El miércoles, una publicación en The New York Times dio cuenta de que las cancillerías de Estados Unidos y Uruguay dialogan, desde hace meses, sobre la posibilidad de que nuestro país reciba a migrantes deportados por el gobierno que preside Donald Trump. Tras la divulgación de la noticia y los cuestionamientos que esta causó dentro y fuera del Frente Amplio (FA), el Poder Ejecutivo uruguayo admitió la existencia y el motivo de las conversaciones, mantuvo en reserva sus detalles y acotó que no han conducido a un acuerdo como los que Estados Unidos ya logró que aceptaran, con distintas modalidades, por lo menos otros 35 países.
Señalemos aquí algo que el servicio exterior opta por no decir acerca de una potencia cuya capacidad de incidir en nuestros asuntos es enorme. Resulta muy difícil mantener relaciones con un país cuyas actuales autoridades no solo violan las principales normas internacionales (incluyendo las que regulan el comercio, el derecho humanitario y el uso de la fuerza), sino que además intentan imponerle al resto del mundo, mediante amenazas y sanciones cargadas de arrogancia imperial, nuevas reglas de juego que normalicen su conducta.
El gobierno de Trump procede del mismo modo en su política interna, y hasta ahora se ha sobrepuesto a la legalidad de su país en varias áreas relevantes sin que los controles y contrapesos republicanos lo detuvieran. Un ejemplo claro es el de su política hacia personas que habían migrado a territorio estadounidense, con hostigamientos, detenciones y deportaciones arbitrarias, e incluso con asesinatos cometidos por agentes del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas.
Cientos de miles de seres humanos han sido capturados, recluidos y deportados con flagrante violación de sus derechos, en muchísimos casos sin evidencia de que hubieran transgredido alguna norma estadounidense. La intención declarada de Trump es que la cifra ascienda a un millón por año.
Ese sería el contexto de una eventual recepción en Uruguay de personas deportadas. No sabemos cuántas de ellas preferirían estar en nuestro país a permanecer privadas de libertad indignamente o ser enviadas a otros destinos. Sí sabemos que no se trataría de una decisión libre, sino que quienes las tienen en su poder seguirían disponiendo de ellas como si fueran cosas de su propiedad.
No sabemos si la cancillería estadounidense presiona u ofrece alguna retribución para que Uruguay “le saque un problema de encima” y, presumiblemente, se haga responsable de que la población que recibiríamos permanezca dentro de nuestras fronteras. Tampoco disponemos de estudios de opinión pública, pero parece razonable suponer que el rechazo a la recepción de gente deportada no existe solo entre personas que votaron al FA, ya que la hostilidad hacia la población inmigrante y los prejuicios sobre su potencial delictivo se manifiestan con fuerza en otros sectores.
Sí sabemos que está en juego una cuestión de principios y solo podemos desear que el gobierno de nuestro país esté a la altura de las tradiciones nacionales.
