Las rendiciones de cuentas abren períodos de debate. Son oportunidades para que el Poder Ejecutivo corrija errores y redefina rumbos, por convicción propia o como resultado de reclamos sociales y políticos. El proyecto que ingresó el miércoles al Parlamento es la primera rendición de cuentas de este gobierno nacional, tras la aprobación del presupuesto quinquenal en 2020. Lamentablemente, no incluye rectificaciones.
En casi todos los países, las primeras previsiones de ingresos y egresos estatales tras la instalación de la pandemia de covid-19 tuvieron características muy inusuales. Con premura y en medio de grandes incertidumbres, aumentaron mucho los desembolsos para tratar de paliar situaciones sociales críticas. Más adelante hubo que evaluar si los recursos asignados habían sido suficientes, mejorar la eficiencia de su empleo y plantear, con base en la experiencia, nuevas y mejores formas de reducir daños y poner rumbo a la reactivación.
Así sucedió, con aval y estímulo de los organismos internacionales, en casi todos los países ricos y pobres, con gobiernos de las más diversas ideologías. Pero no fue lo que pasó en Uruguay.
Aquí el presidente Luis Lacalle Pou consideró que la emergencia sanitaria no justificaba un cambio –ni siquiera transitorio– de las orientaciones que estaba decidido a aplicar en el manejo del presupuesto. A saber, una importante reducción de los egresos sin aumentar impuestos, a fin de disminuir “el costo del Estado”, con la convicción declarada de que así el sector privado florecería en beneficio de toda la sociedad.
El oficialismo se muestra muy satisfecho y orgulloso de que el Estado haya gastado menos en medio de una grave crisis, y tiene la intención de achicar aún más en el próximo ejercicio.
Los desembolsos vinculados con la pandemia fueron escasos. Según lo informado en el proyecto de Rendición de Cuentas, en el último ejercicio anual se trató apenas de 1,1% del producto interno bruto. En lo demás, el oficialismo se muestra muy satisfecho y orgulloso de que el Estado haya gastado menos en medio de una grave crisis, y tiene la intención de achicar aún más en el próximo ejercicio.
El año pasado se le asignó a la Universidad de la República una partida extraordinaria. Este año esa partida no se reitera, o sea que la asignación de recursos disminuye. Entre otras cosas, está en juego la posibilidad de desarrollar 41 carreras nuevas, e incluso la de hacer frente a un gran aumento de la cantidad de nuevos estudiantes. A la Administración Nacional de Educación Pública ni siquiera se le destinan fondos para que pueda utilizar sus nuevos edificios.
A las rendiciones de cuentas no se les pueden agregar, como al Presupuesto, mensajes complementarios. Ahora, cualquier mejora para un sector tendrá que darse a costa de perjuicios aún mayores para otro.
No hubo en el Presupuesto, ni hay ahora en la Rendición, iniciativas de importancia para contribuir a la reactivación económica mediante obras públicas. Lacalle Pou dijo el año pasado, poco después de declarar la emergencia sanitaria, que había aprendido a valorar los aportes de John Maynard Keynes y que no renunciaba de antemano a ningún “mecanismo para poner a andar al país”. Se ve que después lo pensó mejor. O peor.