En el mercado de crédito al consumo, intrínsecamente opaco, el consumidor carece de información completa y sus criterios de decisión están influidos por el contexto social y el marketing, estimulantes de la pulsión compradora, incluso cuando se enfrenta a seleccionar los medios con los que satisface sus necesidades elementales. En Uruguay esas condiciones han dado lugar a enormes tasas de interés y a una alta proporción de personas en default que afecta particularmente a los segmentos de la población de menores ingresos.
El Estado no ha logrado definir un techo relevante a las tasas de interés, transparentar el mercado ni contrarrestar la publicidad y otros estímulos al consumo financiado con crédito.
Varios estudios han destacado el alto incumplimiento de las obligaciones por el crédito de corto plazo contraídas por las familias con el fin de financiar la compra de bienes o servicios de consumo o refinanciar deudas contraídas para tales fines. En 2023 había dos millones de personas con deuda, de ellas 657.581 tenían al menos una calificación de irrecuperables (categorías 4 y 5).1
Las investigaciones académicas han contribuido al conocimiento del problema y han servido de apoyo a propuestas que aún no se han concretado. Sin embargo, los estudios no han profundizado en la explicación del desempeño del mercado de crédito al consumo a partir de la estrategia y forma de competencia de la oferta, del comportamiento de los tomadores de crédito y de la interacción entre ambos.
La estrategia competitiva de las empresas incluye un fuerte componente de diferenciación de productos y publicidad cada vez más fundada en evidencia científica y exitosa en la manipulación de los compradores. Esa estrategia se complementa con las observadas en los mercados de productos para consumidores.
Dadas esas características del mercado, puede esperarse, y es lo que ocurre, que las tasas de interés sean altas y los márgenes entre los intereses activos y pasivos sean fenomenales, particularmente en el segmento de créditos sin descuento de salarios u otros ingresos y por montos pequeños, en los que el riesgo y el costo de administración son más altos.
Las personas toman decisiones con información limitada y compleja, una característica intrínseca al mercado financiero por la extremada diferenciación de productos y una limitada capacidad de interpretarla y programar sus finanzas de muchos consumidores.
Las tarjetas de crédito, por ejemplo, tienen la información necesaria sobre las tasas de interés, pero los usuarios no las conocen o creen que es inferior a la observada. Una investigación sobre el tema concluyó que casi seis de cada diez personas que utilizan tarjeta de crédito (57%) declaran que no conocen la tasa de interés que les cobra la tarjeta. 13% cree que se le cobra una tasa menor al 40% y 16% entiende que la tasa está entre 40% y 70%.2
Las personas toman decisiones con información limitada y compleja, una característica intrínseca al mercado financiero por la extremada diferenciación de productos y una limitada capacidad de interpretarla.
En ese contexto de opacidad, las decisiones de compra a crédito para consumo corriente están impulsadas por consideraciones sociales que varían con el tiempo (adoptar pautas de consumo de su entorno y sentirse parte de él) y la influencia del marketing de comerciantes y prestamistas, factores que inciden incluso en las decisiones sobre cómo satisfacer las necesidades básicas.
El alto costo asociado a la morosidad es trasladado a las tasas de interés y, en última instancia, al buen pagador. Cuando se trata de créditos por pequeño monto, a ese riesgo se agrega el alto costo de administración, una combinación de factores que incide particularmente en las personas de menores ingresos.
El Estado no ha estado omiso; ha intervenido en el mercado de crédito, aunque sin resultados. El Banco Central del Uruguay (BCU) fija tasas de interés máximas, pero la fórmula de cálculo de las tasas impide que influyan en el mercado. La supervisión del BCU comprende a una parte de las entidades de crédito y su fiscalización es limitada (por ejemplo, en materia de publicidad). También se viene avanzando en la información de que disponen los consumidores y en la capacitación financiera. Sin embargo, esos avances lindan con lo ridículo en comparación con el marketing de las empresas.
Los estudios consultados mencionan algunos de esos factores, pero no profundizan en su análisis. Las propuestas relacionadas con el crédito al consumidor, por ejemplo, no toman en cuenta la necesidad de un marketing de base científica como condición necesaria para intentar influir efectivamente en las decisiones de consumo.
En suma, la explicación del alto default radica principalmente en el funcionamiento del mercado de créditos para el consumo y en las decisiones de las personas basadas en la pulsión compradora estimulada por los comercios, la oferta de crédito y la imitación al entorno. Si esa conclusión fuera pertinente, los cambios normativos, los avances en la información y capacitación de los consumidores tendrían un impacto positivo pero limitado.
Martín Buxedas es ingeniero agrónomo, fue profesor de Economía Agraria en la Facultad de Agronomía (Universidad de la República) y director de la Oficina de Programación y Política Agropecuaria del Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca entre 2005 y 2010.
