El compañero intendente de Salto, Andrés Lima, escribió una nota titulada “Señales de autoritarismo en Venezuela” en la diaria del 27 de enero. Comienza mencionando a Salvador Allende, sin analizar que la Unidad Popular de Chile, junto con la aplicación de un programa de objetivo anticapitalista, tuvo una notable limitación política en que no previó ni se organizó para la guerra civil inminente que propiciaba ya no la burguesía de Chile, sino directamente el imperialismo de Estados Unidos. Andrés Lima es el mismo compañero que hace unos meses organizó un acto de apoyo a los médicos cubanos que trabajan en el Hospital de Ojos José Martí. Nosotros estamos de acuerdo con este homenaje, también con la reivindicación a Salvador Allende. Pero el pueblo de Chile, por ejemplo, ha asumido el golpe de Augusto Pinochet a un altísimo costo, y creemos que no va a admitir –aunque el riesgo existe– que la historia vuelva a repetirse 50 años después, contra el próximo gobierno popular de Gabriel Boric.
Para fundamentar su afirmación del título, Lima se basa en informes, por ejemplo, de Human Rights Watch o Unicef. También de la revista editada en Inglaterra The Economist y de otra institución denominada Transparencia Internacional. La crítica a la revolución bolivariana debería comenzar por recordar la solidaridad recibida por Uruguay desde Venezuela, nación que hizo una donación en 2005 de 20 millones de dólares para la remodelación del Hospital de Clínicas. Uruguay y Venezuela sellaron además, en 2012, un acuerdo de cooperación agrícola y otro de cooperación en ciencia, tecnología y minería que permitió aumentar ventas de lácteos con envíos a Venezuela, país que se convirtió, además, en 2013 en el tercer destino de las exportaciones uruguayas. Los acuerdos en materia de petróleo comenzaron en 2005, con la beneficiosa financiación que ofreció el gobierno de Hugo Chávez. Más importante: cuando recién se había instalado el primer gobierno del Frente Amplio colapsó –venía aguantando– Cofac, una banca cooperativa, y se hizo cargo de ella el Banco de Desarrollo Económico y Social de Venezuela con 100% del capital. Andrés Lima, en cambio, responde a la solidaridad de Venezuela con Uruguay con los trabajadores bancarios y con el primer gobierno del Frente Amplio apoyándose en organizaciones privadas internacionales.
Veamos en quién se apoya el intendente de Salto para criticar tan duramente a la República Bolivariana de Venezuela. The Economist es una publicación semanal inglesa que trata la actualidad de las relaciones internacionales y de la economía, fundada en 1843. La publicación pertenece a The Economist Group, una sociedad editorial controlada en 50% por las familias Rothschild y Agnelli; otro 50% de las acciones son propiedad de inversionistas privados. Agnelli y Rothschild son dos de las familias más poderosas de Europa. Los Agnelli, por ejemplo, controlan la firma Fiat Chrysler Automobiles y el diario Corriere della Sera y tienen participación mayoritaria en el club italiano de fútbol Juventus.
El documento publicado por _la diaria_ no se basa en comprobaciones realizadas por el propio compañero Lima ni por gente de su entorno o por el Frente Amplio, sino en lo actuado por instituciones privadas del mundo capitalista.
The Economist sigue una línea editorial liberal que apoya la libertad económica, el libre comercio, la globalización. Su público objetivo es de clase alta y está familiarizado con el lenguaje económico. Karl Marx era lector de la cabecera, a la que definía como “el órgano de la aristocracia financiera”.
Transparencia Internacional, otra institución referente para el intendente de Salto, es una organización no gubernamental, es decir, una ONG, de organizaciones privadas que consiguen financiación también privadas. Su sede se encuentra en Berlín, Alemania, y opera en más de 100 países con oficinas y organizaciones filiales. Su principal fuente de financiación son agencias gubernamentales de diversas naciones, especialmente de Alemania, y agencias multilaterales, como la Comisión Europea. La Comisión Europea es la que da forma a la estrategia de la Unión Europea: propone su legislación y supervisa su aplicación, y además gestiona el presupuesto general de la Unión Europea. Su Índice de Percepción de la Corrupción, justamente, se apoya en The Economist y en otras corporaciones de volumen.
Transparencia Internacional ignoró los casos de corrupción y el colapso de Lehman Brothers (2008) y la manipulación del tipo de referencia del mercado monetario (Libor) por los principales bancos británicos revelada en 2011, que no afectó las calificaciones ni de Estados Unidos ni de Gran Bretaña.
Es un derecho y sobre todo una responsabilidad analizar y no dejar de proponer políticas hacia Venezuela. Sólo que creemos que el documento publicado por la diaria no se basa en comprobaciones realizadas por el propio compañero Lima ni por gente de su entorno o por el Frente Amplio, sino en lo actuado por instituciones privadas del mundo capitalista.
Es un debate que el Frente Amplio debe propiciar, que nosotros, con modestia y profunda convicción, asumimos. Lima representa en el gobierno de Salto a todo el Frente Amplio y ejerce su derecho a opinión, por lo que sus fundamentos están sujetos al debate, porque si callamos, otorgamos.
Raúl Campanella participa en representación del Partido Obrero Revolucionario en la Mesa Política Nacional del Frente Amplio, en calidad de invitado.