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La secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, y el presidente de Estados Unidos, Donald Trump durantre una visita al centro de detención de migrantes, conocido como "Alligator Alcatraz", ubicado en un antiguo Aeropuerto de Entrenamiento en Ochopee, Florida.

Foto: Andrew Caballero-Reynolds, AFP

Trump convierte el servicio antiinmigración en la mayor agencia de seguridad y usa la expulsión del país como amenaza contra sus rivales

8 minutos de lectura
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Con la creación de “el Alcatraz de los caimanes”, el gobierno estadounidense avanza sus planes de utilizar los centros de detención más cuestionados para albergar a los extranjeros antes de su deportación.

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Leído por Mathías Buela
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Dennis Guillen-Soliz, un jardinero hondureño de 30 años, hacía su trabajo el martes en Ontario, una ciudad de California, cuando vio acercarse a funcionarios del servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, en inglés). Para escapar de esa agencia, que se convirtió en el terror de los migrantes en Estados Unidos, huyó e intentó esconderse en un centro de salud cercano.

También allí, en el Centro de Cirugía Avanzada, el ICE causó espanto. Hombres con la cara cubierta y chalecos antibalas entraron al lugar persiguiendo a Guillen-Soliz. Allí lo detuvieron sin presentar una orden judicial.

Un video registrado por un testigo y publicado por la cadena CBS muestra a dos de esos funcionarios cuando capturan a Guillen-Soliz, que intentaba sostenerse del marco de una puerta para que no se lo llevaran. Los trabajadores del centro de salud pedían que lo dejaran irse, e incluso, como los funcionarios no se habían identificado, alguno llamó a la Policía para denunciar un secuestro.

Sin embargo, para el Departamento de Seguridad Nacional, el operativo fue correcto. Incluso calificó de “denuncia falsa” el llamado a la Policía y acusó a trabajadores del centro de salud de “agredir” a los funcionarios para evitar la detención.

En este clima, el obispo de la Diócesis de San Bernardino, en California, Alberto Rojas, excusó a los migrantes de asistir a misa. Reconoció la “preocupación” y el “miedo” que sienten “muchos fieles” por temor a las redadas, y dijo que ese miedo “constituye un grave inconveniente que puede perjudicar el bien espiritual” de esas personas.

El enorme gasto antiinmigrantes

La “gran y hermosa” ley de presupuesto del presidente Donald Trump, como él mismo la llama, convirtó al ICE en la mayor agencia de seguridad de Estados Unidos, con un presupuesto de 75.000 millones de dólares, una cifra que supera los recursos sumados del FBI y la DEA, la agencia antidrogas, y que se acerca mucho al PIB de Uruguay.

Según la organización Liga de Ciudadanos Latinoamericanos Unidos (Lulac), el presupuesto del ICE supera al de casi todos los ejércitos del mundo, con cinco excepciones: Estados Unidos, China, Rusia, India y Arabia Saudita.

Con esos recursos está previsto que construya centros de detención y nuevos tramos del muro en la frontera con México, que contrate 10.000 funcionarios para reforzar los 20.000 con los que ya cuenta, además de sumar 3.000 integrantes a la Patrulla Fronteriza y 3.000 funcionarios de aduanas, según el Departamento de Seguridad Nacional. Esta institución estima que se alcanzará a deportar un millón de personas por año.

Con estas medidas, Trump dijo que no cree que vaya a necesitar demasiados recursos para poner barreras en la frontera con México, porque en junio, según sus datos, no ingresó ningún migrante irregular.

Contra quienes nacieron en Estados Unidos

El plan de Trump no se limita a quienes ingresan al país sin la documentación migratoria correspondiente o se encuentran indocumentados dentro de Estados Unidos. También dictó una orden ejecutiva para terminar con la ciudadanía por derecho de nacimiento, lo que afecta a aquellos hijos de migrantes que nacieron en Estados Unidos, sin importar su edad actual.

Como muchas otras políticas de Trump, esta es objeto de una disputa legal. El jueves, el juez federal de New Hampshire Joseph Laplante bloqueó esta orden ejecutiva en respuesta a una demanda colectiva que presentó la Unión Estadounidense de Libertades Civiles (ACLU, en inglés). Argumentó que “la privación de la ciudadanía estadounidense y un cambio abrupto de una política que ha tenido una larga duración es un daño irreparable” para los demandantes, de acuerdo con CNN.

Frente a la ola de demandas que disparó la presidencia de Trump, la Corte Suprema, de mayoría conservadora, emitió a finales de junio un fallo que restringe las competencias que tienen los jueces de tribunales de menor jerarquía para frenar la aplicación de este tipo de decreto. Sin embargo, ese pronunciamiento no comprendió el caso de las demandas colectivas, como la que presentó la ACLU ante Laplante.

La ACLU accionó en nombre de personas que residen en Estados Unidos sin tener la nacionalidad y cuyos bebés serían afectados por esta norma. Incluyen el caso de un solicitante de asilo hondureño cuya pareja está embarazada con fecha de parto para octubre, y el de un brasileño que intenta obtener la residencia permanente y que tuvo un hijo en marzo, informó France24.

Según la Decimocuarta Enmienda de la Constitución: “Todas las personas nacidas o naturalizadas en Estados Unidos y sujetas a su jurisdicción son ciudadanas de Estados Unidos”. Pero el gobierno de Trump argumenta que la expresión “sujetas a su jurisdicción” habilitaría a las autoridades a dejar afuera de esta norma a los hijos de padres que residen en forma irregular en el país.

Los abogados del gobierno afirman que por más de un siglo se interpretó en forma errónea esa enmienda, lo que creó “un incentivo perverso para la inmigración ilegal que ha afectado negativamente la soberanía, la seguridad nacional y la estabilidad económica” del país.

La Corte Suprema de su lado

En otro caso, la Corte Suprema se pronunció en contra del fallo de un tribunal de menor jerarquía y le dio la razón al gobierno en su voluntad de deportar a Sudán del Sur a un grupo de migrantes que nació en una base militar estadounidense en Yibuti, un pequeño país africano fronterizo con Eritrea, Etiopía y Somalia.

El principal tribunal estadounidense, que ha dado el visto bueno para los despidos masivos de Trump en el Estado, también autorizó en mayo al presidente a terminar con el Estatus de Protección Temporal (TPS) que protegía a unos 350.000 migrantes venezolanos. Días atrás, el gobierno anunció la eliminación del TPS que protege a unos 72.000 hondureños y 4.000 nicaragüenses desde 1999.

El Departamento de Seguridad Nacional argumentó que estos dos países “ya no cumplen los criterios” para su inclusión en el TPS. Señaló que ese estatus les fue concedido por el impacto que causó en 1998 el huracán Mitch en Centroamérica, donde dejó 11.300 muertos, pero que desde entonces hubo “mejoras notables” en la situación de los dos países.

Manifestó que Nicaragua “es un creciente líder en turismo, ecoturismo, agricultura y energía renovable”, y en Honduras “nuevos proyectos de infraestructura” están transformando el país y creando empleos. Antes, Trump también había anunciado el final del TPS para unos 521.000 haitianos, lo que inició disputas en los tribunales.

Para la presidenta de Honduras, Xiomara Castro, la decisión tomada por Trump es un “golpe” para sus compatriotas. “El gobierno de Honduras los abraza, donde quiera que se encuentren, y les asegura que mantendremos un diálogo abierto y franco con Estados Unidos, buscando una salida humana, con el fin de evitar una expulsión masiva, y apelando al interés mutuo de preservar una relación estrecha y la vigencia de los diferentes tratados internacionales”, dijo.

Sospechas contra Elon Musk y Mamdani

Trump sugirió que las nuevas políticas migratorias también podrían afectar a Elon Musk, que pasó de ser su aliado a su enemigo. El dueño de X fue el principal donante de fondos a su campaña electoral y tuvo a cargo el Departamento de Eficiencia Gubernamental, encargado de diseñar recortes en el Estado, pero ahora critica al gobierno y en particular a la “gran y hermosa” ley de presupuesto, que en su opinión no logró recortar lo suficiente.

Para el presidente, Musk está “enojado” por el retiro de incentivos a los autos eléctricos, como los que fabrica su empresa Tesla, pero le advirtió que “puede perder mucho más” que eso. “Elon probablemente tendría que cerrar la tienda y volverse a casa a Sudáfrica”, dijo. Si bien Musk nació en Sudáfrica, también tiene la nacionalidad estadounidense.

Después de que Trump hiciera esas declaraciones en una conferencia de prensa, Musk, en su cuenta de X, respondió a una publicación que aludía a la amenaza de deportación y dio a entender que tenía ganas de responder pero no lo haría: “Muy, muy tentador. Pero me abstendré por ahora”.

Trump apuntó también contra un rival político. Dio a entender que Zohran Mamdani, un dirigente del ala izquierda del Partido Demócrata que viene en ascenso y que ganó las primarias para postularse como candidato a alcalde de Nueva York, podría ser un inmigrante “ilegal”. Mamdani, de 33 años, nació en Uganda, sus padres provienen de India y él tiene la ciudadanía estadounidense desde 2018. “Lo vigilaremos con mucha atención, y mucha gente dice que está aquí ilegalmente, lo analizaremos todo”, dijo Trump. “No necesitamos un comunista en este país, pero si lo tenemos, lo vigilaré con mucha atención por el bien de la nación”, agregó.

Mamdani consideró que esas declaraciones del presidente son “un ataque a la democracia” y “un intento de enviar un mensaje a todos los neoyorquinos que se niegan a esconderse en las sombras” para advertirles que si se expresan están en peligro. “No aceptaremos esta intimidación”, agregó.

El Alcatraz de los caimanes

Trump hizo esas declaraciones acerca de Mamdani cuando presentó un nuevo centro de detención de migrantes que se hizo conocido como “el Alcatraz de los caimanes” (Alligator Alcatraz). Se trata de un aeropuerto de entrenamiento transformado en pocos días en un campamento en la zona de pantanos del estado de Florida. Se prevé que cuando esté terminado tendrá capacidad para albergar a 5.000 migrantes mientras esperan a ser deportados, informó CNN. “Está claro que, desde el punto de vista de la seguridad, si alguien se escapa, va a tener que enfrentarse a un montón de caimanes”, dijo a esa cadena el gobernador de Florida, Ron DeSantis. “Nadie va a llegar a ninguna parte una vez que haga eso. Es lo más seguro posible”, agregó.

Al igual que muchas otras medidas en política migratoria que ha impulsado Trump, esta cárcel fue rechazada por organizaciones que representan a los migrantes y las comunidades de origen extranjero, así como por defensores de los derechos humanos. En este caso se sumaron a las críticas representantes de la comunidad indígena del estado, la tribu miccosukee, que consideran que esta iniciativa es además un peligro para sus tierras ancestrales.

Varias personas que fueron detenidas en el Alcatraz de los caimanes denunciaron mediante sus familiares y abogados las condiciones en las que se vive allí. Una de ellas, un reguetonero cubano, Leamsy Izquierdo, conocido como La Figura, le dijo a su novia que sólo reciben una comida al día, que pasó cuatro días sin poder bañarse, que los tratan “como perros” y que allí “los mosquitos parecen elefantes”. Agregó que en ese centro de detención “no hay nada”, que “no está preparado para la gente”, de acuerdo con Efe. También la esposa de un migrante guatemalteco dijo a CNN que su marido “no ha tenido acceso a un abogado, está rodeado de mosquitos y sin comida suficiente”. Al visitar estas instalaciones, Trump se burló de esas personas. “Les vamos a enseñar a huir de un caimán. No corran en línea recta”, dijo, y agregó que este “no es un lugar al que ir de excursión”.

La secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, defendió la política del gobierno y sus centros de detención. “Ya sea en el Cecot [Centro de Confinamiento del Terrorismo de El Salvador], Alligator Alcatraz, la Bahía de Guantánamo o cualquier otro centro de detención, los peligrosos criminales extranjeros ilegales estarán fuera de las calles estadounidenses”, dijo.

Si bien Trump endurece la represión contra los migrantes y la dirige también a sus enemigos, se ha mostrado dispuesto a hacer excepciones para contener el malestar del sector agrícola, que protestó por las redadas masivas contra su mano de obra. El presidente dijo que a esos empleadores se les dará “responsabilidades sobre la gente” y se implementará “un sistema para registrarlos para que no tengan que irse”.

Mientras tanto, en California, las redadas continúan. El fin de semana, el Parque MacArthur, que se encuentra en el centro de Los Ángeles, fue rodeado por funcionarios de seguridad, helicópteros y autos, en un operativo que “fue aterrador para muchos”, según afirmó el presidente del Concejo Municipal de Los Ángeles, Marqueece Harris-Dawson. “Según todos los videos disponibles y la información interna que hemos recibido, no está claro que alguien haya sido detenido. Tampoco está claro que hubiese siquiera un objetivo legítimo de control migratorio. Lo que vimos esta mañana parecía más bien un montaje para un video de Tik Tok”, concluyó.

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