Cuanto más sabemos sobre el otorgamiento de un pasaporte uruguayo al narcotraficante Sebastián Marset, peor aspecto tiene. En esta página y la siguiente, Darío Burstin, Laura Fernández y Diego Olivera repasan los datos y las enormes dudas que generan, pero el oficialismo, como de costumbre, se resiste a reconocer que haya existido por lo menos incompetencia o imprudencia por parte de las autoridades.
Cuando el gobierno nacional quiere reducir daños apela por lo general, en distintas proporciones, a cinco artimañas. Niega los hechos, minimiza los problemas, se los endilga a gobiernos frenteamplistas, trata de contrapesarlos con la mención de errores reales o ficticios de esos gobiernos, e intenta explicaciones basadas en medias verdades y manejos engañosos de las palabras.
Nada de esto funciona en el caso cada vez más escandaloso de Marset. Luis Alberto Heber admite que en el Ministerio del Interior sabían que “era una persona que estaba vinculada al narcotráfico” cuando se tramitó su pasaporte, y consta que el subsecretario de ese ministerio, Guillermo Maciel, se lo advirtió a su par de Relaciones Exteriores, Carolina Ache, en términos menos vagos. No le dijo que Marset “estaba vinculado” al narcotráfico, sino que era “un narco muy peligroso y pesado”.
Pese a esta advertencia, y a las recomendaciones de cautela provenientes del propio servicio diplomático en Emiratos Árabes Unidos, la cancillería siguió adelante con el trámite del pasaporte, lo entregó con un procedimiento excepcional y envió una carta a la Justicia emiratí en la que aportó información funcional a la liberación de Marset, omitiendo otra que la desaconsejaba.
Es impresentable la excusa de que se realizó un simple trámite rutinario, sin conocimiento de que beneficiaba a un criminal temible. Nada en este caso puede ampararse en una presunta inconsciencia burocrática, y tampoco es de recibo la interpretación extravagante que realiza el oficialismo acerca del decreto de 2014 sobre el procedimiento para obtener pasaportes, alegando que, aun a sabiendas de quién era Marset, esa norma determinaba fatalmente que se le diera el documento, imponiéndose a un cúmulo de evidencias y a la sensatez más elemental.
Esta tesis es acompañada por chicanas poco serias: los chats entre Maciel y Ache no tuvieron que ver con la tramitación del pasaporte, dijo el presidente Luis Lacalle Pou: no, claro, porque Ache no le dijo a Maciel que esa tramitación estaba en curso, pero esto agrava las dudas en vez de despejarlas.
Los ministerios de Relaciones Exteriores y del Interior insisten en que actuaron correctamente, pero por si acaso se atribuyen mutuamente la responsabilidad principal, como ya lo habían hecho cuando se comenzó a discutir el asunto en marzo de este año. Sin embargo, es tan claro como terrible que hubo una tenencia compartida de la culpa, aunque ahora se la quiera presentar como huérfana.
Nadie renuncia ni es destituido; nadie acepta que se equivocó. Más vale pensar que es por pura soberbia: mucho más grave sería que no se estuvieran encubriendo errores, sino complicidades.