Ayer se cumplieron 90 años de la creación de Ancap y es difícil prever cómo encontrará al ente autónomo, en 2031, el festejo de un siglo de existencia. Algunos motivos de la incertidumbre se registran en escala planetaria: hay indicios, por ejemplo, de que la era del petróleo empieza a terminar. También operan, en Uruguay, factores ideológicos, grandes intereses y problemas de incompetencia en la toma de decisiones.
La institución nació en el Uruguay del centenario, durante un período de desarrollo y consolidación estatal, con vocación industrial y como respuesta a fuertes desafíos. En un país sin producción propia de petróleo, se apuntó al control estratégico de la importación y refinación; la producción de pórtland impulsó las obras públicas; la intervención en el mercado de alcoholes, al comienzo monopólica, no buscó sólo el lucro, sino que quiso establecer además garantías de calidad, por diversos motivos que incluían, en aquel momento y con mucha razón, los sanitarios.
Mucho han cambiado el país y el mundo en nueve décadas. Continúa, sin embargo, el enfrentamiento entre corrientes estatistas y antiestatistas, que ya estaba presente en 1931 y que, al igual que entonces, conviene desplazar del terreno de la intransigencia doctrinaria al del análisis racional, apoyado en la evidencia y en la identificación de intereses nacionales.
La historia de Ancap incluye varios momentos en los que fue necesario cambiar porque la realidad cambiaba. Hubo aciertos y errores, pero también hubo, siempre, distintas orientaciones y actitudes. Cuando el Estado se equivoca, unos se empeñan en negar la existencia de problemas, mientras que otros buscan resolverlos en forma eficiente y sin preconceptos. Y están también los que crean problemas, o los inventan, para reafirmar su preconcepto de que el Estado es ineficiente.
El déficit en el negocio del pórtland es un hecho, y hay que analizar si las inversiones requeridas están dentro de lo posible y razonable para el Estado, o si es viable una asociación con el sector privado en términos convenientes para el país. Lo que no resuelve ni aporta nada es que las autoridades se dediquen a desvalorizar el capital que tienen en sus manos.
En lo referido al precio de los combustibles, parece indispensable que el Poder Ejecutivo asuma la insuficiencia de su encare inicial y recapacite. Los vaivenes del mercado internacional del petróleo son incontrolables desde Uruguay, pero la carga tributaria que se traslada a los consumidores es una variable en manos del gobierno nacional.
Atenerse al “precio de paridad de importación” determina que los consumidores reciban, sin anestesia, el impacto de períodos alcistas como el actual. Esto ya lo entendió el Ejecutivo, que el mes pasado se alejó de la referencia que había establecido y empezó a hacer política con los precios.
Hay formas mejores de hacer política. Una de ellas es decidir de dónde salen los recursos que el Estado necesita. Si se insiste en sacárselos a quienes cargan combustible, dará igual que Ancap mantenga o no su monopolio, y que avance o retroceda rumbo a su centenario.