Todos los uruguayos esperábamos con expectativa la reaparición en público de Luis Lacalle Pou y su postura ante la realidad nacional.
En su discurso no hubo pronunciamientos concretos de futuro ni acerca de su porvenir político; sí, de pronto, algunos mensajes subliminales que no llegan a todos. No fue una exposición electoralista, y pretendió ser, con éxito, un discurso de conceptos, lo que resulta plausible, pues no hemos llegado a la mitad de mandato del actual gobierno.
Podemos asimismo rescatar dos puntos muy positivos. El primero refiere al abandono del agravio y del insulto en la discusión política, lo que parece loable y parece constituir además una crítica a muchos dirigentes de la oposición que frecuentan epítetos y un matonismo político sin antecedentes en nuestra historia política. En el mismo sentido aludió a agravios de mandatarios hacia colegas (Milei dixit), lo que es conteste a la tradición uruguaya de tolerancia y respeto político como guía para crear leyes, organizar la economía y definir los derechos de las personas.
Lo segundo: reivindicó la ideología; el escudo del Partido Nacional reza la frase “somos idea”, o sea, ese conjunto de valores, principios y normas que deben regir la actuación en la sociedad y en la política. Esta definición desautoriza las continuas referencias de la coalición a decisiones “ideologizadas” del gobierno o del Frente Amplio.
Los extremos comentados son de indudable valor, pero luego vienen aseveraciones que no podemos compartir. Es ambiguo, a mi criterio, cuando se refiere a la “unión” que luce en el escudo del Partido Nacional, ya que pueden caber dos interpretaciones. La unión de todos los orientales para enfrentar la pobreza, el crimen organizado y toda inequidad social sería la más deseable, pero algunos quieren o pueden leerlo como unión de opositores al Frente Amplio, única manera de derrotarlo en los comicios.
Por otro lado, quienes estudiamos derecho constitucional y ciencia política sabemos muy bien que poder y gobierno no son lo mismo: son conceptos distintos y realidades simultáneas, pero no son lo mismo. El voto popular otorga el ejercicio del gobierno, esto es, define al jefe de Estado y de gobierno en nuestro caso, y al Parlamento, que según las normas constitucionales gobiernan el país, con las funciones y competencias que les otorga la Carta Magna.
Ahora bien, la noción de poder corre por otros carriles y no se resuelve en las urnas. Se entiende como la fuerza necesaria para imponer un patrón de conducta determinado a una sociedad, y como una fuerza que suele ser detentada por un grupo específico, que administra el Estado o tiene un rol protagónico en la vida política colectiva.
En las ciencias sociales y la filosofía, el poder es la capacidad de una persona o grupo para influir en la conducta de otros, lograr objetivos o imponer su voluntad en una relación social, aun frente a la resistencia de los otros.
Por eso es que hay poder económico, poder de los medios de difusión, poder militar y otras variedades.
Los partidos políticos en Uruguay luchan electoralmente para alcanzar el gobierno, que es ejercido tanto por el Poder Ejecutivo como por el Parlamento y por los gobiernos departamentales.
Alguien dijo: todo dato mata relato. Y es lo que el discurso de Lacalle Pou dejó, en definitiva.
De esta confusión de conceptos deriva luego la referencia a “la autoridad” para ejercer el poder (mejor dicho, el gobierno). La autoridad moral y cívica para eso debe contar con antecedentes muy sólidos y serios, que consoliden una absoluta confianza en la ciudadanía.
Allí mencionó a su “gobierno humanista” y a la actividad honorable de la política, y aquí se desvaneció el discurso. Pues esta frase hace necesario recordar y esperar explicaciones que nunca se dieron sobre actos y hechos que provocaron gran frustración durante el gobierno de Luis Lacalle Pou y que hasta el día de hoy no tuvieron contestación política.
No puede olvidarse, por ejemplo, el monopolio privado que se concedió hasta 2081 por decreto a una empresa belga en el puerto (anulado luego por la Justicia), ni el pasaporte otorgado al jefe del narcotráfico en el sur violando la normativa vigente, ni que el principal legislador del Partido Nacional era un abusador sexual, ni la oficina del jefe de seguridad presidencial, donde se traficaban influencias, ni que el presidente del Honorable Directorio llamara a los fiscales a sus celulares personales, tampoco las horas extras en Artigas, las garantías falsas para la construcción de las patrulleras oceánicas y muchas cosas más.
Alguien dijo: todo dato mata relato. Y es lo que el discurso dejó, en definitiva.
Julio Vidal Amodeo es doctor en Derecho y Ciencias Sociales.
