Tres agencias de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) le pidieron al Estado peruano que derogue una ley promulgada el sábado por la presidenta, Dina Boluarte, previamente aprobada por el Congreso, que juzgará como adultos a los adolescentes de 16 y 17 años que cometan algunos delitos graves y los enviará a cárceles de adultos.
En un comunicado conjunto, el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (Unicef), el Fondo de Población de las Naciones Unidas (FPNU) y la Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC) instaron a Perú a dotar de recursos al sistema de justicia juvenil “para abordar los hechos de violencia que afectan la seguridad ciudadana y garantizar la prevención y reinserción social de los adolescentes que cometen delitos”, de acuerdo a lo que consignó la agencia Associated Press.
La normativa fue aprobada la semana pasada por el Congreso peruano con 44 votos a favor, 24 en contra y 21 abstenciones, luego de ser presentada por Alejandro Muñante, vocero del partido derechista y ultraconservador Renovación Popular, y José Luna Gálvez, líder de Podemos Perú, otro de los varios sectores de derecha que están representados en el fragmentado y desprestigiado Poder Legislativo del país.
La ley permite –promulgada posteriormente por Boluarte, quien al igual que el Congreso tiene bajísimos niveles de aprobación dentro de la opinión pública peruana– que los adolescentes sean juzgados como adultos cuando cometan algunos delitos graves como terrorismo, homicidio calificado, secuestro, extorsión, sicariato, narcotráfico y violencia sexual.
La norma, aprobada en un momento en el que Perú está atravesando una severa crisis de inseguridad, con 459 homicidios registrados en los primeros tres meses del año, la cifra más alta de las últimas dos décadas, fue criticada por la fiscalía, el Poder Judicial y la Defensoría del Pueblo, que coincidieron en que la ley es inconstitucional y contraria a los tratados internacionales firmados por Perú.
En este sentido, la fiscal de la Nación, Delia Espinoza, expresó su rechazo a la ley y adelantó que la institución que lidera viene evaluando qué acciones legales adoptarán para revertir su vigencia, según lo consignado por el diario limeño La República.
“Si la criminalidad quiere instrumentalizar a nuestros niños y niñas, ya no usando a chicos de 16 y 17 años, sino de 15 y 14, ¿vamos a seguir cambiando la ley para perseguirlos como si fueran adultos? Ese es el camino equivocado que tenemos y estamos a punto de rectificar”, cuestionó Espinoza.
El Poder Judicial indicó que los jueces están facultados a no aplicar la ley, y la fiscalía añadió que la norma “no es eficiente” para los objetivos que persigue, mientras que la Defensoría del Pueblo sostuvo que no considera la evidencia científica en psicología y neurociencias, “que señala que el cerebro adolescente está en desarrollo, impactando el control de impulsos, toma de decisiones y evaluación de riesgos”.
Las agencias de las Naciones Unidas indicaron, además, para fundamentar su oposición a la ley aprobada por el Congreso y por la mandataria, que “estadísticas oficiales demuestran que el 98% de los casos de criminalidad registrados son cometidos por adultos”, por lo que la norma “no será significativa en la reducción de la criminalidad que afecta al país”.
En el comunicado de la ONU se agrega que, contrariamente a lo que pretende, la ley acrecienta “el riesgo de que los adolescentes que cumplan penas junto con adultos, lejos de lograr la rehabilitación social, sean influenciados por el entorno para continuar una trayectoria criminal”.
La fiscalía recordó también que en Perú ya existe un sistema de tratamiento a los adolescentes que infringen la ley penal.
“Ellos reciben medidas socioeducativas severas de hasta diez años de internamiento, dentro de un enfoque resocializador del adolescente, reconociendo que se trata de una persona en formación”, expresó en un comunicado el Ministerio Público.