En Uruguay, más de un millón de personas adultas no completó la educación media, nivel educativo obligatorio. Este escenario responde a un entramado en que se cruzan el acumulado del rezago escolar, la ampliación de la obligatoriedad establecida en 2008 y una estructura social que relega en sus prioridades a la educación de adultos.
El porcentaje de las personas adultas sin completar la educación media viene disminuyendo, pero esa baja es marginal frente a un problema que, en términos históricos, se consolida como estructural.
Abordar esta problemática trasciende la restitución de un derecho postergado. Supone fortalecer la capacidad de las personas para constituirse en sujetos transformadores de su realidad, en contextos sociales cada vez más complejos y demandantes de conocimiento para ejercer la ciudadanía y la inserción laboral de calidad.
Se trata, además, de una situación poco visualizada y escasamente jerarquizada, que no termina de instalarse como un asunto que interpele al sistema educativo y a la sociedad en su conjunto. Por eso, dimensionar la verdadera escala del problema, y visualizarlo como el desafío que es, constituye el primer paso ineludible para direccionar políticas públicas y estrategias pedagógicas transformadoras.
Personas adultas sin educación media completa
Para hacer una aproximación a la magnitud que representa esta problemática, se analiza la población comprendida en la franja etaria entre 25 y 65 años. Según datos de la Encuesta Continua de Hogares (ECH), de un universo total de 1.850.000 de personas en ese rango de edad, 1.110.000 (60%) no tiene educación obligatoria completa, frente a las 740.000 personas (40%) que sí lograron culminar la educación media.
Al desglosar la población sin educación obligatoria completa, es posible identificar dónde se concentra el mayor rezago: 60.000 personas no finalizaron la educación primaria, 500.000 no concluyeron la Educación Media Básica y 550.000 no terminaron la Educación Media Superior.
Estas cifras demuestran que el problema se focaliza de manera crítica en la educación media, dado que representa el 95% (1.050.000 personas) de las personas que no tienen educación obligatoria, mientras que solo el 5% (60.000) de los adultos no tiene educación primaria y, en consecuencia, tampoco educación media.
Para poder tomar dimensión de estas cifras, resulta ilustrativo contrastarlas con la matrícula del sistema educativo público actual. Según datos de los monitores educativos de la Administración Nacional de Educación Pública, la matrícula total en 2025 de educación primaria alcanzó los 230.000 estudiantes y la matrícula de educación media (secundaria y UTU) fue de 250.000 jóvenes. A esto se suman 45.000 estudiantes inscritos en planes específicos para adultos y extraedad dentro de la Dirección General de Educación Secundaria (DGES) -8.000 en educación media básica y 37.000 en educación media superior-.
La matrícula actual de planes para adultos de bachillerato de la DGES representa menos del 7% de la población adulta que debe ese tramo educativo, y la matrícula en planes de adultos de ciclo básico no alcanza el 2%.>h3>
En educación media, la matrícula de toda la oferta educativa destinada a adolescentes no alcanza el 25% de las personas adultas que tienen ese tramo educativo incompleto.
Por otro lado, la matrícula actual de planes para adultos de bachillerato de la DGES representa menos del 7% de la población adulta que debe ese tramo educativo, y la matrícula en planes de adultos de ciclo básico no alcanza el 2%. Si se considera a quienes aprobaron este ciclo mediante la prueba de acreditación de saberes Acredita Ciclo Básico, dicha cifra no supera el 3%.
Los números revelan un problema estructural y masivo, cuya escala desborda ampliamente la capacidad actual del sistema educativo, pensado para una población adolescente y no para el mundo adulto en su diversidad, problemáticas, condicionamientos, intereses y potencialidades propias. La cuestión, por tanto, no es solamente cómo ampliar las respuestas existentes, sino cómo pensar una política de educación de adultos acorde con la magnitud del problema, tanto en escala como en características de la población.
En este escenario se plantean algunas preguntas: ¿qué políticas de Estado pueden transformar la respuesta actual, apenas paliativa, en una política pública transformadora y de cobertura masiva? ¿Cómo reconfigurar un sistema organizado para adolescentes de modo que integre las realidades, los tiempos y las necesidades de más de un millón de adultos? ¿Qué alianzas, herramientas y formatos pedagógicos hace falta diseñar para atender esta realidad?
Andrés Alaniz es docente.
