El 8 de marzo, el Servicio de Control de Inmigración y Aduanas estadounidense arrestó a Mahmoud Khalil en la puerta de un apartamento en Nueva York, en un edificio de la Universidad de Columbia, donde vivía con su esposa estadounidense, Noor Abdalla, que estaba embarazada.
Khalil, que es palestino, contaba con un permiso de residencia permanente, la green card, pero las autoridades migratorias lo mantuvieron detenido en centros para inmigrantes sin papeles durante 104 días. Pasó gran parte de ese tiempo en Luisiana, a 1.600 kilómetros de distancia de su familia. Su detención fue parte de la política del gobierno de Donald Trump contra las protestas masivas que se desarrollaron en universidades en 2024 en repudio a la ofensiva israelí en la Franja de Gaza. El gobierno apuntó en particular contra estudiantes extranjeros.
En la Universidad de Columbia, de la que egresó a fines del año pasado, Khalil fue uno de los interlocutores entre los manifestantes y las autoridades universitarias.
El juez Michael Farbiarz ordenó el viernes su libertad bajo fianza. Concluyó que no hay riesgo de fuga y que Khalil no representa “un peligro para la comunidad”. También señaló que existió “un esfuerzo violatorio del debido proceso para castigar” al exestudiante, según citó CNN. El juez señaló que no había fundamentos para argumentar que la presencia de Khalil en el país iba en contra del interés nacional. Sus abogados, que continúan trabajando en este proceso, señalan que fue detenido por sus posturas a favor de los palestinos.
Durante los tres meses en los que estuvo recluido en centros de detención y bajo amenaza de deportación, otros participantes en las protestas fueron arrestados y liberados. En ese lapso, también nació su hijo.
El sábado fue liberado y se reencontró con su familia en Nueva Jersey. En declaraciones a periodistas en el aeropuerto dijo que “la lucha está lejos de terminar” y que sigue “abogando por los palestinos, por los inmigrantes que quedaron atrás en esa instalación” en la que estuvo recluido. Destacó que durante su detención pudo conocer de primera mano las condiciones en las que se vive en esos lugares y relató que convivió con migrantes y escuchó “una historia trágica tras otra”.
“La administración Trump está haciendo todo lo posible por deshumanizar a todos aquí”, sostuvo, y puntualizó que, “aunque se hizo justicia, llegó muy muy tarde, y esto no debió haber tomado tres meses”. “Nadie debería ser encarcelado por denunciar un genocidio”, agregó.
Este lunes, ya de regreso en Nueva York, Khalil se reunió con cientos de manifestantes propalestinos frente a la catedral de San Juan el Divino, cerca de la Universidad de Columbia. Allí cuestionó la falta de apoyo de la Universidad de Columbia, el “racismo antipalestino” y la “histeria fabricada sobre el antisemitismo debido a las protestas”.
La expulsión ilegal de Kilmar Ábrego
Si Khalil se convirtió en un símbolo de las protestas estudiantiles a favor de los palestinos y de la persecución de Trump a ese movimiento, el salvadoreño Kilmar Ábrego se volvió un emblema de las injusticias en la política contra los migrantes que lleva adelante Washington. Por “error”, Ábrego fue deportado junto a otras 230 personas desde Estados Unidos, a pesar de que tenía un estatus que lo protegía de la deportación. Fue enviado esposado a El Salvador, de donde se había visto forzado a huir años atrás por la violencia de las maras.
Sucesivas órdenes judiciales que reclamaron información sobre su paradero, primero, y su retorno, después, permitieron que regresara a Estados Unidos el 6 de junio. Tanto un juzgado de Maryland como la Corte Suprema concluyeron que su expulsión fue ilegal. Sin embargo, una vez que regresó, fue acusado de tráfico de personas porque en 2022 la Policía lo detuvo junto a varios indocumentados. Su defensa niega que haya cometido ese delito, que podría ser castigado con hasta 20 años de cárcel.
El domingo, la jueza Barbara Holmes, del estado de Tennessee, ordenó que Ábrego quede en libertad y dijo que tendrá acceso al debido proceso. Para este miércoles está prevista una audiencia para analizar las condiciones de su liberación.
El gobierno de Trump anunció que apelará la decisión de dejarlo en libertad y que permanecerá bajo vigilancia con miras a su deportación.