La magnitud de la recolección de firmas por el referéndum contra la ley de urgente consideración (LUC) es un acontecimiento de primer orden. Cambia la situación política y sus perspectivas, incluso con independencia de cuál sea el resultado de la consulta popular que parece inevitable.
Quienes miden todo como una competencia entre los actuales partidos oficialistas y el Frente Amplio (FA) podrían alegar que, en realidad, las 797.261 firmas presentadas el jueves a la Corte Electoral son unas 150.000 menos que el total de votantes a la fórmula frenteamplista en octubre de 2019 y unas 342.000 menos que en noviembre, de modo que no indican por sí mismas un cambio en la correlación de fuerzas o una posibilidad de que la ciudadanía derogue los 135 artículos impugnados. Podrían hacerlo, pero muy pocos lo hacen. Quienes entienden algo de política saben que la ecuación es mucho más complicada.
Importan muchísimo los significados. No hay que comparar el acontecimiento del jueves con los números de las últimas elecciones nacionales, sino con las percepciones subjetivas de la situación antes de que se diera a conocer la cantidad de firmas reunidas.
Muchos oficialistas sentían que su superioridad era cada vez mayor, y habían llegado a convencerse de que la votación de 2019 fue una especie de veredicto popular definitivo. En esa línea, se planteaba incluso un extraño razonamiento: como la ciudadanía ya había decidido que la “coalición multicolor” reemplazara al FA, y la LUC expresa el programa de esa coalición, la iniciativa de referéndum no sólo estaba condenada al fracaso, sino que además era una especie de inmoralidad antidemocrática. Un mero intento de “poner el palo en la rueda” al que era posible matar con la indiferencia, y cuya derrota abriría paso a la aplicación de un programa de gobierno mucho más radical.
A su vez, muchos opositores sentían que, efectivamente, los golpes del adversario los habían hecho caer en la lona, con pocas chances de levantarse. Además el FA, tras muchos años en creciente dependencia de los liderazgos, paga un alto precio por el proceso de renovación en la materia. Pero resulta, de todos modos, que la política no se reduce a una competencia entre la coalición de gobierno y el FA, que la oposición no es sólo el FA y que el FA no es sólo su elenco de dirigentes. En general, la política no es sólo la competencia entre dirigentes.
En 1992, otra iniciativa de referéndum disgregó a las fuerzas que estaban alineadas tras el presidente Luis Alberto Lacalle Herrera, y frenó en gran medida el avance de su programa. Un relato interesado alega que, para que eso sucediera, fue decisivo el apoyo de Julio María Sanguinetti, pero este se pronunció por la derogación parcial de la ley de empresas públicas recién en el mes previo a la consulta popular, cuando esa opción ya había sido adoptada por gran parte de los votantes del Partido Colorado y las encuestas indicaban que iba a triunfar. Hay reservas en la gente que pueden manifestarse, por lo menos en forma de resistencia, sin que un gran líder lo disponga.