Distintas organizaciones sociales convocan para este viernes a una asamblea en el Parque Lezama, mientras preparan para el martes una marcha contra el fallo de la Corte Suprema argentina que repuso un artículo del decreto de necesidad y urgencia (DNU) 70/23 del presidente Javier Milei. Ese artículo, cuya constitucionalidad es cuestionada, deroga la Ley de Tierras de 2011 y habilita la compra sin límites de tierras argentinas por parte de extranjeros.
Otro tribunal de menor jerarquía había aceptado un recurso contra este artículo del DNU y lo dejó sin efecto. Pero la Corte Suprema, por motivos formales y sin evaluar el fondo del asunto (si el decreto es constitucional o no), le devolvió la vigencia.
El gobierno de Javier Milei hizo un intento de convertir ese artículo en ley e incluso cambió la redacción varias veces para conseguir los votos en el Senado, que lo rechazó en marzo. El Ejecutivo incluso le incorporó un tope de 25% a las tierras que podían ser vendidas a extranjeros. Pero a pesar de esas modificaciones, no encontró los votos para aprobarlo en el Congreso y generó manifestaciones de resistencia en las calles.
Varios dirigentes opositores repudiaron la decisión de la corte, conocida el martes. El gobernador de la provincia de Buenos Aires, el peronista Axel Kicillof, lo calificó como “el fallo de la infamia”. Publicó en su cuenta de X: “La corte acaba de tomar una decisión gravísima que afecta la soberanía nacional y la voluntad popular”.
Recordó que el gobierno “tuvo que retirar su proyecto porque no conseguía los votos en el Senado”, y dijo que “lo que no pudieron conseguir con el Congreso y con el pueblo, ahora pretenden conseguirlo a través del Poder Judicial. Se propone legalizar la entrega y el saqueo”.
También la exdiputada Elisa Carrió, de la Coalición Cívica, repudió el pronunciamiento judicial en sus redes. “Estamos en presencia de un poder autoritario que afecta la soberanía e integridad territorial de la Nación Argentina, de sus límites y fronteras, de los cuales son hoy responsables el presidente de la República y los ministros firmantes del Decreto, y lo serán los legisladores de no rechazar de forma inmediata y contundente dicho DNU”, sentenció.
“Se los dije hace más de 20 años: vienen por el agua y la tierra. Ahora lo que viene es la IA y el agua dulce”, dijo. “Esto es el anarcocapitalismo. Son simples empleados a sueldo para enajenación de la Nación Argentina. Última matriz de saqueo. O tomamos conciencia o estamos fritos”, concluyó Carrió.
La legisladora del Frente de Izquierda Myriam Bregman manifestó que Milei “dice que va a defender las Malvinas”, pero su gobierno es “el mismo que entrega el continente”, y “son todos cómplices de la entrega”. Agregó que “ya mismo hay que anular el decreto 70/23” y dijo que el Frente de Izquierda se ha “puesto a disposición reiteradamente para llamar a una sesión especial” de la Cámara de Diputados para tomar esa decisión. “Se necesitan diez firmas, es increíble que no aparezcan”, dijo.
Sin embargo, el fallo de la Corte Suprema activó contactos entre distintas bancadas de la Cámara de Diputados para convocar a una sesión con esa finalidad.
Según informó elDiarioAR, la bancada peronista se reunió con el Centro de Ex Combatientes Islas Malvinas (Cecim) de La Plata, la organización que presentó el recurso contra el artículo del DNU 70/23 de Milei que derogaba la Ley de Tierras, que inicialmente recibió un fallo a favor. Después, la Corte Suprema concluyó que el Cecim no tenía potestades para impugnar esa norma.
Jerónimo Guerrero, abogado de los excombatientes, dijo al periódico argentino que “el fallo es una tragedia” y que los jueces que lo aprobaron “le pusieron el cartel de venta a la Argentina de una manera muy cobarde”.
Después de la reunión, la bancada peronista comenzó a comunicarse con otras con el objetivo de hacer caer el DNU en el Congreso. El jefe de la bancada, Germán Martínez, dijo que pedirán una sesión especial para formalizar ese rechazo en la Cámara de Diputados, porque para que el decreto quede sin efecto debe tener el voto negativo de las dos cámaras.
A su vez, sindicatos y organizaciones sociales, entre ellas las de trabajadores de la economía popular, movimientos feministas y de derechos humanos, comenzaron a convocar para participar en la asamblea popular en Parque Lezama este viernes en protesta contra la Corte Suprema y su decisión. Además, distintos colectivos y sindicatos preparan para el martes una marcha a la sede del Poder Judicial contra la extranjerización de la tierra.