El fiscal general de Bolivia, Roger Mariaca, fue detenido por la Policía boliviana en la noche del miércoles en las inmediaciones del aeropuerto internacional de Viru Viru, en la ciudad de Santa Cruz de la Sierra, según informó el gobierno de ese país. Las autoridades acusan a Mariaca de integrar una organización criminal, y le imputan los delitos de lavado de activos y tráfico de sustancias.
La detención del fiscal general tiene lugar pocos días después de un comunicado del Departamento de Estado de los Estados Unidos mediante el que se anunció la revocación de visas de una lista de funcionarios y jerarcas políticos latinoamericanos presuntamente corruptos –la mayoría de ellos bolivianos–. En el comunicado se acusaba a Mariaca de “facilitar el narcotráfico” mediante sobornos y “ayudar a delincuentes violentos a evadir la Justicia”.
Según informó el ministro de Gobierno boliviano, Marco Antonio Oviedo, en una conferencia de prensa, la detención de Mariaca se enmarcó en un operativo que llevó al arresto de 14 personas en total. Entre ellas figuran varias “autoridades de nivel jerárquico” de la Fiscalía General, así como otras de Santa Cruz y de la Paz. También se detuvo a cuatro personas que transportaban “ingentes cantidades de dinero” en una ambulancia que habría partido del hogar de Mariaca. De acuerdo con lo que consignó el portal de la cadena Unitel con base en un informe del fiscal a cargo del caso, el monto incautado ascendería a los 300.000 dólares, que se distribuyen entre 3,5 millones de pesos bolivianos y 10.000 dólares.
También se busca a Eduardo del Castillo, que ejerció como ministro de Gobierno (equivalente a ministro del Interior) durante la administración de Luis Arce, entre 2020 y 2025. Su sucesor, Oviedo, dijo al respecto que habrá “algún resultado en las próximas horas”.
Sin embargo, desde el Ministerio Público denunciaron el operativo, que aseguran que implicó la aprehensión de múltiples funcionarios “sin ningún tipo de fundamento”. “Queremos hacerle conocer al pueblo boliviano que se están vulnerando derechos”, asevera un funcionario en un mensaje de video difundido por redes sociales sobre la medianoche del miércoles, y en el que denuncia la transgresión de “la institucionalidad del Estado” y el “secuestro” de Mariaca mientras “se trasladaba para cumplir con su agenda institucional”.
Oviedo afirmó a la prensa que el operativo permitió desmontar “una organización criminal” que estaba “enquistada en la Justicia” y terminó por permear la Fiscalía. Dijo que esta última, bajo el liderazgo de Mariaca, “se volvió una organización criminal destinada a incentivar y proteger el narcoterrorismo”.
El ministro de Gobierno incluso acusó al jerarca de ser el responsable de la huida del narcotraficante uruguayo Sebastián Marset en 2023, cuando Mariaca ejercía la titularidad de una fiscalía del departamento de Santa Cruz. En un audio que difundió el diario boliviano El Deber, y que se atribuye a Marset, el narcotraficante afirma haber pagado 500.000 dólares a Mariaca y Del Castillo para poder operar en el país.
Oviedo instó a la Asamblea Legislativa de Bolivia a “ser parte del cambio” y “acompañar los esfuerzos” que su cartera lleva adelante, en una convocatoria a destituir al fiscal general y designar uno nuevo en su lugar. “Tenemos una oportunidad muy grande, y quiero decirles que nosotros vamos a seguir trabajando para seguir desmantelando estas organizaciones que se han apoderado del país”, aseveró.
Luego de que se le preguntara si ante la denuncia del Departamento de Estado estadounidense, el operativo implicó a la Administración de Control de Drogas (DEA, por sus siglas en inglés) de ese país, Oviedo dijo que fue llevado adelante por la Policía boliviana “en su integridad”. De todas maneras, expresó su agradecimiento por “la ayuda y la cooperación del gobierno americano por intermedio de sus agencias”.
Por su parte, el secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, felicitó en redes sociales al gobierno boliviano por sus “acciones audaces y decisivas para combatir el narcotráfico, la corrupción sistémica y el crimen organizado transnacional”. En un breve posteo, Rubio manifestó el “compromiso inquebrantable” del país en “resguardar la gobernanza democrática y la seguridad” en la región “contra la influencia desestabilizadora de redes narcoterroristas armadas”.
“Las acciones de Bolivia demuestran el tipo de liderazgo que se necesita para hacer a nuestro hemisferio más seguro, más fuerte y más próspero”, sostuvo.
