Los artefactos explosivos sin detonar que se encuentran bajo una de las numerosas colonias de pingüinos de la Antártida probablemente no supongan ningún riesgo para las personas que trabajan en las inmediaciones.
Aunque pueda parecer una frase descabellada, refleja con precisión la actitud descuidada con la que se han llevado a cabo las misiones humanas en la Antártida. A principios del siglo XX, las expediciones antárticas tenían preocupaciones más inmediatas que anotar exactamente dónde habían enterrado la dinamita.
Durante la última temporada antártica se llevaron a cabo trabajos para investigar los niveles de amenaza que suponen las municiones abandonadas por las expediciones en el cabo Adare, tal y como confirmó el New Zealand Antarctic Heritage Trust (NZAHT) en un correo electrónico enviado a Jacobin. En un principio, estaba previsto para el verano del hemisferio sur de 2023-2024, pero, según el NZAHT, la agencia gubernamental Antarctica New Zealand “no pudo proporcionar apoyo logístico para el evento”.
No se trataba de un simple servicio logístico. El cabo Adare, lugar del primer desembarco confirmado y del primer asentamiento en la Antártida, se encuentra a 730 kilómetros de la base Scott de Nueva Zelanda. Además, es azotado regularmente por vientos de 200 kilómetros por hora.
La Antártida es una tierra hostil, con un sistema de gobernanza diseñado para garantizar la cooperación. Sin embargo, el impacto de las hostilidades internacionales se deja sentir cada vez más. Aunque la total falta de transparencia para los observadores externos significa que no sabremos exactamente qué ocurrió en la última Reunión Consultiva del Tratado Antártico (ATCM), que finalizó el 3 de julio en Milán, es probable que los principales problemas a los que se enfrenta el continente sigan sin abordarse durante meses.
Alan Hemmings es profesor adjunto del Centro Gateway Antarctica para Estudios e Investigaciones Antárticas de la Universidad de Canterbury, en Nueva Zelanda. Él cree que los participantes en la reunión la considerarán un éxito por el mero hecho de haberse celebrado, pero eso no significa que vaya a dar lugar a nada sustancial: “Llevamos una década sin adoptar ninguna medida jurídicamente vinculante, salvo planes de gestión de las zonas protegidas. No creo que eso vaya a cambiar este año”.
El impacto del aislamiento
Las labores para mitigar el daño causado por la breve presencia humana en la Antártida no parecen ser una prioridad. De hecho, las pruebas de esa presencia pueden ser una extraña forma de moneda de cambio para participar en los debates sobre la gobernanza de la Antártida, donde no hay pueblos indígenas que se opongan a los deseos imperiales, a diferencia de lo que ocurre en el Ártico.
Una inspección francesa a la abandonada estación Wilkes, en Australia, a comienzos de 2024, encontró miles de tambores de combustible oxidados y varias sustancias peligrosas. Esto empujó finalmente al gobierno australiano a tomar medidas para limpiarla, 55 años después del cierre definitivo de la antigua base estadounidense. En una muestra casi absurda de la pérdida de interés de Australia en los asuntos antárticos, en 2023 se supo que el nuevo rompehielos del país era demasiado grande para pasar con seguridad por debajo del puente de Tasmania, en Hobart, la autodenominada “ciudad puerta de entrada a la Antártida” de Australia.
Mientras que los estados con una larga historia de participación en la Antártida se enfrentan a su pasado, los relativamente nuevos están ampliando su presencia. En el último año, tanto Rusia como China abrieron nuevas instalaciones o estaciones de investigación en el continente. Esto eleva el total combinado a 16, aunque seis de las rusas están hoy cerradas temporalmente y China ya está planeando otra estación.
Queda mucho por hacer para que las estaciones de investigación antárticas sean lugares seguros y acogedores. El aislamiento lo complica todo y dificulta enormemente la lucha contra cualquier tipo de delito. Por ejemplo, aunque los niveles de pesca ilegal, no declarada y no reglamentada (INDNR) parecen bajos, rastrear un barco en la inmensidad del océano Austral es complicado. Incluso cuando se logra identificar a estos buques, puede ser difícil hacer algo al respecto.
A principios de 2020, la marina de Nueva Zelanda avistó el Palmer, un barco pesquero ruso, operando en aguas cerradas a la pesca comercial. Cuando se les interrogó, las autoridades pesqueras rusas proporcionaron pruebas que supuestamente demostraban que el Palmer se encontraba a varios cientos de kilómetros del lugar donde había sido fotografiado claramente. Posteriormente, Rusia vetó la inclusión del barco en la lista de embarcaciones que faenan ilegalmente.
Protegida, pero aún vulnerable
La lejanía de la Antártida tiene un doble efecto. Si bien puede significar que no se aborden los daños existentes, el continente también permanece en gran medida fuera del alcance de todos, salvo de los científicos, los turistas de cruceros y algún que otro viajero solitario idiota.
Donald Trump aún no puso sus ojos en los abundantes yacimientos minerales y fósiles de la Antártida. Al fin y al cabo, cruzar el a menudo violento océano Austral y hacer frente a los duros climas y al espeso hielo para extraer esos recursos naturales es más complicado que aumentar la producción nacional o intentar intimidar a Ucrania o a Groenlandia para que renuncien a los suyos.
También existe un obstáculo más formal: el Protocolo sobre Protección del Medio Ambiente del Tratado Antártico. El artículo 7 del acuerdo de 1991 prohíbe “cualquier actividad relacionada con los recursos minerales, salvo la investigación científica”.
El protocolo fue el resultado de un importante compromiso después de que Australia y Francia se retiraran de un plan para regular la futura extracción de minerales en favor de una prohibición total. Las partes del tratado que apoyaban una protección más estricta tuvieron que hacer frente a la oposición de estados como Japón y Reino Unido, siendo Estados Unidos el rebelde más significativo. Según Hemmings, dado que Estados Unidos configuró el Sistema del Tratado Antártico desde sus inicios, este se encuentra “estructurado de tal manera que favorece el liderazgo estadounidense”.
Tras aceptar los términos originales, como el propio Hemmings informó en su momento, Washington insistió en modificar el protocolo para facilitar la retirada de los estados. 34 años después, afirma, Estados Unidos sigue sin estar dispuesto a permitir que otras partes le impongan obligaciones. Junto con otros siete estados con poder de decisión en el Sistema del Tratado Antártico, aún no ratificó un acuerdo sobre la responsabilidad por daños medioambientales en el continente blanco.
Muchos de los problemas a los que se enfrenta la Antártida son el resultado de la cautela de los estados. Si restringen ahora sus opciones actuando con decisión para proteger el continente, corren el riesgo de perder una futura recompensa. Para complicar aún más las cosas, existen varias reivindicaciones territoriales sobre segmentos del continente antártico que los términos del Tratado Antártico dejaron en un limbo jurídico, sin ser aceptadas ni rechazadas formalmente.
Noruega, Australia, Francia y Nueva Zelanda reclaman zonas distintas, mientras que Reino Unido, Chile y Argentina reclaman regiones superpuestas centradas en la península antártica, la zona con mayor concentración de infraestructuras de investigación. Esta cuestión no se menciona en el reciente informe sobre la Antártida de la Comisión de Auditoría Medioambiental del Parlamento británico.
Mientras las reivindicaciones sigan en el limbo, es difícil defender el valor del “Territorio Antártico Británico”, salvo en un escenario futuro de extracción desenfrenada de recursos. Rusia y Estados Unidos, entre otros países, se reservan el derecho a presentar reivindicaciones en el futuro, probablemente por la misma razón.
Aunque este escenario sigue siendo relativamente lejano, la conexión de la Antártida con los sistemas climáticos globales la convierte en una rica fuente de datos y en un entorno muy vulnerable. El agujero en la capa de ozono sobre el continente se descubrió gracias, en parte, a las investigaciones realizadas en las bases antárticas, y el cambio climático supone una amenaza colosal para las especies y los entornos antárticos.
En este contexto, la ciencia es vital en la Antártida y, en general, se considera la fuente de legitimidad del sistema del tratado. Actualmente hay 29 partes consultivas con poder de decisión y otras 29 partes no consultivas. Lo que distingue a las primeras de las segundas es, en teoría, el hecho de que llevan a cabo “actividades sustanciales de investigación científica” en la Antártida.
Recortes al consenso
Ya no basta con producir ciencia para obtener la condición de parte consultiva. De los 20 países que más han contribuido a la ciencia antártica en los últimos años, 19 son partes consultivas. El único que no lo es, Canadá, fracasó en varias ocasiones en sus solicitudes para obtener dicha condición, lo que demuestra la gran influencia de la política internacional en el Sistema del Tratado Antártico.
Dado que el Sistema del Tratado Antártico funciona por consenso, todas las partes consultivas pueden denegar su consentimiento a cualquier resolución si así lo desean. Los registros públicos no revelan qué partes se niegan a respaldar medidas concretas, pero se entiende que las solicitudes de Canadá y Bielorrusia entran en conflicto directo entre sí.
Actualmente se está produciendo una disputa por poder sobre la condición del pingüino emperador, que la mayoría de las partes consultivas intentaron designar como especie especialmente protegida. China bloqueó el consenso en este caso, sugiriendo que los emperadores ya están suficientemente protegidos, en otra demostración de las dificultades a las que se enfrenta el sistema del tratado.
Durante años, la gobernanza de la Antártida no fue satisfactoria, ya que los estados se mostraron muy dispuestos a realizar investigaciones climáticas como medio para confirmar su interés en el futuro del continente, pero mucho menos dispuestos a actuar para mitigar los daños previsibles. En vista de la influencia a largo plazo de Washington sobre el sistema antártico, que según Hemmings hizo “muy difícil incluir las cuestiones relacionadas con el cambio climático en la agenda”, el investigador con sede en Canberra sugiere que su retirada efectiva de los asuntos antárticos significa que ahora hay aún menos posibilidades de que eso cambie: “Creo que lo que se ve es que, como Estados Unidos es siempre el elefante en la habitación, tiene un efecto disuasorio sobre otros países. No creo que nadie vaya a la reunión de Milán con ideas particularmente progresistas, brillantes o novedosas. Si tomamos un país como Nueva Zelanda, Australia o Reino Unido, saben que Estados Unidos está en un lío. Entonces, ¿quieren llevar algo valioso a esta reunión y ver cómo no llega a ninguna parte? ¿O prefieren mantener sus cartas ocultas?”.
Todas estas son preguntas muy pertinentes. Evitar la implementación de nuevas medidas puede ser, en efecto, una estrategia para dejar pasar un mandato de cuatro años, pero difícilmente eso represente una transformación revolucionaria del sistema. Para proteger la Antártida de aquellos estados que están a la espera de ver quién parpadea primero, tal vez lo que el continente necesite sea justamente esa transformación.
Una versión más extensa de este artículo se publicó originalmente en Jacobin.