Continúan en Bolivia las ramificaciones políticas por la detención del fiscal general de ese país, Roger Mariaca, entre acusaciones de “narcoterrorismo” en su contra y denuncias de que su detención fue un “secuestro” de parte de la Policía.
La aprehensión de Mariaca se produjo días después de un comunicado del Departamento de Estado de Estados Unidos en el que se acusaba al jerarca de “facilitar el narcotráfico” mediante sobornos y “ayudar a delincuentes violentos a evadir la Justicia”. En línea con eso, desde el gobierno de Rodrigo Paz se acusa al titular del Ministerio Público de permitir la operativa del narcotraficante uruguayo Sebastián Marset, que espera a ser juzgado en Estados Unidos, y a quien se le imputan los delitos de lavado de activos y tráfico de sustancias.
El arresto de Mariaca tiene implicancias particulares, ya que era el responsable de liderar varias investigaciones que involucran al gobierno y algunos de sus allegados. Entre otras, el caso contra el asesor presidencial Fernando Cerimedo, detenido como el principal sospechoso del intento de femicidio contra quien era su pareja, la activista y abogada Nadia Beller, y que también es investigado por tráfico de influencias y encubrimiento de narcotráfico. Según consignó el diario argentino Página 12, Beller cuestionó en una entrevista las acusaciones contra Mariaca. Consideró que obedecen a una campaña de presión y desprestigio contra el organismo que lidera, de manera de “liberar a Fernando Cerimedo y al entorno del presidente”, afines a la administración de Donald Trump.
El emplazamiento del jerarca también fue denunciado por la Fiscalía General de Bolivia, que encomendó al fiscal superior de mayor antigüedad, Luis Montaño Morales, asumir el rol de suplente, a los efectos de “preservar el normal funcionamiento del Ministerio Público, su autonomía, independencia y objetividad”. Así lo informó el organismo mediante un comunicado público difundido el jueves, en el que explica que la decisión se ajusta a la Ley Orgánica del Ministerio Público y la Constitución Boliviana.
Sin embargo, inmediatamente después, el vocero de la Presidencia de Bolivia, José Luis Gálvez, desconoció la designación y acusó a Morales de “usurpación de funciones”. En una conferencia de prensa, Gálvez aseguró que el fiscal suplente “está intentando destituir” a aquellos funcionarios que trabajan en “las denuncias correspondientes contra las personas detenidas”, en algo que catalogó como la “total deslegitimación” de la Fiscalía General.
La “cruzada” del Escudo de las América
Así las cosas, y ante los exhortos del gobierno, el vicepresidente en funciones, Diego Ávila, convocó a una sesión extraordinaria en la mañana de este viernes para abordar la situación. En otra conferencia de prensa, el vocero presidencial instó a los legisladores a “dar certezas” para “reconstruir el Ministerio Público”. Gálvez denunció que la designación de Mariaca habría sido presuntamente acordada por sobornos, y afirmó que existen “rumores” de que, nuevamente, determinados actores “quieren comprar votos con dinero del narcotráfico para seguir manteniendo intacto el mismo esquema”. Incluso redobló la apuesta y llamó a “sumarse en forma comprometida a la cruzada internacional que, como parte del Escudo de las Américas, Bolivia está encarando”.
Según consignó la cadena boliviana Unitel, diferentes legisladores expresaron su disposición a abordar el caso siempre y cuando el Ministerio Público continúe con las investigaciones contra Cerimedo. Así lo manifestó la senadora de la Alianza Libre Tomasa Yarhui, que afirmó que los partidos políticos con representación parlamentaria no deben permitir que “el gobierno manipule el órgano judicial y quiera tomar la Fiscalía para tapar el caso Cerimedo”. Con ella coincidió el diputado de la Alianza Popular Edwin Huiza, quien remarcó que su partido solicitará la continuación de “todas las investigaciones que se estaban haciendo”.
Por su parte, el abogado de Mariaca, Jerjes Justiniano, repudió en una entrevista con el medio boliviano las manifestaciones de Gálvez, que catalogó como “un tanto irresponsables”. Justiniano, que interpuso una acción de libertad para su cliente, cuestionó por qué, si cuenta con información acerca de presuntos sobornos, el gobierno de Paz no los denunció siguiendo los canales formales.
También denunció que la actual administración “tiene como formalidad no cumplir los procedimientos”, y busca “que porque alguien dijo que hay un delito, listo, se aprehenda, se detenga, y que prácticamente se condene”. “Yo no entiendo por qué el gobierno no quiere que se cumpla con los procedimientos, y es más, ha convocado a los asambleístas y prácticamente yo escucho una especie de amenaza velada por parte del vocero presidencial”, evaluó.
Vicepresidente denunció que preparan un “caso falso” en su contra
Mientras tanto, el vicepresidente de Bolivia, Edmand Lara, que se encuentra fuera del país, en una visita oficial a España, emitió un comunicado oficial de carácter urgente en el que denuncia haber recibido informaciones de parte de funcionarios de la Policía Boliviana acerca de que el gobierno prepara un “caso falso” en su contra, de manera de llevar adelante su “aprehensión ilegal”.
Lara, que lidera el partido Nuevas Ideas con Libertad, se había distanciado de Paz en los últimos meses e impulsó desde su posición las investigaciones en torno al caso Cerimedo, en perjuicio del mandatario. El jerarca dijo haber recibido “advertencias provenientes del entorno del órgano ejecutivo” que pretenden castigar sus “posiciones en defensa de la Constitución y la democracia”, y acusó que “se estaría planteando la siembra de pruebas falsas” como parte de “un montaje con fines políticos” que busca silenciarlo.
“Dejo constancia [de] que no he cometido delito alguno y [de] que todo caso que aparezca en mi contra a partir de este momento será parte de este plan de persecución”, denunció el vicepresidente boliviano, para responsabilizar al gobierno de Paz y a “quienes ejecuten” sus “órdenes ilegales” de cualquier posible “atentado” contra su libertad.
“Pido a la Asamblea Legislativa Plurinacional, al Ministerio Público, a los organismos de derechos humanos nacionales e internacionales y a la comunidad internacional que se mantengan en vigilia y no permitan la consumación de este atropello al Estado de Derecho”, exhortó. “Bolivia necesita justicia, no montajes. Necesita diálogo, no persecución política”, concluyó.
