Pulgar oponible, bifurcaciones y derecho a la vivienda

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El pulgar oponible. Millones de años de evolución como especie. Las bifurcaciones de la humanidad en ese simple gesto de manipular objetos, y de ahí construir ideas. Ese mismo pulgar oponible que nos permite el escroleo en el celular, la nueva evolución y sus nuevas bifurcaciones. Bastan tan sólo unos minutos moviendo nuestro pulgar oponible en Instagram, con breves pausas en algún proyecto inmobiliario, para que, algoritmo mediante, recibamos un tsunami de propuestas publicitarias y narrativas que transforman las viviendas en un producto, como todos, para todos los públicos: de lujo, poco formal, joven, contemporáneo, actual, etcétera.

Azoteas que se llaman rooftop o solárium, patios donde sacar al perro que se cuentan como petgardens, salones de usos múltiples (SUM) ahora colivings, lavaderos como laundries, espacio para bicis, bike parkings, y coworks, fitness rooms, etcétera. Las imágenes, renders y claims conforman una narrativa estilizada y la construcción de un sentido exclusivamente emocional, que deja fuera de cuadro la dimensión colectiva, barrial y, sobre todo, política que tiene la temática de la vivienda y el hábitat.

En fin, podríamos continuar con muchos más ejemplos de lo que podría ser una construcción ficcional del habitar, y encontrarnos con su mayor pornoejemplo en la invitación sostenida a invertir en ladrillos y obtener jugosos retornos, que hacen Conexión con recientes estafas piramidales. Sin embargo, el pulgar, aquel que nos diferencia del resto de los seres vivos, no deja de escrolear y, ojos mediante, se activan los neurotransmisores generando “placer”. Todos dopaminados y entre Uptown, Go, Soho, Towers, Nórdicos, Harbours y más desarrollos inmobiliarios, el algoritmo, seguramente con algo de culpa, nos invita a ver “Infancia y vivienda. Prioridades para una agenda nacional”.¹

El informe, realizado por la Cámara de la Construcción del Uruguay y Unicef y publicado recientemente, coloca la vivienda en el centro del desarrollo de los niños, niñas y adolescentes. Sostiene que esta tiene impactos sensibles en la salud física, emocional y en las trayectorias educativas, es decir, en el ejercicio de otros derechos. El trabajo da cuenta de que en Uruguay 400.000 niños, niñas y adolescentes viven en hogares que tienen al menos una privación de vivienda, esto es, que no tienen las condiciones suficientes para su desarrollo personal, lo que afecta posiblemente el pleno ejercicio de otros derechos. Como título, el informe plantea: “La vivienda es fundamental en el combate a la pobreza infantil”, pero también nos comparte que tan sólo dos de los 13 programas de vivienda promovidos por el Estado toman en consideración a las infancias.

Sumando otras dimensiones de este gran problema, la ubicación de los hogares de la mayoría de nuestras infancias se da en las periferias de las ciudades, zonas con importantes carencias urbanas, segregación y acceso limitado a servicios, transporte y espacios públicos. En esta dimensión, se da cuenta del impacto en los cuidados, al ser zonas que carecen de infraestructura segura para los traslados, por ejemplo, para ir a la escuela a pie sin contar con veredas, lo que hace necesario el acompañamiento de un adulto.

Otro informe,² publicado por la Dirección Nacional de Integración Social y Urbana (Dinisu) en febrero de este año, da cuenta de que la cantidad de asentamientos no ha variado. Mientras que en 2006 había 661 asentamientos, se cerró 2024 con 667. Por las acciones de políticas públicas vinculadas a regularizaciones y relocalizaciones se dieron de baja en estos 20 años 204 asentamientos; sin embargo, se crearon 206 más. Tras dos años de la realización del censo 2023, no se ha logrado imputar datos de cantidad y características de la población que vive en los asentamientos, lo que impide la elaboración de políticas direccionadas a áreas críticas de las ciudades.

La vivienda, más allá de un producto de consumo, es un derecho, y el acceso a una vivienda adecuada nos permite satisfacer un conjunto de necesidades básicas, al tiempo que propicia el desarrollo pleno de las capacidades de nuestras futuras generaciones.

Una vivienda y un entorno adecuado significan contar con un espacio apropiado para vivir, con privacidad, seguridad física, calefacción y ventilación, iluminación, acceso al agua potable y el saneamiento, energía eléctrica, calidad ambiental, accesibilidad al trabajo, a la salud, a la educación, a la recreación y a la tranquilidad, a un costo asequible.

Para niños, niñas y adolescentes una vivienda adecuada es vital para su crecimiento físico, mental y emocional, y garantiza que tengan un entorno seguro y estable para vivir, aprender y jugar. De esta manera, la vivienda no es importante solamente por el confort material que brinda, sino porque además impacta en múltiples dimensiones del bienestar y en el ejercicio de otros derechos.

El desarrollo de una narrativa centrada en la vivienda como objeto de consumo, en la que se enfatiza su cualidad transable (invierta para alquilar, aproveche las exoneraciones fiscales, etcétera) y que en gran medida es promovida por una ley,³ no parece ser el rumbo a tomar para garantizar el futuro de nuestra sociedad. El aumento de la desigualdad ya está entre nosotros, aquella tradicional cualidad de la que nos jactábamos de sociedad integrada ya no es así, y el espejo del incremento de la pobreza infantil parece desarmar cualquier argumento positivista con base en el desarrollo.

Como bien indica el informe de Unicef, las necesidades habitacionales, y particularmente en este sector de población, superan ampliamente la histórica (y magra) inversión en políticas públicas de vivienda (0,5% del PIB). Para poder generar transformaciones reales es necesario implementar medidas de impacto reales, así como concebir a la vivienda como pieza clave del puzle de acciones para garantizar derechos básicos de quienes harán el Uruguay del futuro.

Según Pedro Abramo, reconocido investigador de nuestras ciudades latinoamericanas, en un contexto capitalista que no muestra signos de desaparecer en el corto plazo, resulta imprescindible impulsar un nuevo pacto urbano que implique una intervención estatal decidida. Este nuevo acuerdo debe garantizar una economía inmobiliaria capaz de articular la diversidad de actores involucrados en la construcción de la ciudad: capitales privados, productores mercantiles simples, pequeñas economías familiares y formas cooperativas vinculadas a la producción social del hábitat. Se trata de avanzar hacia un nuevo contrato social que promueva la convivencia entre estos actores desde una perspectiva orientada a la reducción de las desigualdades y la justicia social.⁴

La bifurcación de nuestra realidad futura exige fuertes apuestas de la sociedad toda a través del Estado, que generen un nuevo y mejor escenario en relación con la vivienda, las ciudades y las infancias. Es clave focalizar y comprender los alcances del derecho a la vivienda y a la ciudad, y esto quizás dependa nuevamente de la acción de algunos pulgares oponibles.

Gonzalo Cortizo y Álvaro Moreno integran el colectivo Miles de Ciudades.