAS.
La sentencia también ordena la disolución de la empresa Todo Graph SAC y la imposición de 100 UIT [Unidad Impositiva Tributaria] al Partido Nacionalista.
Esta condena marca un precedente que será clave en otros procesos similares, entre ellos el caso conocido como Cócteles y Lava Jato, que alcanzan a la líder de Fuerza Popular, Keiko Fujimori. En esta investigación, que fue regresada a la etapa intermedia por una sentencia del Tribunal Constitucional, se sostiene que ese partido lavó más de 17,3 millones de dólares para utilizarlos en sus campañas presidenciales de 2011 y 2016.
Aunque no fue sentenciado en Perú, en enero de 2017 la Justicia italiana sí condenó a cadena perpetua al expresidente de la Junta Militar de Perú Francisco Morales Bermúdez (fallecido en julio de 2022) por su participación en el Plan Cóndor. En enero de 2022, el Tribunal Supremo italiano confirmó la sentencia. Nunca se concretó su extradición.
Campaña de 2006
La acusación fiscal, presentada en 2019 por el fiscal Germán Juárez Atoche, sostiene que Hugo Chávez, entonces presidente de Venezuela, utilizaba dinero del erario público de dicho país para “el financiamiento ilegal de campañas electorales en América”.
El mismo documento señala que el envío del dinero de Venezuela a Perú se dio principalmente por dos vías: la empresa Kaysamack CA y por valijas diplomáticas que eran traídas por encomendados de confianza del gobierno venezolano.
Kaysamack CA, vinculada a funcionarios del gobierno de Chávez, envió la suma de, por lo menos, US$ 67.556,68, según la acusación fiscal. También se menciona que parte de este monto, recibido por intermediarios, fue posteriormente depositado en cuentas de Nadine Heredia.
Con respecto a la otra modalidad, la indagación del fiscal Germán Juárez lo llevó a sostener que Hugo Chávez también enviaba dinero en efectivo por medio de Virly Torres Curbelo, representante del cuerpo diplomático de Venezuela en Perú.
Para sustentar esto, se mencionan declaraciones del expresidente Alejandro Toledo, del expresidente Pedro Pablo Kuczynski, del excongresista nacionalista Álvaro Gutiérrez Cueva, del exmayor del Ejército Ítalo Ponce Mego, entre otros testigos. Asimismo, se mencionan los apuntes encontrados en las agendas de la ex primera dama, Nadine Heredia.
La investigación fiscal también da cuenta de que existen informes técnicos de la Oficina Nacional de Procesos Electorales que revelaron un desbalance entre los ingresos (S/4.903.642,93) y gastos (S/6.756.699,85) de aquella campaña. Una pericia contable realizada por la propia Fiscalía arrojó que sólo en gastos de publicidad existía un monto de S/4 millones que no estaban justificados.
La defensa de Ollanta Humala, el abogado Wilfredo Pedraza, indicó a Ojo Público, un día antes de la lectura de sentencia, que la Fiscalía no ha logrado acreditar que Hugo Chávez sustrajo dinero del erario público de su país y que posteriormente se lo envió al expresidente. Agregó que el fiscal Germán Juárez no ha logrado determinar el monto global que supuestamente se habría enviado desde Venezuela.
También sostuvo que no se ha probado que Virly Torres entregó dinero en valijas diplomáticas. “Nosotros hemos acreditado que Virly nunca salió del país entre 2005 y 2007”. Además, indicó que los testigos de la Fiscalía, entre ellos Alejandro Toledo y Pedro Pablo Kuczynski, se retractaron en el juicio oral sobre la existencia de esas valijas.
Con relación a los aportes de Kaysamack CA, Pedraza explicó que esta fue una donación para la fundación del partido, y que la empresa era estadounidense. “No existe en juicio oral ninguna evidencia que podría hacer presumir que ese dinero tenga relación con Venezuela”.
Finalmente, informó que la Fiscalía presentó informes parciales de la ONP, pero que la defensa había demostrado que dichos informes fueron subsanados en su momento. Con respecto al desbalance en gastos de publicidad, sostuvo que se trata de una irregularidad en la pericia realizada por la Fiscalía. “Cuantificaron la franja electoral, cuando esta es gratuita”.
Campaña de 2011
La acusación fiscal sostiene que para la campaña de 2011 la expareja presidencial recibió aportes de la empresa constructora brasileña OAS y del Partido de los Trabajadores, este último por medio de la empresa Odebrecht.
Con relación a OAS, la investigación fiscal sostiene que en 2009 Ollanta Humala y Nadine Heredia conocieron al representante de la constructora en Perú, Valfredo de Assis Ribeiro Filho. De acuerdo a la acusación, se estableció un acuerdo entre la empresa y el futuro candidato: De Assis Ribeiro Filho les entregaba financiamiento y Humala se comprometía a beneficiarlo con la adjudicación de alguna obra en regiones.
Es así que, según la investigación del fiscal Juárez Atoche, Nadine Heredia recibió 189.000 dólares como parte de sueldos de un contrato ficticio con la empresa. Posteriormente, se menciona que el pacto se cumplió cuando, en el Cusco, asumió como gobernador regional Jorge Acurio Tito, candidato del Partido Nacionalista. Luego, OAS obtuvo la licitación de una obra de mejoramiento del hospital Antonio Lorena del Cusco, esto durante el gobierno de Ollanta Humala.
La empresa OAS también entregó 316.000 dólares para el pago del salario del publicista brasileño Valdemir Pereira Garreta, según la pesquisa fiscal. La idea era que este ayudara a cambiar la imagen chavista que tenía Humala luego de la campaña de 2006.
Posteriormente, según la línea de tiempo de la investigación, la expareja presidencial se acercó al Partido de los Trabajadores, fundado por Luiz Inácio Lula da Silva, quien se ofreció a enviar aportes de campaña. La descripción en la acusación indica que el exdiputado brasileño Antonio Palocci, en nombre del partido, se comunicó con Marcelo Odebrecht para solicitarle que enviara tres millones de dólares a favor de la candidatura de Ollanta Humala.
Esta versión también fue respaldada por el mismo Marcelo Odebrecht y por el director de la empresa en Perú, Jorge Barata. Ambos reconocieron que entregaron ese dinero, que, además, era proveniente del Departamento de Operaciones Estructuradas, un sistema paralelo de la compañía dedicada al pago de sobornos.
En contraparte, el abogado Wilfredo Pedraza indicó que en el juicio oral no se ha presentado ninguna prueba que certifique los aportes de la empresa OAS. “Los funcionarios de la empresa no han declarado, no han enviado documentos, la Fiscalía tampoco. Prácticamente no existe”.
Con relación al dinero de Odebrecht, Pedraza sostuvo que existe una serie de contradicciones temporales entre las declaraciones de Marcelo Odebrecht y las de Jorge Barata. “Marcelo Odebrecht dice que recibió la llamada de Antonio Palocci entre abril y mayo de 2011, pero [Jorge] Barata dice que empezó dando aportes desde agosto de 2010”.
Agregó que la Fiscalía, para subsanar esta contradicción, presentó documentos del Departamento de Operaciones Estructurales donde se mencionaban pagos, pero que estos tampoco corresponden con la línea de tiempo narrada por Odebrecht y Barata.
Estos serán los argumentos que la defensa sustentará para intentar revertir la sentencia en segunda instancia.
Este artículo fue publicado originalmente por Ojo Público.