Las muertes ocultas tras las sanciones promovidas por Estados Unidos

El presidente estadounidense Woodrow Wilson afirmó en 1919: “Una nación boicoteada es una nación al borde de la rendición. Apliquen este remedio económico, pacífico, silencioso y letal, y no habrá necesidad de usar la fuerza. No cuesta vidas fuera de la nación boicoteada, pero ejerce sobre ella una presión que, a mi juicio, ninguna nación moderna podría resistir”. En adelante, ese enunciado fue uno de los instrumentos de la política internacional de Estados Unidos. La propia y la impulsada en organismos internacionales.

Sin embargo, al tiempo que la imposición de sanciones económicas, supuestamente no letales y efectivas, contra diversos países y actores está en el orden informativo todos los días, vivimos uno de los períodos más sangrientos desde la Segunda Guerra Mundial. En efecto, de acuerdo con el programa sueco de Datos de Conflictos de la Universidad de Uppsala y el centro noruego Peace Research Institute Oslo, nos encontramos en el período con mayores guerras y conflictos armados interestatales. Según el centro sueco, en 2025 el número se duplicó por segundo año consecutivo y registró 65 conflictos en los que participaron estados de uno o ambos bandos. Es la cifra más alta desde 1946, y 13 de estos conflictos son clasificados como guerras, es decir, causan al menos 1.000 muertes al año relacionadas con el combate. Por su parte, para el centro noruego, la violencia global no solo está más extendida, sino que es más mortífera. Las bajas por combates y ataques directos superaron el año pasado las 250.000 muertes anuales. Se debieron principalmente al conflicto ruso-ucraniano, los bombardeos de Gaza y la violencia unilateral en Sudán.

Las sanciones aprobadas por la ONU

Desde la fundación de la ONU en 1945, se han establecido 31 regímenes de sanciones y actualmente permanecen vigentes casi la mitad. El primero fue definido en 1966 contra Rhodesia del Sur, actualmente Zimbabue, que se declaraba independiente de Reino Unido, pero para consolidarse como un proyecto racista y supremacista blanco, restringiendo la participación al 95% de la población que era negra. Adoptar una sanción requiere el voto favorable de al menos nueve de los 15 miembros de su Consejo de Seguridad y ningún veto por parte de los cinco miembros permanentes. La medida será legalmente vinculante para los 193 estados miembros. Debido a la necesidad de este consenso multilateral, se ha preferido aplicar “sanciones selectivas”, como embargos de armas específicos, prohibiciones de viaje individuales y congelación de activos de líderes, en lugar de bloqueos económicos comerciales generalizados a naciones enteras, evitando así crisis humanitarias masivas.

Estados Unidos y sus sanciones unilaterales

Sin embargo, el uso de sanciones unilaterales, es decir, sin la autorización del Consejo de Seguridad, se ha ido expandiendo últimamente y en diversas formas. Estados Unidos ha sido el principal impulsor y mantiene más de 35 programas activos administrados por la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC, por su sigla en inglés) del Departamento del Tesoro, que aplica las sanciones económicas y comerciales contra países, regímenes políticos, organizaciones y personas “que representan una amenaza para la seguridad nacional, la política exterior o la economía de Estados Unidos”. A diferencia de las sanciones de la ONU, estas sanciones son definidas unilateralmente, pero tienen un impacto global debido al poder del dólar y del sistema financiero estadounidense.

Dada la legislación confusa y superpuesta, la aplicación de sanciones unilaterales genera, entre los actores privados, bancos, empresas logísticas y de seguros, donantes y organizaciones humanitarias y no gubernamentales, temor de perder acceso a los mercados de los países sancionadores, por lo que se termina prefiriendo no relacionarse con el sancionado. Es decir, se tiende a un cumplimiento excesivo, que en particular se destaca en el sector sanitario. Fabricantes de equipos médicos y productos farmacéuticos prefieren no colaborar con ninguna entidad de un país sancionado, incluso aunque los productos médicos estén formalmente excluidos de las sanciones, debido a la interpretación amplia del término entidades estatales sancionadas.

Hipocresía e ineficacia

Las sanciones pueden ser embargos generales (por ejemplo, contra Cuba, Irán, Corea del Norte y Siria) con prácticamente todas las transacciones prohibidas, o programas selectivos en los que se restringen entidades, sectores o actividades específicas. La hipocresía en la definición de las sanciones, así como su ineficacia quedan claras con dos ejemplos recientes. Las medidas unilaterales contra Siria definidas por Estados Unidos (Ley César, de 2019), seguidas por otros países, tenían como objetivo el derrocamiento del régimen de Bashar al-Asad. Concretado este en diciembre de 2024, asume el poder Ahmed al-Sharaa, exlíder regional de Al Qaeda, responsable directo del asesinato de civiles –también de estadounidenses– y cuya cabeza tenía un precio de 10 millones de dólares. Tras su asunción, las sanciones fueron rápidamente eliminadas e incluso Trump se reunió directamente con él en mayo de 2025. En el caso de Corea del Norte, las sanciones económicas y políticas fueron impuestas tanto por Estados Unidos, desde 1950, como por la ONU, desde 2006. El objetivo central era forzar al régimen de Kim Jong a la desnuclearización completa e irreversible. A pesar de haberse conformado uno de los regímenes de aislamiento internacional más severos y duraderos, el fracaso resulta evidente. La propia nueva Constitución de Corea del Norte autoproclama oficialmente al Estado como poseedor de armas nucleares y Trump cuantificó recientemente su posesión en “57 armas nucleares muy potentes”.

Sin embargo, ni la ONU, ni obviamente mucho menos Estados Unidos, han definido sanciones al Estado de Israel, que tiene programas nucleares militares y ha construido armas nucleares al menos desde los años 60 del siglo pasado; es responsable de masacres, prácticas genocidas y limpieza étnica en Palestina; invade países de la región; incumple decenas de resoluciones de la ONU; y varios de sus gobernantes, entre ellos su primer ministro, son requeridos por la Corte Penal Internacional.

Más muertos que en combate

“No cuesta vidas fuera de la nación boicoteada”, sostenía el expresidente estadounidense, pero ¿qué sucede dentro de los países sancionados? El año pasado se publicó en la prestigiosa revista médica The Lancet un histórico estudio que evaluó el impacto de las sanciones económicas sobre la mortalidad a nivel global, analizando datos de 152 países a lo largo de cinco décadas (1971-2021).¹ Los autores son economistas con reconocida trayectoria, que lideraron equipos de investigación del Programa de Desarrollo Humano de las Naciones Unidas, fueron directores ejecutivos de bancos de desarrollo o fundaron centros de investigación económica y política radicados en Washington.

El extenso y complejo trabajo econométrico muestra el devastador impacto humano que han provocado las medidas económicas. La mortalidad anual que causan las sanciones unilaterales fue estimada en un promedio de 564.258 muertes en exceso cada año en todo el mundo. Esta cifra supera ampliamente el promedio de muertes directas en combate para el período, unas 106.000 por año.

Según el trabajo, durante los 50 años evaluados, el impacto acumulado de las sanciones de Estados Unidos y la Unión Europea está vinculado a aproximadamente 29 a 38 millones de muertes adicionales, debido al colapso de los sistemas de salud, desnutrición y falta de medicamentos. Dado que las sanciones actúan colapsando sectores clave como el financiero o el de exportaciones dominantes, esto termina bloqueando el acceso de la población civil a bienes básicos esenciales como medicinas, alimentos, agua potable y repuestos para infraestructura médica y de servicios públicos.

La mitad son menores de 5 años

Pero, peor aún, lo más impactante fue la conclusión, ya postulada por diversos analistas, respecto de la población más afectada: el 51% de las muertes totales causadas por las sanciones corresponde a niños menores de 5 años, seguidos en vulnerabilidad por los adultos mayores de entre 60 y 80 años.

El estudio concluye, además, que las sanciones impuestas de forma unilateral por Estados Unidos son las que demuestran el efecto causal más severo sobre la mortalidad, debido al uso generalizado del dólar y su capacidad de bloquear transacciones bancarias internacionales (sistema interbancario Swift, que interrelaciona 11.500 instituciones financieras en más de 200 países). Por el contrario, la investigación no encontró evidencia estadística de un impacto significativo en la mortalidad por las sanciones aprobadas de forma multilateral por la ONU, las cuales suelen incluir mayores exenciones humanitarias.

Mark Weisbrot, uno de los autores del artículo, explica por qué hay esta explosión en el uso de sanciones: “Las sanciones se están convirtiendo en el arma preferida de Estados Unidos y algunos aliados, no porque sean menos destructivas, sino porque el precio que pagan es menos visible. Matan en silencio, sin el coste político de la guerra”. Y agrega: “La invisibilidad de las sanciones es su mayor baza política. Pero una vez descubiertas, se vuelven indefendibles”. Sería oportuno que algunos políticos locales tuvieran en cuenta esta reflexión final.