En la tarde del martes, el juez Jorge Gorini definió concederle la prisión domiciliaria a la expresidenta argentina Cristina Fernández, a quien la semana pasada la Corte Suprema le ratificó la condena a seis años de prisión e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos en el marco de la causa denominada Vialidad, sobre la adjudicación de obras públicas en la provincia de Santa Cruz.
Con su decisión, Gorini, quien es el juez que encabeza el Tribunal Oral Federal 2 en el que se tramitó la causa, le dio lugar al pedido que había hecho el defensor legal de la líder peronista, Alberto Beraldi, por lo que podrá permanecer detenida en su apartamento situado en el barrio Constitución, en la ciudad de Buenos Aires.
Los fiscales del caso, Diego Luciani y Sergio Mola, se habían manifestado en contra de la prisión domiciliaria y pretendían que la exmandataria cumpliera su condena en una cárcel. Pero el juez Gorini dio lugar a la solicitud de Beraldi, quien dio una extensa serie de argumentos para que su representada permanezca detenida en su hogar.
Además de que Fernández es mayor de 70 años –tiene 72–, su abogado expresó a través del escrito presentado a Gorini, al que accedió Página 12, que ella tiene una custodia permanente de la Policía Federal, que el Estado está obligado a proporcionar a quienes ocuparon la presidencia de la Nación.
Beraldi recordó, además, que durante el proceso Fernández fue víctima de un intento de magnicidio, en octubre de 2022, episodio todavía no aclarado por la Justicia. En el fallo en el que comunicó la medida, el tribunal que encabeza Beraldi dispuso una serie de medidas que Fernández deberá cumplir mientras esté detenida en su casa.
Según el fallo judicial consignado por ElDiarioAR.com, la líder peronista deberá permanecer en su domicilio, salvo fuerza mayor o autorización judicial. También deberá abstenerse de perturbar la convivencia del vecindario, por lo que no podrá haber manifestaciones públicas masivas en torno a su domicilio.
Paralelamente, la Justicia le dio a la exmandataria un plazo de 48 horas para que presente una lista de personas que estarán autorizadas a ingresar en su apartamento, incluidos familiares, médicos y abogados. Además, se ordenó la colocación de una tobillera electrónica para supervisar los movimientos de Fernández, rechazando el pedido de la defensa de omitir este dispositivo.
La decisión del juez Gorini, que fue comunicada a Beraldi mediante una comunicación por Zoom, era esperada para este martes, en virtud de que La Cámpora, otras agrupaciones kirchneristas, peronistas, organizaciones sociales y sindicales, como así también dirigentes del sector, estaban convocando a una manifestación masiva hacia los tribunales de la calle Comodoro Py, en el barrio Retiro, que era donde Fernández se tenía que presentar el miércoles para comenzar su régimen de detención.
Desde el gobierno del presidente Javier Milei intentaron por todos los medios desarticular esta movilización de la oposición, que se presume que será masiva, y, en ese sentido, el domingo el jefe de Gabinete, Guillermo Francos, había expresado en una entrevista que “sería lógico que Cristina no tenga que ir a Tribunales, que la notifiquen por Zoom”.
Pero, en las primeras horas de la noche del martes, desde el Partido Justicialista (PJ) informaron que la movilización se realizará, aunque no se dirigirá a Comodoro Py, sino a la emblemática Plaza de Mayo a las 14.00.
“Mañana todos a Plaza de Mayo. La Argentina está viviendo un momento muy difícil. Se ha roto el pacto democrático en relación a la condena a una inocente”, anunció Mayra Mendoza, la intendenta de Quilmes, al término de la reunión que mantuvieron con gobernadores en la sede del PJ, de acuerdo a lo que informó Ámbito Financiero.