El caso de Maricarmen Abascal, una mujer de 87 años a la que el miércoles desalojaron de la vivienda que habitó durante 70 años, en Madrid, puso en evidencia una crisis que afecta a muchos en España, donde cada día, en promedio, 70 familias son expulsadas de sus hogares.
La situación de Maricarmen, a quien sacaron de su apartamento en camilla en medio de una protesta contra su desalojo, generó movilizaciones en más de una docena de ciudades. El domingo, una multitud permanecía instalada con carpas en la Puerta del Sol, en el centro de Madrid, para reclamarle al gobierno una solución a esta crisis.
Una serie de cambios en la propiedad inmobiliaria y el encarecimiento en Ibiza, el barrio en el que Maricarmen habitó desde la adolescencia, llevaron a que los actuales dueños del apartamento en el que vivía le aumentaran el alquiler de unos 580 euros a unos 2.600. Si bien le hicieron una oferta de 1.600, ese monto es mayor que su jubilación. La vecina madrileña se encuentra en un hospital, internada con un cuadro de agotamiento.
Este domingo, en un acto del Partido Socialista Obrero Español (PSOE) en Madrid, el presidente del gobierno de España, Pedro Sánchez, le habló públicamente a Maricarmen y anunció que trabaja en un decreto de ley sobre vivienda.
Desde el hospital, en un video que difundió el Sindicato de Inquilinas e Inquilinos de Madrid, Maricarmen pidió que el gobierno presentara en el Consejo de Ministros una iniciativa de este tipo. Sánchez recordó ese mensaje. Dijo que ella pidió “un real decreto-ley para empezar a aliviar la situación de emergencia habitacional que viven muchos colectivos vulnerables, personas mayores y también millones de españoles que sufren la crisis de la vivienda”. Agregó: “Yo, Maricarmen, tengo un mensaje para ti: el gobierno está trabajando contra reloj para llevar el próximo martes el Real Decreto Ley sobre Vivienda”.
Sánchez llamó a todos los partidos políticos a que lo apoyen en el Congreso, “por Maricarmen y por los millones de españoles y españolas que sufren la crisis de la vivienda, porque no es una cuestión de ideología, es una cuestión de humanidad”.
Según informó el diario Público, algunos sectores políticos ya se pronunciaron sobre la iniciativa. Uno de ellos fue la alianza Sumar, a la que pertenece la vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz. “Queremos un real decreto que meta mano a los fondos buitre”, dijo, y señaló que la vivienda es “el problema principal” que enfrentan los españoles. “No nos vale cualquier decreto. No queremos contentar a la derecha”, dijo Díaz, que le dio su respaldo al campamento de protesta instalado en la Puerta del Sol.
A su vez, el Sindicato de Inquilinas e Inquilinos reclama que los contratos de alquiler se establezcan por tiempo indefinido, en un régimen similar al que aplican otros países de Europa, como Alemania. Señala que en Inglaterra comenzó a regir una ley por la cual el propietario de una vivienda puede reclamarla solo si lo justifica: en caso de querer habitarla o venderla, por ejemplo. Pide también medidas para evitar condiciones abusivas para los inquilinos y terminar con el “fraude” de los contratos temporales para turistas.
Dos partidos nacionalistas conservadores que en algunos casos votaron junto con el gobierno, el catalán Junts y el Partido Nacionalista Vasco, se mostraron dispuestos a apoyar una regulación para poner límites a los “fondos buitre” siempre que la iniciativa no incluya otras políticas.
Irene Montero, dirigente de Podemos, cuestionó que un decreto como este se negocie con Junts y que sea condicionado por ese partido. En su opinión, se necesitan medidas más contundentes: la expropiación de “650.000 viviendas en manos de fondos buitre” para que el Estado las destine a alquileres sociales y, por otra parte, la reducción por ley de los alquileres, según citó RTVE.
Por su parte, para el derechista Partido Popular (PP), la solución debería incluir la construcción de un millón de viviendas, una ley contra la ocupación de inmuebles y la reducción de impuestos. Su referente en asuntos de vivienda, Juan Bravo, rechazó las “políticas intervencionistas” y las “promesas vacías”, responsabilizó al PSOE de la situación actual y pidió elecciones anticipadas.
Sánchez recordó que tanto el PP como el ultraderechista Vox votaron en contra de un decreto que suspendía los desalojos y que hubiera evitado que Maricarmen fuera expulsada de su vivienda.