La presidenta peruana, Dina Boluarte, promulgó una Ley de Amnistía que beneficia a integrantes de las Fuerzas Armadas, la Policía Nacional y los Comités de Autodefensa acusados de cometer violaciones a los derechos humanos entre 1980 y 2000.
Por entonces, en Perú existía un conflicto interno en el que actuaban dos grupos armados: Sendero Luminoso y el Movimiento Revolucionario Túpac Amaru (MRTA).
Para promulgar la ley, a última hora del miércoles, se organizó una ceremonia en la que Boluarte estuvo acompañada por varios legisladores de derecha que promovieron esta amnistía, y este jueves la Ley 7.549 fue oficializada con su publicación en el Diario Oficial El Peruano.
La decisión de Boluarte no sólo desoyó a las organizaciones sociales defensoras de los derechos humanos que denunciaron que esta ley brinda impunidad para quienes cometieron crímenes en el marco del terrorismo de Estado, sino que también implicó un desacato a la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH).
Este tribunal ordenó al gobierno peruano que frenara el proceso de promulgación de la ley para permitir que las víctimas de dos matanzas, la de Barrios Altos y la de La Cantuta, tuvieran garantizado su acceso a la justicia. El tribunal emitió ese fallo para contar con el tiempo de analizar el pedido de medidas solicitadas por las víctimas.
“Con esta amnistía histórica el Perú honra a sus defensores [...] No podemos aceptar que quienes dieron su vida o su juventud por defender al Estado de derecho sigan cargando cadenas judiciales que destruyen sus vidas y las de sus familias”, dijo la presidenta peruana, según citó el diario El Comercio.
Boluarte agregó que “están equivocadas” las instituciones nacionales e internacionales “influidas por ideologías totalitarias que pretenden someter al Perú a sus designios”. En su momento Boluarte cuestionó el fallo de la Corte IDH, que interpretó como una intromisión en su país, pese a que Perú forma parte del sistema interamericano.
Los dos casos a los que alude la sentencia de la Corte IDH tuvieron lugar durante el gobierno de Alberto Fujimori, cuando operaba el Grupo Colina, una fuerza paramilitar que cometió numerosas violaciones a los derechos humanos, al igual que el Ejército y la Policía.
El caso Barrios Altos lleva el nombre de un distrito de Lima. Allí, el 3 de noviembre de 1991, seis paramilitares entraron armados a una casa donde había una reunión y mataron a 15 civiles, entre ellos un niño de ocho años. Alegaron que esas personas estaban vinculadas a actividades terroristas.
La Cantuta es el nombre por el que se conoce a la Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán La Valle, donde paramilitares secuestraron a un docente y nueve estudiantes el 18 de julio de 1992. Todos ellos fueron desaparecidos. Finalmente, sus cuerpos fueron hallados en fosas comunes un año más tarde.
Por los dos crímenes fue condenado, como autor mediato, el dictador Alberto Fujimori, ahora fallecido.
El diario peruano La República señaló que en su resolución del 24 de julio, la presidenta de la Corte IDH, Nancy Hernández López, recordó los estatutos de la Convención Interamericana de Derechos Humanos, defendió la búsqueda de justicia y llamó a los jueces a no aplicar la Ley de Amnistía en caso de que fuera promulgada. La titular de la Corte recordó la responsabilidad que tiene el Estado peruano en estos crímenes.
“Lejos de acatar estas disposiciones [de la Corte IDH], el gobierno y el congreso han impulsado acciones para debilitar la protección del Sistema Interamericano de Derechos Humanos, incluso promoviendo la salida del Perú de su jurisdicción”, señaló en un comunicado la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos peruana.
La ex secretaria ejecutiva de esa coordinadora, Rocío Silva Santisteban, dijo a la radio Exitosa que la promulgación es “una afrenta” y que la decisión de Boluarte de organizar una ceremonia para promulgarla implica una toma de “posición” del Ejecutivo “en torno a estos crímenes”.
Silva agregó que “toda esa parafernalia” ha puesto “en evidencia el contubernio entre Dina Boluarte y sectores ultraconservadores, sectores que han violado los derechos humanos y que ahora están planteando esta amnistía”.
La ley beneficia a funcionarios de las fuerzas de seguridad y comités de autodefensa que todavía no cuenten con sentencia firme por delitos cometidos entre 1980 y 2000, y también a los que tengan sentencia firme o en trámite y hayan cumplido 70 años.