El gobierno de España presentó este martes una serie de medidas mediante dos decretos que buscan atender la crisis de acceso a la vivienda que atraviesan varias zonas del país. La decisión obedece a una promesa efectuada por el presidente Pedro Sánchez este fin de semana.
La dificultad de acceder a una vivienda y residir en ella de forma sostenida constituye una de las principales preocupaciones para los españoles, que cobró mayor notoriedad debido al desalojo de Maricarmen Abascal, una mujer de 87 años que la semana pasada fue expulsada del apartamento de Madrid en el que vivió durante 70 años. La situación desembocó en protestas y movilizaciones en diferentes ciudades españolas, incluida la capital, donde una multitud todavía acampa en la Puerta del Sol en reclamo de soluciones. Si bien se informó este martes que se llegó a un acuerdo con los dueños del apartamento de Maricarmen para que ella pueda volver a su hogar, para muchas otras personas el problema sigue planteado.
Sánchez dijo el domingo, durante un acto del Partido Socialista Obrero Español (PSOE), que su gobierno trabajaba “contrarreloj” en un “real decreto ley sobre vivienda” que permitiera “aliviar la situación de emergencia habitacional que viven muchos colectivos vulnerables, personas mayores y también millones de españoles que sufren la crisis de la vivienda”.
Sin embargo, según consignó el periódico español El País, luego de una serie de negociaciones, el Consejo de Ministros, integrado por el PSOE y la alianza Sumar, elaboró dos decretos. El primero concentra la mayoría de las medidas, que se corresponden con los diferentes reclamos efectuados tanto por el Sindicato de Inquilinas e Inquilinos de Madrid como por varios de los partidos con representación parlamentaria. A estos efectos, se solicitó a la Cámara de Diputados su tratamiento en una sesión extraordinaria que se celebrará el viernes.
El decreto incluye, entre otros puntos, la restitución de una medida de protección contra los desalojos hasta diciembre de 2030. También contempla la renovación automática por dos años de todos los contratos de alquiler que concluyan antes del 31 de diciembre de 2028 y el congelamiento de las subas para los contratos cuyo valor supere los precios máximos de referencia durante dicho período. En los demás casos, el gobierno español propone aumentos máximos de 2% anual.
Con respecto a poner un freno a los denominados “fondos buitre” y la especulación inmobiliaria, el gobierno de Sánchez plantea congelar la adquisición de nuevas viviendas por parte de empresas con carteras abultadas hasta 2028. Por otra parte, permite que los gobiernos locales apliquen mayores impuestos a las viviendas desocupadas, que actúe como incentivo para evitar esa situación. Como contraparte, el paquete de medidas dispone una serie de concesiones fiscales para los arrendamientos de vivienda, que podrán verse incrementadas para aquellos que no aumenten los precios de alquiler.
Asimismo, el primer decreto establece la justificación obligatoria de los alquileres temporales, que no podrán superar el año. De igual forma, y para evitar el fraude mediante la concatenación de contratos, establece que, en el caso de que esto sea detectado, pasarán a ser considerados como acuerdos prolongados. Esta medida responde a los cuestionamientos que hacen los inquilinos a que los dueños de las viviendas opten por alquilarlas a turistas, por plazos cortos y precios altos, lo que encarece los alquileres y disminuye la cantidad de viviendas disponible para los residentes permanentes.
Por su parte, el segundo decreto consiste en una sola medida, que, de acuerdo con el diario español, se prevé que será más difícil de aprobar, y por eso se presenta por separado, de manera de no afectar las chances de aprobación de las demás propuestas. La iniciativa propone que los contratos de alquiler pasen a tener una duración indefinida mediante un mecanismo de renovación automática.
Concluida la reunión del Consejo de Ministros, la ministra de Vivienda y Agenda Urbana, Isabel Rodríguez, exhortó en una rueda de prensa a los diferentes partidos con representación parlamentaria a que acompañen la medida, de forma de que “vea la luz lo antes posible”, y apeló a la “generosidad” y “responsabilidad” de aquellos que se mostraron dispuestos al diálogo. “Eso es lo que yo sigo pidiendo hoy, después de este esfuerzo que hemos hecho, para que en este texto pueda sentirse representada una mayoría de grupos del Congreso de los Diputados: altura de miras y generosidad”, resumió.
Rodríguez sostuvo que el acuerdo cobra “mucha relevancia social”, ya que “es el principal problema de los españoles y las españolas”, pero también política, ya que “reconstruye también una mayoría en el Parlamento, que quiere servir a la mayoría social”. Acotó que “cuando hay vocación política, no hay nada más importante que cambiar y mejorar la vida de la gente”, que “está bajo cuatro paredes y un techo”.
Así, explicó que el acuerdo requirió “abordar la situación” con “inteligencia”, pero también “generosidad” de parte de los demás actores, la cual destacó. Tampoco obvió el contexto social de las protestas, que responden a “la indignidad de que una persona mayor tenga que ser expulsada de su casa”. Sin embargo, valoró como “una buena noticia” que este hecho haya “interpelado a todos”. “Este viernes el Congreso tiene la oportunidad de decirle a Maricarmen que su sufrimiento ha merecido la pena, que no ha caído en vano, y que con su lucha hoy van a ganar otras muchas personas que no se van a ver en la situación lamentable en la que ella se ha encontrado”, aseveró.