Le hizo y le hace mucho daño al país que Alejandro Astesiano, aprovechando la posición en que lo puso el presidente Luis Lacalle Pou, cometiera numerosos delitos durante más de dos años y medio, junto con funcionarios de varios organismos públicos. Lo malo no es, por supuesto, que se sepa, sino que haya ocurrido.
Peor aún es que la ciudadanía tenga elementos para pensar que personas con mucho poder en el aparato estatal tratan de defender sus intereses personales y partidarios, en vez de poner empeño para que este desgraciado asunto termine sin que falten verdad, justicia y medidas profundas con miras a un “nunca más”.
Desde los primeros intentos de explicación oficialistas, se han manejado versiones parciales o falaces de los hechos, con la obvia intención de que la población menospreciara su gravedad y exculpara por completo a Presidencia y al presidente. Cuando se derrumbó la credibilidad de estas versiones, surgieron otras con el mismo propósito, y así sucesivamente, hasta hoy.
Nadie espera inmolaciones, pero alguien en la Torre Ejecutiva debería caer en la cuenta de que los impactos político-electorales de corto plazo son despreciables en comparación con la pérdida de credibilidad de las instituciones, que socava el futuro.
A la fiscal Gabriela Fossati le cayó encima un caso sin precedentes, y está en una encrucijada de presiones muy difícil de manejar, pero esto no es disculpa para su uso desprolijo de las redes sociales, sus declaraciones contradictorias sobre aspectos delicados de la investigación y su tendencia, muy poco pertinente, a la defensa del presidente Luis Lacalle Pou.
El desaguisado más reciente de la fiscal se produjo cuando, tras escuchar el testimonio de Lorena Ponce de León, consideró necesario proclamar que no fue víctima de violencia de género, como si lo que hay que investigar fuera eso, y no la forma irregular y subrepticia en que Astesiano averiguó el destino de una salida suya del país. Fossati dio por buena la explicación de que esto se debió motivos de seguridad, pese a que Astesiano no tomó ninguna medida para protegerla después de saber a dónde viajaba.
Además, en relación con casi todos los hechos de apariencia delictiva que se investigan, las citaciones de la fiscal han sido posteriores a la difusión de chats en medios de comunicación. Esto deja mal parada a Fossati, que cuenta desde el comienzo y hasta hoy con más información que cualquier periodista, e incluso puede dar lugar a suspicacias.
Sin embargo, como en el mito de la caja de Pandora, el caso Astesiano causa grandes daños pero de él surgen también motivos de esperanza. Pese al tremendismo de las quejas oficialistas, tanto los periodistas que han revelado datos relacionados con la investigación como la oposición (política y social) se han comportado en forma muy prudente.
Basta con imaginar qué habría pasado en otros países de la región ante una situación similar para ver que hubo claramente lealtad y cuidado de las instituciones. No es poco y hace falta, en un país donde muchos se esfuerzan por dinamitar todos los puentes y medrar con un clima de guerra y odio.